Aibonito - Mientras la defensa de Anthonieska Avilés Cabrera procura acceder a “prueba exculpatoria” que pueda influir en los cargos que enfrenta su representada, el Ministerio Público mantiene que la joven y su madre, Elvia Cabrera Rivera, son responsables del asesinato de la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario.

“Siempre las versiones han sido las mismas: las responsables son Elvia Cabrera y su hija. Eso no ha cambiado. Los testigos son consistentes”, dijo el fiscal Orlando Velázquez Reyes, en declaraciones a la prensa tras culminar una vista en el Tribunal de Aibonito donde se discutió la controversia.

Insistió en que, aunque el 11 de agosto, cuando ocurrió el crimen, había aproximadamente tres a cuatro adultos y seis menores presentes, la realidad es que “en el hecho mismo de darle muerte a Gabriela participó solamente Anthonieska y su madre, Elvia”, y que, de momento, a nadie se le ha otorgado inmunidad.

“Con relación al asesinato, nosotros no vamos a acusar a más nadie. Hay otra investigación y unos cargos que están pendientes, pero en el asesinato, para fines de nosotros y de la Policía, ya está esclarecido”, dijo. “La (otra) investigación va a redundar en radicación de casos diferentes a raíz de los hechos”.

Por lo pronto, el Tribunal tiene ante su consideración una nueva controversia originada por la solicitud de la defensa de Avilés Cabrera para acceder a prueba exculpatoria o favorable para su representada, de cara a la vista preliminar, cuya fecha aún no ha sido fijada.

No obstante, el juez Luis Navas de León, del Tribunal de Aibonito, se reservó el fallo sobre si concede o no acceso a prueba que la defensa de Avilés Cabrera entiende que les favorece. El togado consignó en sala que emitirá una resolución con su determinación.

En la vista celebrada en la tarde de este martes en la sala 4 del mencionado centro judicial, las abogadas defensoras Rocío Revelles Ponce y Athelyn Jiménez Emmanuelli reiteraron su pedido a la Fiscalía.

Con esta solicitud, la defensa de la imputada —quien enfrenta dos cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas— procura acceder a evidencia que pudiera tener un impacto directo en los delitos imputados a su representada, e incluso conducir a una posible reclasificación de los cargos.

“Entre la evidencia favorable está también la que podría ir en los grados del delito y, ciertamente, hay ciertos grados de asesinato: asesinato en primer grado, segundo y atenuado y eso incide en la forma en que esta (imputada), en aquel momento menor, pudiera ser juzgada”, dijo Revelles Ponce.

Aunque al menos una testigo del Ministerio Público -quien es media hermana de la imputada- identificó a Avilés Cabrera como la persona que apuñaló a la víctima, la licenciada señaló que existen numerosos elementos adicionales a los supuestos hechos que podrían influir en la determinación del grado de asesinato.

Revelles Ponce explicó que, hasta el momento, el Ministerio Público ha entregado un certificado de ácido desoxirribonucleico (ADN) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), pero no ha proporcionado los videos del día de los hechos obtenidos de las cámaras de seguridad de lugares cercanos a la escena del incidente.

De otro lado, pidió que se cite al inspector Robert Ramos, subdirector de la Superintendencia auxiliar de Investigaciones Criminales, y al capitán Juan Bautista, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, por unas expresiones que realizaron a la prensa cuando apenas la investigación comenzaba.

En ese contexto, la licenciada señaló que ambos agentes de la Policía ofrecieron declaraciones sobre los presuntos sospechosos del crimen que difieren de la evidencia presentada durante la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, la otra acusada en el caso, que ya recibió una determinación de causa para juicio.

En el caso de Ramos, dijo que este declaró en una entrevista televisiva que había seis sospechosos del crimen: cuatro menores, de 16 y 17 años, y dos adultos de 20. Además, habría señalado que la madre de la víctima fue retenida mientras su hija era agredida. “Eso no surge de la prueba (ante el Tribunal)”, sostuvo.

“Él ofrece unas versiones. Esas versiones nosotros entendemos que contrastan con la prueba que fue vertida y que podría utilizarse para impugnar a los testigos. Por eso es que le hicimos el reclamo al tribunal para que cite a los agentes de la Policía”, explicó Revelles Ponce, en declaraciones a la prensa.

La licenciada no respondió si considera que los testigos que declararon en la vista preliminar de Cabrera Rivera mintieron. Empero, afirmó que “si existe información impugnatoria en la que los testigos ofrecieron una versión diferente o algún otro tipo de material que consideremos que debe ser entregado, lo solicitaremos”.

Sin embargo, los fiscales Velázquez Reyes y Silda Rubio Barreto sostuvieron que no existe prueba exculpatoria en el caso. Aun así, entregaron al tribunal varias declaraciones juradas y otros documentos que serán evaluados para determinar si alguno de ellos podría favorecer a la defensa de la acusada. De ser así, serían entregados a la defensa de la imputada.

Entre la evidencia a analizar figuran tres declaraciones juradas —entre ellas la del menor que sobrevivió al ataque con arma blanca—, su expediente médico y el recibo de propiedad ocupada, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre este último particular.

En cuanto a los videos solicitados, Rubio Barreto argumentó que no constituyen prueba exculpatoria, sino que, por el contrario, “podrían inculpar” a la imputada. Añadió que dicho material está vinculado a la certificación de ADN que ya fue entregada previamente a su representación legal.

Precisó que se trata de grabaciones captadas por cámaras de seguridad de cuatro lugares, aunque ninguna de ellas registra el momento exacto de la agresión. Añadió que uno de los videos ya fue presentado como evidencia durante la vista preliminar de Cabrera Rivera. “Hay una cámara que no estaba grabando”, mencionó la fiscal.

Por su parte, Velázquez Reyes indicó que “no hay prueba exculpatoria. Ofrecimos hoy una evidencia sobre prueba que quizás pudiera ser favorable en algún sentido, pero no hay prueba exculpatoria”.

“Lo que las abogadas están alegando es que existen manifestaciones del inspector y del director del CIC el mismo día o simultáneo el día de los hechos, que apenas estaba comenzando la investigación”, dijo.

Debido a que la controversia aún no se ha resuelto, todavía no hay fecha para el inicio de la vista preliminar ante la jueza Cristina Córdova Ponce. En consecuencia, se programó una nueva vista de estatus para el próximo 12 de noviembre a las 10:00 a.m.