El juez federal Gustavo Gelpí. (teresa canino rivera)

El juez federal Gustavo Gelpí emitió hoy, miércoles, una orden de transición para que el Departamento de Seguridad Pública (DSP), el Negociado de la Policía y el gobierno velen por la continuación ininterrumpida de la reforma de la Policía durante el cambio de administración que se extenderá hasta enero.

El documento, al que tuvo acceso El Nuevo Día, establece que las disposiciones pretenden evitar el incumplimiento de las órdenes del Tribunal Federal, facilitar el monitoreo del cumplimiento y complementar los esfuerzos durante una transición ordenada del gobierno en apoyo del acuerdo.

Gelpí detalló 11 disposiciones o requisitos que entrarán en vigor de inmediato y que deberán ser aplicados por la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y el gobernador electo, Pedro Pierluisi, aunque este último no ha sido certificado formalmente por la Comisión Estatal de Elecciones.

Algunos de los requisitos mencionados en la orden incluyen la continuación del cumplimiento de las labores del gobierno de conformidad con el acuerdo de la reforma de la Policía, según su metodología, producción de documentos, datos y autorización de personal.

Además, el gobierno deberá notificar al Tribunal Federal, no más tarde del 15 de diciembre, si tiene algún personal o contratista dentro del DSP y la Policía que sea clasificado como “esencial” para el cumplimiento de la reforma, pese al cambio de mando gubernamental. De igual manera, el gobierno deberá informar para esa misma fecha si extendió la contratación de personal esencial dentro de la reforma hasta el final del año fiscal corriente que se extiende al 30 de junio de 2021.

Otras disposiciones que deberán cumplirse en o antes del 15 de diciembre incluyen: la presentación de información de seguimiento al monitor de la Policía y el Tribunal Federal, así como la conservación de personal del DSP y la Policía que sean necesarios para los avances y continuación de la reforma de la Policía.

Gelpí estableció que después de la juramentación de la nueva administración considerará cualquier solicitud de modificación o eliminación de disposiciones pertinentes de la orden transicional que emitió hoy.

Para el 1 de febrero de 2021, el nuevo gobierno juramentado deberá notificar al monitor de la Policía, al Tribunal Federal y a los Estados Unidos cuál será el personal designado, según la orden.

La reforma de la Policía es el documento por el que se debe regir la Uniformada en Puerto Rico para salvaguardar la seguridad de la población mientras vela, a su vez, por la protección de los derechos civiles de cada ciudadano.