El juez federal Raúl Arias Marxuach considera imponer una orden que limite las expresiones públicas en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced para proteger el proceso judicial de la publicidad que ha recibido a nivel local e internacional.

Este tipo de medida no es extraña en los casos que reciben amplia difusión, especialmente en los que implican a funcionarios del gobierno.

Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, el juez Arias Marxuach emitió una orden esta tarde en la que pidió a las partes del caso que se planteen su parecer sobre su propuesta de imponer la restricción a las expresiones públicas que puedan hacer los involucrados en el litigio.

Las partes tienen hasta el 11 de agosto para mostrar causa por la cual el tribunal no deba emitir la orden o sugerir modificaciones.

“El Tribunal toma conocimiento judicial de que la acusación y arresto subsiguiente (de Vázquez) ha recibido cobertura significativa por medios locales, nacionales e internacionales como El Nuevo Día, the Washington Post y the Financial Times, entre otros”, sostuvo Arias Marxuach.

Asimismo, indicó que el tribunal “también observa que los reportes mencionados no comenzaron con la cobertura con antelación a juicio”.

“Meses antes de que la acusación fuera emitida, los medios reportaron extensamente sobre los comentarios que supuestamente hizo Vázquez y su representación legal anticipando su arresto”, agregó.

Arias Marxuach, quien es presidente del Tribunal Federal en San Juan, se refería a que desde mayo pasado los abogados de Vázquez habían anticipado en varias entrevistas que su clienta sería acusada y arrestada por las autoridades federales.

La exfuncionaria fue arrestada el jueves de la semana pasada después de que un Gran Jurado federal la acusara junto con el banquero venezolano-italiano Julio Herrera Velutini y su asesor Mark Rossini, quien también fue agente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

El juez federal señaló que “es evidente que el presente caso ha sido y continuará siendo ampliamente publicitado. Por eso, el tribunal encuentra que los derechos de la acusada bajo la Sexta Enmienda” de la Constitución de Estados Unidos y el derecho de la Primera Enmienda de la prensa “deben equilibrarse y garantizarse mediante una orden de protección adecuada”.

Arias Marxuach explicó que la orden no constituiría una censura previa para la prensa, sino que más bien busca “regular las expresiones extrajudiciales que puedan hacerse por los acusados, sus abogados y potenciales testigos relacionados al caso”.

Según planteó, el tribunal considera que existe una “probabilidad sustancial” de que los comentarios puedan terminar “contaminando al grupo de jurados dada la naturaleza y extensión de la cobertura mediática”.

En ese sentido, entiende que su propuesta es la “menos restrictiva” para asegurar los derechos de los acusados al “debido proceso”, a la vez que “se ha diseñado estrictamente para minimizar su impacto en los derechos pertinentes de la Primera Enmienda”.

La orden de mostrar causa publicada hoy por el juez incluye un borrador de la orden de mordaza. La misma presenta las restricciones usuales en estos casos, para limitar expresiones a los medios de comunicación ni a través de las redes sociales.

Aplica a cualquiera que trabaje para el Departamento de Justicia federal y las agencias de ley y orden, así como a los acusados, sus abogados, “agentes” y personal con acceso a información del caso y hechos. De igual forma, quedarían limitados por la orden los testigos potenciales.

No obstante, la orden propuesta especifica que no podrán hablar de asuntos que “no son del récord público o que pudieran interferir con un juicio justo o perjudicar a cualquier acusado, el gobierno o la administración de la justicia”.

Explica que sí pueden hablar de informaciones del caso que se viertan públicamente. Como ejemplo, la orden expone que pueden “expresarse, sin elaborar o caracterización alguna” de la naturaleza general de las alegaciones o defensas”.

También podrán hablar de “información contenida en los récord públicos del caso”, así como “cualquier decisión u orden emitida por el tribunal que sea un asunto de récord público”.

De igual manera, podrán explicar los “contenidos o sustancia de cualquier moción, paso o resolución en los procedimientos, en la medida” en que sean “del récord público de este caso”.

Los cargos alegan que Vázquez destituyó al comisionado de la Oficina de Instituciones Financieras para cumplir su parte de un acuerdo de una conspiración con Herrera Velutini, y con la ayuda de Rossini, a cambio de contribuciones a su campaña a la gobernación.