Juan Miguel Castillo Martínez, de 36 años, y Jackeline Lugo Colón, de 23, los dos imputados de asesinar a Edmil De León García.
Juan Miguel Castillo Martínez y Jackeline Lugo Colón, los dos imputados de asesinar a Edmil De León García. (Suministrada)

El arma de fuego que las autoridades le ocuparon a Juan Miguel Castillo Martínez fue la que disparó el proyectil de bala que le causó la muerte a Edmill de León García mientras labraba en el motel Yess de Carolina el 3 de abril del año pasado.

Así lo testificó hoy, miércoles, Carmen Sulivera, examinadora de armas del Instituto de Ciencias Forenses, en el decimotercer día del juicio por jurado ante juez Francisco Borelli Irizarry, en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Castillo Martínez está acusado, junto a Jacklyn Hiramys Lugo Colón, de asesinato en primer grado y dos cargos de violaciones a la Ley de Armas.

“Se hizo la comparación microscópica, se observaron las características que se quedaron grabadas en los dos disparos de prueba y se compararon con el proyectil (ocupado en la escena). Llegando a la conclusión, sin lugar a duda, que esta arma de fuego disparó este proyectil”, declaró Sulivera con la evidencia en sus manos y sustentada en los informes balísticos.

La perito, quien tiene 34 años de experiencia, aseguró que su análisis pericial tiene cien por ciento de certeza. Explicó que existen “características dentro del estrado del proyectil, que son únicas”. Estas peculiaridades son surcos y relieves que se quedan impregnados en los proyectiles o casquillos tras ser detonada una arma de fuego. “A simple vista no se pueden ver esas características. Por eso, se utiliza un microscopio”, añadió.

También, puntualizó que el informe realizado en este caso fue corroborado, como dicta el protocolo en Ciencias Forenses, por sus compañeros.

El arma ocupada y utilizada contra De León García fue una pistola Glock, modelo 23, calibre 40, con el número de serie RBK026.

En el contrainterrogatorio, el abogado de Castillo Martínez, Johnny García Tirado, enfocó sus preguntas sobre si el análisis efectuado por Sulivera podría determinar quién y cuándo se disparó el arma o si el proyectil impactó a alguna persona. La testigo respondió en la negativa.

Además, la examinadora contestó que las autoridades no le sometieron como evidencia para análisis el casquillo del proyectil.

Por otro lado, García Tirado también cuestionó sobre el desconocimiento de la experta en la cadena de custodia de la prueba desde el día de los hechos hasta que la recibió el pasado 14 de mayo. El examen balístico culminó el 11 de agosto.

El abogado de Lugo Colón, Alejandro Sanfeliú Vera, no le realizó preguntas a la testigo. El licenciado aún aguarda un proceso de desacato, luego que el juez ordenara su arresto el pasado 26 de abril por no comparecer al Tribunal de Carolina para la continuación del juicio al encontrarse en otro proceso en el Centro Judicial de Bayamón. Aunque Sanfeliú Vera envió una abogada sustituta y, en principio, Lugo Colón la autorizó para su representación, tras un receso del tribunal y una breve entrevista con la licenciada, la acusada le retiró su confianza.

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Próximos a deliberación

Al inicio de los trabajos de hoy, la defensa sometió una moción para que se disolviera el jurado, en parte, por la cobertura de la prensa durante el juicio. Sin embargo, el juez determino “no ha lugar”.

Al excusar al jurado, Borelli Irizarry le recordó a los juzgadores que los coacusados tienen abogados separados y que sus interferencias o conclusiones en los contrainterrogatorios “no los deben tomar en cuenta. Los comentarios no son evidencia en el caso”.

En ocasiones, las defensas de los coacusados se han visto enfrentadas durante el proceso.

Tras el testimonio Sulivera, los fiscales José Villamarzo, Mario Rivera Géigel y Tania Salas de Jesús sometieron el caso tras presentar 20 testigos en el juicio que comenzó el pasado 21 de abril.

“El Ministerio Público terminó el desfile de la prueba de cargo en este caso. Quedó sometido de nuestra parte. Ahora corresponde a la defensa, en caso de que vayan a presentar alguna evidencia, que no tienen la obligación”, sostuvo Villamarzo al salir de sala.

Dos testigos de la Fiscalía, que no fueron llamados a declarar, quedaron a disposición de los abogados defensores para que puedan ser sentados en el banquillo mañana, jueves, si así lo entienden pertinente.

Se espera que en horas de la mañana del lunes se realicen los argumentos finales y el jurado —compuesto por nueve hombres y seis mujeres, incluyendo a los suplentes— sea enviado a deliberar.

“Para este lunes, estamos preparados para nuestros informes finales para que el jurado se retire con la prueba que le hemos presentado a que puedan tomar su determinación final”, manifestó Villamarzo.

Castillo Martínez y Lugo Colón se exponen a 129 años de prisión, de ser hallados culpables. El Ministerio Público necesitará un veredicto 12-0, de acuerdo a una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en abril de 2020 que declaró como inconstitucional las convicciones criminales por jurado que no sean unánimes. La norma en Puerto Rico permitía convicciones con resultados de 9 a 3.

Durante el día de hoy, la transmisión del juicio que se hace en una sala contigua a la 203, donde se realiza el proceso, no confrontó problemas, como ocurrió en las pasadas semanas en las que había sido recurrente la interrupción de la videollamada y con un sonido que, en varias ocasiones, no permitía escuchar con claridad lo que ocurría.

