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Juez archiva cargos contra sordo paciente mental que lleva siete meses bajo custodia de la corte sin probársele delito

El tribunal ordenó que el Departamento de la Familia y Assmca encuentren una instalación residencial en la que Jorge Torres Rodríguez pueda recibir el tratamiento a largo plazo que necesita

25 de junio de 2024 - 4:46 PM

Jorge Torres Rodríguez, de 51 años, quien es sordo, esquizofrénico, dependiente de sustancias y tiene capacidad intelectual de un niño de entre 5 y 7 años, fue denunciado por presuntamente amenazar a sus padres con un cuchillo. (Suministrada)

El juez Obdulio Meléndez archivó los cargos criminales por los cuales Jorge Torres Rodríguez, un sordo, paciente mental, dependiente de sustancias y discapacitado intelectual, lleva siete meses bajo “medida de seguridad” del Estado, a pesar de que ya el mismo gobierno determinó que el hombre, de 51 años, nunca estará en condiciones de responder por los actos que se le imputan.

El juez Meléndez, un exfiscal, tomó la determinación en una vista de seguimiento el lunes, indicaron a El Nuevo Día los abogados Carmen Esparra y José Soler Fernández, de la Sociedad para Asistencia Legal y quienes están a cargo de la defensa de Torres Rodríguez. El hombre fue denunciado el 10 de octubre del año pasado por, presuntamente, haber amenazado con un cuchillo a sus padres, Víctor Torres Sanes y Elena Rodríguez Nales, de 75 y 72 años, respectivamente, durante una disputa por dinero en su residencia en Vieques.

El gobierno determinó que Torres Rodríguez no es procesable permanente porque, además de que no dispone de ningún lenguaje con el cual comunicarse, ya que nunca aprendió lenguaje de señas, su capacidad intelectual es de un niño de entre 4 y 7 años, como declaró su padre en corte.

Pero, en vez de ponerlo en libertad o referirlo a tratamiento psiquiátrico bajo la Ley 408, el juez Meléndez, del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo, ordenó que se mantuviera bajo “medida de seguridad” indefinida, que es lo que se hace con pacientes mentales que se declararon o fueron hallados culpables o siquiera se les encontró causa para juicio. En el caso de Torres Rodríguez, su incapacidad para entender el proceso es tan severa que ni vista de causa para arresto se le pudo realizar.

La acción del juez Meléndez, que viola jurisprudencia estadounidense y local que dispone que, cuando una persona es declarada no procesable permanente el Estado solo tiene las opciones de liberarla o referirla a tratamiento siquiátrico en el ámbito civil, fue avalada por los tribunales de Apelaciones y Supremo, lo cual causó consternación en la comunidad legal y de defensa de derechos humanos, cuando fue informada por El Nuevo Día el pasado 13 de junio.

Torres Rodríguez continuará, por el momento, recluido en el Hospital de Psiquiatría General Dr. Ramón Fernández Marina, en Río Piedras. Pero, indicó Esparra, su caso pasa ahora a la sala especializada en salud mental de la Oficina de Administración de los Tribunales, la cual ordenó al Departamento de la Familia y a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) que emprendan los trámites para encontrarle al sujeto una instalación residencial a largo plazo, en la que reciba el tratamiento que necesita.

“Tienen que buscarle un sitio menos restrictivo para que tenga una vida con los controles que él necesita”, declaró Esparra.

En septiembre de 2023, Torres Rodríguez estuvo en la sala especializada en salud mental tras otra denuncia de que había agredido a sus padres. Fue igualmente declarado no procesable permanente. Pero, tras unos días internado en un hospital psiquiátrico, la jueza Irmarie Colón Massó ordenó que fuera puesto otra vez bajo custodia de sus padres. Un mes después, ocurrió el incidente que motivó la acción de Meléndez.

Torres Rodríguez es el único hijo de sus padres, pues su hermano falleció en un accidente de tránsito en 2002. La madre contó a El Nuevo Día que llamó a la Policía cuando Torres Rodríguez se puso violento, pero que su intención no era que fuera encarcelado, sino que se le ofreciera el tratamiento que necesita. El matrimonio ha dicho a los abogados que se consideran muy mayores para continuar a cargo a diario de su hijo.

“Quisiera que lo sacaran del sitio donde está y lo pongan en un hogar donde él pudiera salir a un patio, no ahí, donde lo tienen preso”, sostuvo Rodríguez Nales, quien relató a El Nuevo Día que ella y su esposo gastaron $50,000 que un seguro les pagó por la muerte de su otro hijo intentando, sin éxito, conseguirle tratamiento a Torres Rodríguez.

Soler Fernández, quien tiene todavía pendiente una petición de reconsideración ante el Supremo, luego de que el máximo foro judicial de Puerto Rico avalara la acción de Meléndez, dijo que no la retirará porque quiere que los jueces se expresen por futuros casos similares que podrían surgir.

“Vamos a presentar una moción pidiendo al Tribunal Supremo que resuelva en sus méritos porque, aunque ya a Jorge le quitaron la medida de seguridad, esta es una situación que se puede repetir”, dijo Soler Fernández.

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REFERENCIAS:

Ley 408 - Ley de Salud Mental de Puerto Rico

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