La jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, no encontró causa para arresto contra los seis agentes del Negociado de la Policía imputados por cargos de asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas relacionadas con la muerte de Javier Antonio Cordero Nevárez, un joven de 16 años que fue baleado en agosto de 2022 durante una intervención al, presuntamente, hurtar un vehículo.

A su salida del foro judicial, la fiscal Yolanda Morales Ramos, directora de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia, confirmó que el Ministerio Público solicitó una vista en alzada que se celebrará el 30 de abril.

“Esto es una investigación extensa. Nosotros llevamos a cabo no solo unos análisis básicos, sino que también usamos tecnología avanzada en la reconstrucción de la escena para nosotros estar bien claros de cuáles eran los resultados de lo que ocurrió esa noche. Respetamos la decisión del juez, pero nosotros vamos en alzada”, expresó Morales Ramos a su salida del tribunal.

“Esto es una tragedia para todas partes, y sobretodo, también para la Policía de Puerto Rico porque aquí hay miles de agentes de la Policía que salen todos los días, exponen sus vidas y no tienen que matar a una persona para alegar que es defensa legítima”, agregó.

Por su parte, el comisionado de la Uniformada, el coronel Antonio López Figueroa, indicó, en declaraciones escritas, que dieron espacio a Justicia y al NIE para llevar a cabo la investigación del caso.

“Como cuerpo dedicado a cumplir con la Ley, proteger vidas y luchar por la justicia, hoy le dimos espacio al Departamento de Justicia y a la Rama Judicial para que realicen la labor que les compete. Este es el ejemplo más claro y contundente de que en esta administración, la transparencia y los procesos democráticos se honran y se respetan”, expresó López Figueroa en declaraciones escritas.

“Dios está con cada uno de mis policías, poniendo en claro nuestro deber al que nos enfrentamos día a día, persiguiendo el delito para proteger vidas y propiedades, incluyendo la nuestra”, añadió.

La fiscal Morales Ramos formuló, en la tarde de este miércoles, cargos de asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la Ley de Armas contra los agentes Giovanny Santiago Avilés, Roseanne Ruiz Cisneros, Félix Ahmed De Jesús Abreu, Luis Enrique Vélez Mari, Kevin Omar Meléndez Monsegur y Paola M. Farías Santiago.

Contra Ruiz Cisneros se radicaron tres cargos por asesinato en primer grado, por disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego.

Santiago Avilés, De Jesús Abreu y Vélez Mari también enfrentaban tres cargos cada uno, en su caso por tentativa de asesinato, disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego. Mientras, Meléndez Monsegur y Farías Santiago enfrentaban dos cargos cada uno por disparar en una vía pública y por apuntar y disparar un arma de fuego.

Justicia no presentó cargos contra un sargento que sí estuvo presente en la escena, según había informado el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, al día siguiente de los hechos.

Sobre la diferencia de cargos entre los imputados, la fiscal se limitó a indicar, durante un receso judicial, que “eso es parte de la teoría del Ministerio Público y no la vamos adelantar”.

Al preguntarle por qué algunos oficiales que estuvieron presentes en la escena no fueron denunciados, Morales Ramos comentó que “nuestras acusaciones están basadas en la prueba obtenida durante la investigación”.

En relación a una oficial en particular que no enfrenta cargos, la fiscal dijo que no fueron acusados porque estén cooperando, sino porque “la prueba no establece que pueda ser imputada de delito”.

Sin embargo, reconoció que figura en una lista de testigos de cargo, que este medio supo es extensa. Para la vista de radicación de cargos, Justicia habría radicado decenas de declaraciones juradas.

“Nuestra prueba mayormente es científica, pero sí tenemos prueba testifical que estuvieron en el evento. Están como testigos del Ministerio Público”, apuntó.

Posteriormente, la fiscal dio a conocer que la madre del adolescente, Sheila Nevárez, y la agente investigadora del caso fueron quienes testificaron.

La madre del menor llegó temprano en la mañana al tribunal acompañada por el abogado Fermín Arraiza, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

“Que se haga justicia a mi hijo”, expresó Nevárez, quien admitió no estar lista emocionalmente para inicio del proceso. “Que los guardias paguen por lo que le hicieron”.

Por su parte, Arraiza manifestó que espera “que se respeten todas las garantías del debido proceso de ley y que se haga justicia, finalmente”.

Por su parte, el director de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Oscar Pagán, indicó que al menos cinco de los involucrados son miembros de su organización.

“Estamos aquí con ellos”, sostuvo Pagán, al indicar que abogados de COPS representan a varios de los policías, quienes también tienen abogados particulares.

“La presunción de inocencia está con ellos. Es un proceso que lleva mucho tiempo y los abogados se encargarán de eso”, agregó.

Los hechos se remontan al 1 de agosto de 2022. Según el comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, la secuencia de eventos comenzó en horas de la madrugada de ese día, cuando un ciudadano reportó que su auto Hyundai Tucson había sido robado en la urbanización Villa Fontana, lo que fue captado en vídeo y divulgado por la Uniformada.

El querellante proveyó información de la localización del vehículo a través de un GPS, por lo que no se registró la notificación del hurto en el sistema de la Policía. La División de Vehículos Hurtados comenzó a darle seguimiento y solicitó asistencia de oficiales de otros cuarteles.

“Por el GPS, se sabe que el vehículo está en Vista Hermosa, luego pasa al residencial Luis Lloréns Torres y regresa a Vista Hermosa, y es intervenido en la calle 40 de la urbanización La Rivera”, explicó López Figueroa a El Nuevo Día en agosto de 2022. “Tan pronto se le da el alto, los policías se bajan (de las patrullas) y este (el conductor) alegadamente dirige el vehículo y alegadamente intenta atropellar a los agentes, y ahí es que comienzan los disparos”, agregó el funcionario, basándose en las versiones que recibió de la escena.

El Negociado de Investigaciones Especiales está a cargo de la pesquisa y ocupó las armas de siete de los agentes que dispararon en el incidente.

Los oficiales realizaron más de 60 disparos y el menor, quien no estaba armado, recibió al menos 15 impactos de bala, según una demanda federal radicada por la madre de Cordero Nevárez.

“Quiero justicia para mi hijo, que el caso se lleve y que se llegue hasta las últimas consecuencias porque no era motivo para matarlo de esa manera”, expresó Nevárez, al declarar en una vista del Senado varios días después del crimen.

“Como su mamá, hubiera preferido mil veces enfrentar lo que tenía que enfrentar por la falta que hubiera cometido, pero vivo. A él no le dieron ‘break’ de nada, me lo mataron así”, afirmó. “¿Cómo iba a enfrentar la justicia si ya no hay justicia? Me quitaron a uno de mis tres amores. No puedo decir sin razón, porque él no estaba haciendo algo bueno, pero yo hubiera preferido estar en su proceso y que él estuviera conmigo, acompañarlo y admitir que estuvo mal, pero no acepto que me lo hayan matado de esa manera”, afirmó, entonces.

En la demanda civil, Nevárez reclama compensación de daños, alegando fuerza excesiva de los Policías. En ese caso, los policías han sido representados por abogados del Departamento de Justicia. Sin embargo, Justicia informó este miércoles que desistirían de representarlos ante el comienzo del proceso criminal.

“Conforme a la ley, el Departamento de Justicia inició la evaluación de la posible revocación de la representación legal a los agentes que fueron demandados y, en el día de hoy, han sido imputados de delito”, apuntó la agencia en declaraciones escritas.