El Departamento de Justicia, en representación del Departamento de Hacienda y de su secretario, Ángel Pantoja Rodríguez, solicitó, en la noche de este jueves, una reconsideración a la orden emitida el 24 de marzo por una jueza para que Hacienda entregara al Senado información relacionada con declaraciones contributivas realizadas por el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, en su faceta de contratista de, al menos, cinco agencias de gobierno.

El Senado radicó, el 23 de marzo, una solicitud en el Tribunal de San Juan en busca de que se le ordenara a Hacienda confirmara si Sagardía preparó alguna declaración W-2 o 480, que podía contestar con un “si” o “no”; que proveyera la fecha o fechas en que se preparó y/o prepararon dichas declaraciones si la contestación fue “si”; el nombre de la persona recipiente; y si se había enmendado, en algún momento, el o las declaraciones.

El cuerpo senatorial, tras emitir el 12 de marzo la petición 2026-036 (en la que se pidió la información sobre Sagardía), acudió al tribunal luego que Hacienda, el 17 de marzo, declinó entregar los datos al entender que su divulgación está protegida por el Código de Rentas Internas y porque también están protegidos por la Constitución, según su interpretación del caso Rullán vs. Fas Alzamora.

La jueza Iris Cancio González atendió, el 24 de marzo, la solicitud del Senado y la declaró “ha lugar”, otorgando a Hacienda 48 horas para producir y entregar la información solicitada.

“El incumplimiento o desobediencia a la orden aquí dictada será castigada por este tribunal como un desacato civil”, resaltó Cancio González en la orden.

El Nuevo Día intentó obtener la moción completa, pero los esfuerzos no rindieron frutos.

En algunas páginas de la moción de reconsideración radicada por Justicia, publicadas por el periodista Rafael Lenín López, la agencia acogió la postura que Hacienda utilizó el 17 de marzo de que “está impedido de divulgar la información requerida, ya que ello vulneraría derechos de terceros y, además, se trata de información de carácter confidencial(,), según lo dispone el Codigo de Rentas Internas. La jurisprudencia es clara en que no se puede obligar a un funcionario a que divulge información si una ley la clasifica como confidencial”, resalto Justicia en su moción.

La solicitud que el Senado radicó el 23 de marzo surgió a raíz de la petición 2026-0036, mediante la cual se le solicitó a Hacienda indicar si Sagardía cumplió con su responsabilidad tributaria y con el pago, si alguno, a empleados, o por servicios prestados como contratista independiente.

Ese mismo día, la petición del Senado 2026-035 también requirió que los titulares de los departamentos de Educación, Familia y Hacienda, al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), entregaran información sobre los contratos que mantienen con Sagardía.

La petición incluyó la entrega de copias de facturas sometidas y aprobadas como parte de contrataciones mediante servicios profesionales.

Hacienda, Familia, la AAPP y la AEE cumplieron con la petición 2026-035.

Sin embargo, en cuanto a la petición 2026-036, Hacienda confirmó, el 17 de marzo, que no entregó los datos contributivos de Sagardía porque la divulgación de dicha información está prohibida por el Código de Rentas Internas y porque la información está “protegida” por la Constitución.

“La determinación se fundamenta en la Sección 1001.01(b) del Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011, según enmendado,que exige salvaguardar la confidencialidad de la información contributiva. Además, dicha información está protegida por la Constitución de Puerto Rico, que reconoce la expectativa razonable de intimidad de los contribuyentes sobre dicha información”, indicó Hacienda mediante declaraciones escritas emitidas el 17 de marzo.

Los requerimientos surgieron luego que Sagardía, exsecretario de Justicia, defendió públicamente a la ahora exsecretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, durante una entrevista radial (WKAQ), y luego que respondió a expresiones del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en las que cuestionó el manejo de la administración de Jenniffer González a los señalamientos levantados contra la extitular por presuntas irregularidades en la venta de marbetes en un centro de inspección del que era dueña hasta finales del año pasado.

Pérez Peña, en última instancia, renunció al cargo efectivo el 16 de marzo.