Un juez del Tribunal de Ponce determinó en la tarde de hoy, miércoles, no causa para juicio contra el exalcalde de Santa Isabel Enrique Questell Alvarado, a quien el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) le radicó un caso criminal por alegada influencia indebida y violación a la Ley de Ética Gubernamental.

Inmediatamente, los fiscales especiales independientes que llevan el caso, Emilio Arill García y Manuel Núñez Corrada, solicitaron una vista en alzada. El juez Rubén Serrano Santiago la pautó para el próximo 8 de septiembre, a las 2:00 de la tarde.

“A los medios, no causa”, fueron las únicas expresiones que realizó Questell Alvarado al salir de la sala, reseñó Primera Hora.

Durante la vista, el exsecretario de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) Rafael Machargo Maldonado fue uno de los testigos.

A través del testimonio de Machargo Maldonado, los FEI presentaron el detalle de la reunión que sostuvo el exsecretario del DRNA con Questell Alvarado, en el verano de 2020, cuando supuestamente el exalcalde le solicitó tranzar la querella administrativa en contra de su compañía, Aquamak, contó el fiscal Arill García.

El DRNA había presentado, en 2019, una querella administrativa contra Aquamak porque, entre 2015 y 2016, realizó cinco estructuras en la zona marítimo terrestre (ZMT) en el barrio Playa, calle Villa del Mar, donde tiene unas facilidades recreativas. También por podar y remover mangle del área, lo cual es una violación ambiental.

Para explicar los detalles de esta querella, los FEI también trajeron a la abogada del DRNA, Mildred Sotomayor, como primera testigo. Sotomayor era quien representaba el interés público en el caso administrativo contra Questell Alavarado.

Los abogados de defensa, Pablo Colón Santiago y Francisco Sánchez Rodríguez, tendrán su oportunidad de contrainterrogar a Machargo Maldonado cuando el tribunal reanude el caso tras el receso para el almuerzo.

Este diario contactó a Colón Santiago a su celular, quien no estuvo disponible al momento de publicar esta historia.

El viernes, 10 de junio, la jueza Ginny Vélez Carrera, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, encontró causa para arresto contra Questell Alvarado, por dos cargos criminales. Uno de los cargos que se le radicó fue por violación al artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, que establece que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

El segundo cargo era por el artículo 292 del Código Penal sobre ejercer influencia indebida.

Este caso comenzó por una querella que presentaron los representantes Estrella Martínez Soto y Héctor Ferrer Santiago ante el Departamento de Justicia, luego de que en una vista legislativa de la Comisión para el Desarrollo y Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Sur Central, Machargo Maldonado expuso que en el verano de 2020 se reunió en una residencia privada de Questell Alvarado en relación con una querella en su contra pendiente en el DRNA.