La prensa, familiares y asistentes deben presenciar el juicio en un salón aparte ya que, por protocolos para evitar la propagación del COVID-19, el jurado está distribuido por los banquillos de la sala 203 para salvaguardar las distancias requeridas.

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¿Qué ha pasado en el juicio?

Durante el juicio, la Fiscalía trazó los sucesos que habrían ocurrido aquel sábado, 3 de abril. Subió a testificar a empleadas de Ciencia Forenses para que explicaran cómo recabaron la evidencia en el lugar de los hechos, que incluyó el proyectil que le cobró la vida a De León García. Además, otros testimonios relataron cuál fue la cadena de custodia de algunas de las piezas de evidencia.

También, sentaron en el banquillo a testigos oculares del crimen. Según la testigo estrella Zuleika Rodríguez, empleada del motel, el altercado con los acusados comenzó cuando, por orden de De León García, fue hasta la cabaña 13 a informarle a los clientes que el tiempo por el que habían rentado la habitación había culminado y que tenían que abandonar el lugar.

Luego, la pareja se habría detenido frente a las oficinas administrativas, en un Mitsubishi Lancer y una guagua gris, en busca de hablar con la persona encargada. Es en ese entonces cuando se suscita una discusión entre De León García y Lugo Colón. Posteriormente, se acerca Castillo Martínez.

“Vemos ahí a Edmill dándole el primer puño al hombre que la mató. Él pierde el balance”, narró el abogado Sanfeliú Vera mientras contrainterrogaba la semana pasada a la testigo estrella. “Ella (De León García) coge un balazo que le da Juan Miguel”.

Asimismo, salió a relucir durante el proceso que una expareja de Lugo Colón —a quien El Nuevo Día no identificará como medida preventiva— fue la persona que ayudó a las autoridades el día de los hechos a identificar inmediatamente a los alegados responsables de este crimen.

El hombre de 40 años, y quien tuvo una relación de cinco años con la acusada que terminó a finales de 20202, estaba viendo las noticias el 3 de abril de año pasado cuando vio el video del asesinato y, rápidamente, se comunicó con un agente del Negociado de la Policía de la región de Bayamón.

“Reconoció a la acusada Jacklyn Lugo Colón y Juan Castillo Martínez ‘Juanmi’ en el video. También, reconoció el vehículo Lancer gris que se ve en el video como suyo. El testigo no autorizó a nadie ese día a usar su vehículo”, se desprende de la declaración estipulada del testigo, a quien la defensa se rehusó que se sentara en el estrado.

Además, el testigo dijo que conocía a Castillo Martínez desde hace 20 años, ya que eran vecinos en el residencial Manuel A. Pérez.

Esta confidencia ayudaría a las autoridades a dar con el paradero de los acusados, quienes fueron arrestados el 4 de abril del año pasado, un día después del asesinato, en la calle Francia de la barriada Israel, en San Juan, tras una persecución policiaca. Ese día, se le ocupó el arma homicida a Castillo Martínez luego que la utilizara durante la persecución para apuntarle a las autoridades.

Ante del juicio, la defensa buscó impugnar la ocupación del arma de fuego que le hicieron a Castillo Martínez por alegados fallos en los procesos de las autoridades para realizar las detenciones.

Tras celebrarse una vista de Regla 109, el juez determinó que el arresto y la incautación del arma de fuego se realizaron de manera legal, por lo que se pudieron utilizar como evidencia durante el juicio.

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Casos paralelos

Como parte del arresto, a Lugo Colón le radicaron 10 cargos adicionales por violaciones a la Ley de Armas, posesión de drogas y daños, y se le impuso una fianza de $1.5 millones. Mientras, a Castillo Martínez se le radicaron siete cargos, con una fianza de $1,050,000. Este procedimiento se lleva a cabo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Además, los dos imputados enfrentan otros dos procesos judiciales por cargos de secuestro, agresión, posesión de sustancias controladas y otros crímenes en hechos no relacionados con este caso.

Uno de ellos tiene que ver con un incidente violento que ocurrió en Toa Baja. Específicamente, Lugo Colón enfrenta cargos de violencia de género, secuestro, robo agravado, apropiación ilegal y violaciones a la Ley de Armas por, supuestamente, entrar a la residencia de una expareja en Toa Baja, robarle su vehículo y otras pertenencias y soltarlo en una urbanización de Canóvanas.

Por este incidente, Castillo Martínez enfrenta cargos de agresión, amenaza, robo agravado, secuestro, apropiación ilegal y violaciones a la Ley de Armas.

Asimismo, a la pareja le radicaron cargos de tentativa de asesinato luego que una mujer alegara que, mientras transitaba por una carretera en Río Piedras, Lugo Colón y Castillo Martínez se le acercaron en una guagua Honda Odyssey y le realizaron disparos. La querellante, quien es dueña de una propiedad que le alquiló a Lugo Colón, resultó ilesa.

Las autoridades alegan que Lugo Colón pasó a recoger unas pertenencias en la residencia y dispararon contra la mujer para amedrentarla. A ambos se les impuso una fianza de $400,000.

Las autoridades confirmaron el año pasado que Castillo Martínez presuntamente era uno de los gatilleros de la ganga que lideraba el narcotraficante Orlando Carmona Serrano, conocido como Orlan y Barber, que operaba en el residencial Manuel A. Pérez, en San Juan.

El teniente coronel Pedro Sánchez expresó en una entrevista radial que Lugo Colón también estaba vinculada a esa organización criminal.

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