La defensa del banquero Julio Herrera Velutini argumentó que la orden de mordaza "tiene un impacto desproporcionado hacia él".
La defensa del banquero Julio Herrera Velutini argumentó que la orden de mordaza "tiene un impacto desproporcionado hacia él". (Carlos Rivera Giusti)

El banquero venezolano Julio Herrera Velutini solicitó al tribunal que lo excluya de la orden de mordaza impuesta a las partes en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

En una moción presentada ayer en la tarde, la defensa de Herrera Velutini solicitó que se elimine la orden o que, por lo menos, se le permita “hacer declaraciones públicas con respecto a las alegaciones en este caso si dichas declaraciones están dirigidas a la prensa, los medios de comunicación y/o al público fuera de los Estados Unidos”.

La moción planteó que la restricción impide que pueda defenderse públicamente de las alegaciones en su contra, que han sido expresadas por las autoridades federales y reseñadas por la prensa.

Asimismo, argumentó que la mordaza “tiene un impacto desproporcionado hacia él”.

Señaló que,hasta el momento en que se entregó al Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), vivía en Londres, Inglaterra, donde opera una red internacional de negocios.

Agregó que desde la acusación ha recibido “constantes solicitudes sobre las alegaciones”, pues la orden de mordaza “no detendrá la prensa de reportar sobre el asunto”, mientras que “solo detendrá al señor Herrera Velutini de tener una voz en esa discusión”.

De esta manera, al igual que hizo Vázquez Garced, el banquero se une a la petición del coacusado Mark Rossini para que se deje sin efecto o se modifique la orden de mordaza.

El juez federal Raúl Arias Marxuach emitió la orden el mes pasado. Dispuso que las partes del caso solamente podrán hablar de las informaciones que son parte del récord público del caso, como mociones y órdenes. El pliego acusatorio también es público.

Solamente no pueden comentar sobre documentos que están sellados u otros trámites que no estén disponibles para el público en general.

Arias Marxuach indicó en su orden que el propósito era tratar de encontrar un balance entre la atención pública de un caso - que involucra a una exgobernadora - con el interés de que los acusados tengan un juicio justo, pues todavía no se ha seleccionado a los miembros del jurado.

Por su parte, Herrera Velutini apuntó que, aunque la orden de mordaza “tiene buenas intenciones”, el efecto será que “le causará más daño que lo que previene”.

En ese sentido, citó una expresión del Cuarto Circuito de Apelaciones indicando que “‘prohibiendo solo ciertos tipos de información de fuentes seleccionadas’, la orden de protección en realidad puede distorsionar la discusión pública, ‘aumentando así el prejuicio en lugar de mitigarlo”.

“Por lo tanto, es igualmente importante para que el señor Herrera Velutini reciba un juicio justo tener un vehículo por el cual expresar sus defensas veraces y válidas ante las alegaciones en este asunto en respuesta a la especulación en la prensa al respecto”, abundó.

Un gran jurado federal emitió el 3 de agosto pasado una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini. Los tres se exponen a 20 años de prisión por cargos que incluyen incluyen conspiración, soborno y fraude.

Herrera Velutino es el dueño de Bancocrédito y Rossini fue su asesor, además de que trabajó en el pasado como agente del FBI.

Según la acusación del Gran Jurado Federal, los tres conspiraron para que Vázquez Garced recibiera aportaciones a su campaña a la gobernación de parte del banquero, con la ayuda de Rossini, a cambio de que la entonces funcionaria sacara a George Joyner de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), para así poner fin a la auditoría que había detectado transacciones sospechosas en cuentas del banco de Herrera Velutini.

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