La defensa de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó al Tribunal Federal en San Juan que elimine la recomendación de sentencia de un año de cárcel que radicó la Fiscalía.

En una moción de 20 páginas, los abogados de la exfuncionaria alegaron que el Ministerio Público violó el acuerdo de culpabilidad en el memorando de condena que sometió en octubre pasado.

En agosto pasado, Vázquez Garced se convirtió en la primera persona en gobernar a Puerto Rico que hace alegación de culpa en un tribunal.

Tras llegar a un acuerdo, aceptó responsabilidad por un cargo de aceptar una promesa de campaña por un extranjero, mientras que se desestimaron las otras alegaciones que incluían soborno y fraude.

Sin embargo, los abogados denunciaron este jueves que la Fiscalía federal “ha incumplido el acuerdo de culpabilidad de cinco maneras independientes”.

“Si bien técnicamente recomienda una sentencia dentro del rango de las guías estipuladas de 6 a 12 meses, el memorando de sentencia del Ministerio Público busca justificar el período máximo legal de prisión (de un año) al importar alegaciones de soborno y corrupción de la acusación desestimada” que el acuerdo entre “las partes excluye afirmativamente”.

En el documento se señaló que la Fiscalía federal recomendó una condena que se basa en “cantidades de dólares que exceden el valor estipulado del delito por un factor de veinticinco”.

Sostuvo, además, que el acuerdo aludía una promesa de campaña valorada entre los $15,000 y los $25,000, pero la recomendación de sentencia mencionaba cantidades que ascienden a $620,000.

De igual forma, los abogados argumentaron que otra violación consistió en “tratar la ofensa como si la acusada hubiera recibido contribuciones de campaña cuando el delito de la condena es aceptar una promesa de una contribución que en realidad nunca se proveyó”.

También recordaron que la exgobernadora se declaró culpable por “aceptar una promesa de campaña por un extranjero” y no por “haber recibido una contribución”.

En referencia a una encuesta que supuestamente colocaba a Vázquez Garced en ventaja para las primarias de 2020 y que la Fiscalía “describe como una contribución a la campaña”, plantearon los abogados, fue “diseñada y realizada para Brittania con fines corporativos para facilitar la comprensión del entorno empresarial, político y regulatorio de Puerto Rico”.

“Nunca se tomó alguna acción oficial en relación con algún quid pro quo, porque no hubo quid pro quo”, apuntó.

Asimismo, recalcó que el acuerdo establece que Vázquez Garced “no aceptó la contribución política para su beneficio económico personal, sino para que su comité político apoyara su candidatura”.

Destacó, además, que ese lenguaje “fue el producto de meses de negociación y refleja el entendimiento mutuo de las partes de que el delito objeto de condena es una violación al financiamiento de campañas, no un esquema de soborno que involucra actos oficiales”.

Otra violación alegada en la moción se trata de haber recomendado “el encarcelamiento de un convicto de punto cero en la Zona B, en contra de la guía de política vinculante de la Comisión de Sentencias de que ‘una sentencia distinta al encarcelamiento... es generalmente apropiada’ para dichos acusados”.

Además, la defensa encontró que la Fiscalía federal violó el acuerdo por “recomendar la pena máxima legal de prisión que sólo es coherente si se basa en conductas excluidas”.

“La acusada no tiene antecedentes penales. La propia condena cumple como disuasivo general: una exgobernadora que ha sido condenada por un delito federal”, argumentaron los abogados.

La moción lee también que “el disuasivo específico es innecesario para una ofensora sin antecedentes, cuyos 38 años de servicio público demuestran que se trató de una aberración, no de un patrón. No hay necesidad de proteger al público de una exfuncionaria pública de 65 años sin antecedentes penales”.

“Es fundamental evitar disparidades injustificadas, lo que favorece considerablemente una sentencia mínima o la libertad condicional. En situaciones similares, los infractores primerizos condenados por delitos relacionados con el financiamiento de campañas suelen recibir libertad condicional”, expuso.

La recomendación de la Fiscalía federa “no constituye una defensa adecuada de la sentencia dentro de los límites del acuerdo de culpabilidad. Se trata de utilizar la conducta desestimada para inflar artificialmente la gravedad del delito y obligar al Tribunal a dictar una sentencia que el delito objeto de la condena no puede justificar”.

Los abogados pidieron a la jueza Silvia Carreño Coll que “elimine el memorando de sentencia” de la Fiscalía y le “instruya a radicar uno enmendado, si lo desea, en cumplimiento con los términos del acuerdo”.

Las representaciones legales del banquero Julio Herrera Velutini y el asesor financiero Mark Rossini también han denunciado las referencias que ha mantenido la Fiscalía sobre las conductas en las acusaciones desestimadas.

La acusación original alegó que Vázquez Garced destituyó a George Joyner, quien entonces dirigía la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para detener una investigación sobre el banco de Velutini.

Las vistas de sentencias contra los tres convictos están pautadas para el próximo 29 de enero en el Tribunal Federal en San Juan.