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(GFR Media)
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La fiscalía federal llegó a un acuerdo con la defensa de Rocket Learning que permitiría desestimar los cargos por fraude y conspiración que enfrenta, desde 2015, la empresa que ofrecía tutorías a estudiantes del Departamento de Educación.

El acuerdo con Rocket Learning no incluye a los cerca de 50 coacusados en el caso, que en su mayoría son maestros de escuelas públicas, detalló el abogado de la compañía, Juan Ramón Acevedo.

Contra la empresa, se mantienen cargos por fraude postal, conspiración para cometer fraude postal y robo de fondos o propiedad gubernamental luego de, según la fiscalía federal, orquestar un esquema de sobrefacturación al Departamento de Educación por servicios ofrecidos, así como la falsificación de firmas o información de estudiantes para usar como evidencia por tutorías no ofrecidas.

De acuerdo a las autoridades, el esquema permitió a la empresa agenciarse cerca de $1 millón.

Los altos ejecutivos de Rocket Learning no han enfrentado cargos por el presunto esquema, sino la corporación, destacó Acevedo.

La moción entregada al juez Jay García Gregory -firmada por el fiscal federal Seth Erbe y Acevedo- no detalla el acuerdo.

“Hay unas cosas que todavía estamos finalizando”, expresó Acevedo a este diario. 

Por su parte, el abogado Osvaldo Carlo Linares, quien representa a uno de los coacusados, señaló que el acuerdo se fundamenta en prueba exculpatoria que logró presentar la defensa, la cual evidencia que no hubo un esquema para sobrefacturar por los servicios de tutorías.

El acuerdo, aunque no incluye a maestros o empleados de Rocket Learning, podría impactar los casos individuales, adelantó Carlo Linares.

“Lo que representa es que, en todo caso, el gobierno tendrá que probar independientemente las actuaciones de estas personas y no como parte de una conspiración. Tendría que ir uno a uno”, señaló Carlo Linares.