Soto Aguilú fue admitida a la p´ractica notarial en septiembre de 2006.
Soto Aguilú fue admitida a la p´ractica notarial en septiembre de 2006. (El Nuevo Día)

El Tribunal Supremo de Puerto Rico suspendió por un año del ejercicio de notaría a la abogada Roxanna I. Soto Aguilú, mejor conocida como la “abogada motorizada”.

Según el documento, la licenciada estará suspendida por un año por violaciones al Código de Ética Profesional, la Ley Notarial y la Ley Hipotecaria.

El proceso disciplinario contra Soto Aguilú surge luego de una queja recibida por parte una persona que la imputó de haberla inducido a error en el proceso de la compra de una propiedad en marzo de 2007.

“Le imputó a la licenciada Soto Aguilú haberla inducido a error al autorizar un instrumento público sin corroborar el trámite registral del inmueble objeto de la compraventa. En particular, sin que los integrantes de la Sucesión Torres Santiago hubieran presentado ante el Registro la correspondiente instancia para inscribir su derecho hereditario sobre el inmueble. Formuló que al haber autorizado el instrumento público sin que constara el derecho hereditario de la Sucesión Torres Santiago, la licenciada Soto Aguilú indujo a los otorgantes a realizar un negocio ilícito donde se desembolsó el pago de $70,000.00 por la adquisición de un bien inmueble que no le pertenecía a la parte vendedora. Igualmente, la señora Burgos Correa le imputó a la notaria haber autorizado la escritura sin que se hubiese presentado la Planilla de Caudal Relicto en el Departamento de Hacienda, lo que ocurrió el 15 de diciembre de 2008, un año después de que se llevó a cabo el negocio”.

La querellante indicó que como consecuencia de esto, “no ha podido inscribir su cotitularidad del bien inmueble, adquirido hacía más de catorce (14) años. Adicionalmente, manifestó que ha tenido que incurrir en gastos para segregar e instalar agua y luz, y, sobre todo, gastos legales para gestionar la inscripción registral. Hizo hincapié en que la responsabilidad de la situación es exclusivamente de la licenciada Soto Aguilú”.

Por su parte, Soto Aguilú, quien fue admitida a la práctica de notaría desde septiembre de 2006, sometió una moción de desestimación, pero el 30 de junio el Supremo denegó la moción de desestimación y refirió el asunto a la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) para la investigación e informe correspondiente.

Tras el informe de ODIN, el Supremo sostuvo que “del expediente ante nuestra consideración se desprende que la licenciada Soto Aguilú infringió todos los artículos y cánones mencionados”.

En parte de su determinación, el alto foro destacó que, entre varias cosas, “la notaria omitió seguir lo que ordenamos en Feliciano v. Ross, supra, es decir, prescindió de las advertencias sobre la conveniencia de obtener una certificación sobre deuda contributiva del CRIM. Peor aún, aseveró en la escritura que la propiedad se encontraba libre de cargas y gravámenes lo que no era correcto pues, surge de la investigación de la ODIN que el inmueble mantenía un gravamen o deuda contributiva con el CRIM. De esta manera, la licenciada Soto Aguilú mancilló la fe pública notarial al dar fe de un hecho que no es verdadero”.

Se resaltó, además, que aunque la abogada en años recientes “realizó un acta de subsanación sobre la referida escritura pública, no fue hasta que transcurrió un poco más de una década desde la autorización del instrumento público que la licenciada Soto Aguilú actuó afirmativamente para atender el asunto. Desde el 2007 la señora Burgos Correa le indicó a la licenciada Soto Aguilú que no había podido inscribir su escritura de segregación debido a que no se había podido inscribir la compraventa donde fungió como notaria. La notaria refirió a la señora Burgos Correa a los miembros de la sucesión para que atendieran el asunto. No fue hasta el 2019 que la licenciada Soto Aguilú realizó gestiones afirmativas ante el Departamento de Hacienda para atender este asunto”.

Soto Aguilú no había sido imputada de violación alguna a la Ley Notarial o al Reglamento Notarial en un proceso disciplinario previo. Sin embargo, en el año 2019 se le sancionó por incumplir dos cánones del Código de Ética Profesional.

El Tribunal sostuvo que “de incurrir en otro acto que contravenga las normas antes señaladas, estará sujeta a sanciones disciplinarias mucho más severas. Se le ordena, además, a realizar a sus expensas todos los trámites necesarios para viabilizar la inscripción de la Escritura Núm. 1 de 2007″.

Soto Aguilú saltó a la fama en el Verano del ‘19 tras salir en defensa del entonces gobernador Ricardo Rosselló. Igualmente lo representó en el caso sobre voto ausente.

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