El Departamento de Justicia (DJ) recomendó este lunes la designación de un fiscal especial independiente (FEI) a la ex presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika D. Padilla Rivera, por presunta malversación de fondos públicos tras el pago de una bonificación única a 65 empleados exentos –incluida ella misma– en abril de 2025.

Según un comunicado de prensa de la agencia, existe “causa suficiente” para creer que Padilla Rivera “incurrió en conducta que podría constituir el delito de malversación de fondos públicos, tipificado en el Artículo 264 del Código Penal”, así como en “conducta prohibida por el artículo 4.2 de la Ley Núm. 1-2012, conocida como la Ley de Ética Gubernamental”.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción de Padilla Rivera mediante una llamada a su unidad móvil y a través de la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT), pero no contestó. Tras su salida de la CEE, la funcionaria regresó a su cargo de jueza y fue asignada a la región de Bayamón.

La OAT indicó que, tras conocer del referido, se comenzó una pesquisa administrativa.

“En atención a esa información, se instruyó a la Oficina de Asuntos Legales de la OAT a iniciar la investigación administrativa correspondiente. La OAT tomará las medidas que estime necesarias conforme al desarrollo de los procesos”, indicó por escrito.

Mientras, el presidente de la CEE, Jorge Rivera Rueda, manifestó que le fue informada la recomendación del DJ.

“No obstante, respetando los procesos que realizan agencias fiscalizadoras de ley y orden, estamos imposibilitados de emitir expresión alguna. Una vez más, reiteramos que la CEE continuará colaborando con esta y con cualquier investigación”, dijo por escrito.

El incentivo en cuestión se concedió en la primera quincena de abril bajo el nombre de “pago único no recurrente a los empleados exentos”, según el documento oficial, que, en ese momento, estaba en poder de El Nuevo Día.

La ex presidenta alterna justificó el pago, al señalar que se emitió a base de “los estándares de productividad, eficiencia y servicios extraordinarios prestados por dicho personal durante los meses de septiembre a diciembre de 2024”, inmediatamente antes y después de las elecciones generales.

Sin embargo, previo a otorgar la bonificación, Padilla Rivera no consultó con los comisionados electorales de los partidos políticos, según han dicho, pese a que, por meses, solicitaron la información. El bono no fue entregado a todos los empleados exentos de la CEE, sino a los seleccionados por Padilla Rivera, con criterios que tampoco fueron divulgados a los comisionados.

El pasado 5 de agosto, la Oficina del Inspector General (OIG) determinó que los bonos otorgados no cumplieron con leyes vigentes ni con la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ni con la de Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Al mismo tiempo, la entidad había señalado aparentes irregularidades en el trámite mediante el cual Padilla Rivera se adjudicó una bonificación de $9,304.20.

“No se identificaron en la documentación evaluada por la OIG criterios objetivos ni documentados, para la otorgación de la bonificación. Al mismo tiempo, se documentaron posibles cambios en las hojas de asistencia para justificar el desembolso de una bonificación a favor de la expresidenta de la CEE, quien al mismo tiempo fue la encargada de autorizar y distribuir el pago único”, lee un informe de OIG.

“Se encontró que pudo haber una posible modificación de las hojas de asistencia para justificar un desembolso a la entonces presidenta de la CEE, que ascendió a $9,304.20”, destaca también el documento.

A principios de diciembre, el director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, confirmó a este medio que, a modo de “penalidad”, retuvo del presupuesto de la CEE los $174,105.20 que corresponderían a esa bonificación.

“Procedí a recobrar el dinero, pero del presupuesto de la CEE. Vamos a verlo como si fuera una penalidad”, dijo entonces en entrevista telefónica.

Esa retención se hizo antes que finalizara el pasado año fiscal, en junio. Otros beneficiados por el bono fueron el entonces secretario de la CEE, Rolando Cuevas, y la directora de prensa, Gisela Ayala.

Fue Rivera Berríos quien presentó el referido inicial para la investigación que comenzó la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) de Justicia.

El presidente de la CEE arguyó, en ese momento, que la retención de la OGP no afectó las operaciones del ente. “La CEE cumplió con cada una de sus responsabilidades fiscales al cierre de ese período (del año fiscal)”, expresó por escrito.

Rivera Berríos indicó, en tanto, que no ordenó a la CEE descontar directamente de la nómina el dinero a los empleados que recibieron el bono porque, hasta ese día, había pesquisas sin concluir. Recordó que, luego que trascendiera que Padilla Rivera concedió el incentivo sin el aval de la OGP y la JSF, refirió el asunto a Justicia, la Oficina del Contralor, la OIG y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

Por otro lado, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, confirmó, también por escrito en ese momento, que la investigación estaba “en su etapa final”. Hoy, tras la recomendación de designar un FEI, la agencia indicó que no emitirá declaraciones adicionales.