Al momento del estudio, había 254 jóvenes recluidos en Instituciones Juveniles.
El juez Gustavo Gelpí mantuvo en curso el trámite de convocar un panel de tres jueces que evaluaría la excarcelación de ingresados si el gobierno no soluciona antes la crisis de salud mental en las instituciones juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación. (Ramón “Tonito” Zayas)

Sin descartar todavía la medida extraordinaria de evaluar la excarcelación de ingresados, el juez federal Gustavo Gelpí ordenó hoy al gobierno que informe qué compañía ofrecerá los servicios de salud mental y otras pasos detallados que agravan la crisis en las instituciones juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Durante una audiencia virtual, Gelpí destacó que después de los 32 incidentes de salud mental reportados - de los que 23 personas 23 fueron hospitalizados - entre julio y septiembre, en octubre se registraron otros 14 incidentes adicionales de crisis mental o psicosis, de los cuales diez necesitaron hospitalización.

“Es un problema sistémico”, señaló Gelpí. “Los juveniles no pueden esperar ni un día más. No están siendo rehabilitados y eso es algo que nos preocupa”.

Ante esta situación, Gelpí mantuvo el trámite de la medida extraordinaria de convocar a un “panel de tres jueces” para considerar la posible excarcelación de reclusos si el gobierno de Puerto Rico no soluciona la situación con los servicios de salud mental en las dos instituciones juveniles del DCR.

El gobierno de Puerto Rico ha insistido en que los servicios se afectaron tras intentar cambiar de proveedor de esos servicios debido a que la compañía que los ofrecía, Professional Consulting Pshycoeducational Services (PCPS), acudió a los tribunales estatales en septiembre.

Según mociones del Procurador General del Gobierno de Puerto Rico, en el Tribunal de Apelaciones estatal prosperó un recurso de PCPS para paralizar la contratación de otro proveedor, Physician Correctional, en lo que se resolvía el litigio.

Después de que estallara públicamente el escándalo sobre los incidentes de salud mental la semana pasada, el gobierno sometió el lunes una moción urgente para que se dejara sin efecto la paralización, lo que fue declarado “no ha lugar”.

Después de otra moción de reconsideración, aludiendo a las expresiones del tribunal federal y la crisis de salud mental, el Apelativo informó ayer que no tenía que aclarar nada, pues la orden de paralización aplicaba solamente en lo relacionado a la impugnación de PCPS sobre Physician Correctional y que nada impedía que se contratara a otro proveedor.

Cabe mencionar que se han reportado incidentes de salud mental desde julio, antes de que surgiera la paralización del contrato.

“La paralización ordenada se limita al recurso de epígrafe (de PCPS vs. el DCR) que versa sobre la notificación de la decisión del proceso de evaluación de propuestas para ofrecer servicios de salud mental en las 'instituciones correccionales del Departamento de Corrección y Rehabilitación para la población correccional adulta y juvenil 2020-21, por lo que no procede la solicitud de reconsideración según presentada”, indica la moción.

“Aclaramos que nuestra jurisdicción no se extiende a la consideración de otras contrataciones, por lo que no existe impedimento alguno para que el Departamento de Corrección y Rehabilitación contrate servicios de salud en lo que notificamos nuestra determinación (sobre la impugnación)”, agregó.

Durante la vista de hoy, la representación legal del gobierno de Puerto Rico le expuso a Gelpí que contaban con un plan para ofrecer los servicios que requiere la población de las instituciones juveniles del DCR, pero que le preocupaba tener que contratar a un tercero.

“Traer a un tercero no ayuda porque toma mucho tiempo”, sostuvo la licenciada Arlene Pérez Borrero, abogada del gobierno de Puerto Rico.

“Traer una tercera parte no ayudará... Se necesitarán adiestramientos para tener las personas listas para la estructura de las instituciones y eso pudiera tomar tiempo. Por eso preferimos estas dos compañías”, añadió Pérez Borrero.

No quedó claro cómo se resolvería la elección de un proveedor a corto plazo. Pérez Borrero sí aseguró que algunos de los casos atendidos en octubre responden a asuntos identificados por las acciones de contingencia que han implementado dentro de las instituciones. También resaltó que han contratado más oficiales, entre otras medidas en camino.

Asimismo, apuntó que buscan añadirle “más estructura” a los servicios de salud mental en las instituciones, parte de la razón por la que querían cambiar de proveedor.

Sin embargo, tanto la monitora federal del caso, Kimberly Tandy, como los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, solicitaron al tribunal que ordene la entrega de detalles concretos y con fechas específicas de cuándo esas medidas se van a implementar.

Tandy señaló que ha empeorado la situación del incumplimiento del gobierno con fechas límites establecidas por el tribunal.

El incumplimiento más reciente ocurrió luego que el gobierno no entregó informes de transición sobre el personal que permanece o que se irá con el cambio de administración después de las elecciones. Se suponía que el gobierno ya hubiese detallado cómo garantizarían la continuación de los servicios una vez el gobernador electo, Pedro Pierluisi, juramente al cargo.

Sobre el repetido incumplimiento del gobierno, el abogado de Justicia federal, Richard Goldman, denunció que la credibilidad del gobierno federal se ha afectado por haber entrado en acuerdos con el gobierno de Puerto Rico al firmar mociones conjuntas sobre medidas a tomar en acuerdo, pero que luego el DCR no cumple.

“Además de que ellos informen los pasos específicos, pedimos al tribunal que los establezca mediante una orden para que haya un récord de las fechas límites sobre las reformas que el gobierno dijo que puede tomar”, dijo Goldman. “Es importante que el tribunal y las partes puedan evaluar el progreso de pasos específicos”.

Por su parte, Tandy exigió que se deje de mover personal pagado con el presupuesto de este programa - establecido por el tribunal - para realizar otras tareas dentro del DCR y que se añada más personal inmediatamente, especialmente alguien “externo” que supervise el cumplimiento.

“En ocasiones han dicho que van a hacer cosas, pero no se cumplen. Compraron 60 computadoras para que se puedan educar, pero están en cajas todavía”, comentó Tandy.

“La capacidad siempre va a ser una pregunta en mi mente”, abundó. “Por eso entiendo que el panel de tres jueces se tiene que considerar”.

La letrada se refirió a la orden de Gelpí de solicitar ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston que nombre a los integrantes de un panel que evaluaría la posibilidad de excarcelar uno o más jóvenes de las instituciones del DCR.

Pérez Borrero insistió en que es “prematuro” y que puede representar un riesgo de peligro para la comunidad.

Pero Gelpí indicó que se evaluará caso a caso, por lo que mantuvo en curso el trámite del panel de tres jueces, a menos que surja un remedio definitivo, por entender que con esta situación dentro de las instituciones actualmente “no se está dando la rehabilitación”.

Por consiguiente, además de la fecha límite del próximo viernes, también ordenó que para el 1 de diciembre el gobierno digitalice y entregue al tribunal los expedientes de todos los ingresados en las dos instituciones juveniles.

“Es por si se necesitara para el panel. Esto no significa que no se ordenará otro remedio, pero si se da la vista del panel, así no se tomará dos meses adicionales en tener esos expedientes”, afirmó.