La independencia judicial es un requisito para la democracia y preservarla, ante los constantes ataques a los que está expuesta, es esencial para garantizar la separación de poderes, coincidieron este viernes juristas que depusieron en una conferencia organizada por la Fundación del Tribunal Supremo.

“Sin independencia judicial y sin carta de derechos, no existe régimen de separación de poderes ni un estado de derecho democrático”, expuso el constitucionalista Carlos Ramos González, quien ofreció una charla magistral, que dio paso a un panel con jueces y profesores de Derecho.

Apuntó directamente a las acciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las cuales, entiende, han sido infligidas a propósito para debilitar el sistema republicano de gobierno.

Puntualmente, señaló las expresiones “derogatorias” contra todo juez que emita una decisión contraria a las acciones del mandatario estadounidense, que incluyen sugerencias de que estos togados sean residenciados y amenazas con incumplir sus dictámenes. Igualmente, destacó los ataques para acallar a los abogados y bufetes que asumen posiciones contrarias a sus intereses.

“La independencia judicial no puede ser vista solamente como un principio dirigido a los jueces y juezas, sino también como un principio para la protección de los derechos del pueblo”, destacó Ramos González.

Con este punto, coincidió el juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) Raúl Candelario, quien aseguró que la independencia judicial no es para “proteger” a los jueces y las decisiones que tomen.

“Se trata del derecho que tiene todo ciudadano a que su caso se vea de manera imparcial y objetiva. En un sistema democrático, la independencia judicial es garantía de que, independientemente de la capacidad económica, se atenderá el reclamo a través del juego limpio, sin ventajas indebidas para nadie”, sostuvo.

Precisamente, la expresidenta del TSPR Liana Fiol Matta entiende que la relación del Poder Judicial y la ciudadanía yace en la “estima” y el “valor” que esta última tiene respecto a la independencia judicial.

“Por eso, nos alarman los discursos cuyo único propósito es socavar la confianza del pueblo en la Judicatura. [...] Esto no es un ‘temper tantrum’ (pataleta) del presidente, esto es adrede para debilitar el sistema republicano de gobierno, para debilitar el estado de derecho”, acentuó.

Por su parte, el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, destacó que, “si bien la independencia judicial requiere prudencia de las otras ramas de gobierno, también requiere de prudencia de los jueces”. Esto implica entrar solo en “controversias justiciables” y tomar con seriedad sus deberes éticos.

En ese sentido, Ramos González destacó que los jueces deben tener independencia personal, política e intelectual. Tal estado conlleva no sentir lealtad a la autoridad nominadora y resolver las controversias “auténticamente abiertos a analizar toda la prueba, adjudicar siempre con la curiosidad intelectual, que levanta toda posible solución a una controversia, pero siempre en función de saciar la sed de justicia”.

De vuelta a las acciones y comentarios de Trump, la profesora Yanira Reyes Gil alertó que la posibilidad de que el presidente o cualquier componente del Ejecutivo federal no acate las órdenes de un tribunal tendría implicaciones en que el resto de la ciudadanía considere que tampoco debe cumplir con los dictámenes.

“Pero peor aún, me parece a mí, es que ya los tribunales no sean ese foro de remedios, donde la gente pueda esperar que puedan buscar remedios, ante los desmanes del poder y ante las violaciones de derechos humanos”, subrayó la abogada constitucionalista.

Fiol Matta explicó, en tanto, que la independencia judicial es un “constructo intelectual político”, que busca asegurar el balance de los poderes políticos y la sobrevivencia del sistema republicano de gobierno.

Sin embargo, “su contenido específico depende de lo que el pueblo entienda que es indispensable, para que los tribunales puedan cumplir ese propósito. Más aún, depende de que el pueblo quiera que se conserve ese balance, que no entregue todo el poder a uno de los componentes del gobierno o prescinda totalmente del sistema republicano de gobierno, que no escoja la tiranía”.

La conversación entre los juristas se dio en el contexto de la tercera conferencia Miriam Naveira Merly, de la Fundación del TSPR, en honor a su primera jueza presidenta.

Esta conferencia marca el inicio de la oferta programática de la Fundación para el período 2025-2026 y convoca a toda la comunidad jurídica, académica y profesional a participar en un espacio de diálogo reflexivo sobre uno de los pilares fundamentales de la democracia: la independencia judicial.

“Esta conferencia representa una oportunidad crítica para reafirmar el compromiso colectivo con la separación de poderes, el estado de derecho y el acceso equitativo a la justicia. En tiempos donde la confianza en las instituciones se pone a prueba, abrir espacios de análisis como este es más necesario que nunca”, expresó el licenciado Néstor Méndez, presidente de la Junta de Fiduciarios de la Fundación.