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El gobernador Ricardo Rosselló afirmó que analizarán una posible apelación del dictamen de la jueza. (GFR Media)
El gobernador Ricardo Rosselló afirmó que analizarán una posible apelación del dictamen de la jueza. (GFR Media) (Ramón “Tonito” Zayas)

La jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de Título III, desestimó este martes las demandas presentadas por el gobierno de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa en la que se alegaba que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se había extralimitado en el ejercicio de los poderes que recibieron de la Ley Promesa.

Con la determinación, la jueza reitera los poderes de la JSF de imponer presupuestos y certificar los planes fiscales, según mejor entienda y rechaza la idea de que el contenido de estos documentos sean recomendaciones de política pública como ha interpretado el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En dos decisiones, una por cada demanda, la jueza establece que en muchos de los planteamientos presentados por los poderes Ejecutivo y Legislativo no implican una controversia que el Tribunal deba resolver. Con la determinación, el presupuesto certificado por la Junta es la que regirá.

En el caso de la demanda presentada por Rosselló, Swain desestimó -como le pidió la JSF- el reclamo del gobernador de que las recomendaciones hechas por el organismo federal no son “vinculantes” cuando estas se incorporan en un plan fiscal.

De igual forma, Swain denegó el alegato del gobierno en torno a que la JSF se ha excedido en sus poderes, pues el gobierno no especificó en qué provisiones o qué poderes son los que preocupan a los oficiales electos de la isla.

Sin embargo, la jueza concluyó que si bien la ley federal Promesa permite que a través del plan fiscal mejore la gobernanza fiscal, la contabilidad y los controles internos del gobierno, el estatuto “no autoriza explícitamente” que se creen “detonantes” en un presupuesto que automáticamente limiten las asignaciones en un presupuesto posterior y que en el caso de la enmienda o aprobación de leyes, el organismo federal solo tiene como “herramientas presupuestarias” y “negociaciones” para obtener las acciones deseadas de parte de los oficiales electos de la isla.

Específicamente, Swain denegó los alegatos en los párrafos 78, 79 y 83 del primer reclamo en la demanda de Rosselló Nevares, así como los párrafos 88 y 91 en el segundo reclamo que hizo el mandatario puertorriqueño.

“El poder otorgado a la JSF por la sección 205 (b)(1)(K) de Promesa permite a la JSF hacer elecciones de política vinculantes para el gobierno central a pesar del rechazo del gobernador a las recomendaciones bajo la sección 205”, reza el fallo de la jueza.

“Que esta autoridad poderosa para hacer ciertas determinaciones de política importantes descanse en última instancia en la JSF no deja, sin embargo, al gobernador electo irrelevante o sin dientes”, agregó Swain al explicar que Promesa provee para que sea el gobierno quien primero provea la guía para los recursos fiscales y que en este caso, ambas partes reconocieron que hubo negociaciones “extensas”.

Como resultado, el fallo de Swain establece que el presupuesto certificado por la JSF el pasado 30 de junio es el presupuesto que deberá implementarse este año fiscal.

El fallo de Swain supone un revés para el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien alegó a la jueza que el organismo federal usurpaba sus poderes como oficial electo del gobierno puertorriqueño. Como resultado, Swain desestimó el pedido de sentencia declaratoria e interdicto que solicitaba el mandatario puertorriqueño contra el organismo creado por la ley federal Promesa.

La decisión de Swain pone fin, por el momento, a la disputa legal que la JSF y Rosselló Nevares libran desde el mes pasado. Entonces, la JSF certificó su propio plan fiscal y su presupuesto, señalando que la Legislatura y Rosselló Nevares incumplieron al no aprobar un presupuesto cónsono con el plan fiscal.

Acto seguido, Rosselló Nevares acudió a Swain para que la jueza trazara una raya entre lo que son las tareas y facultades del organismo federal y aquellas de un oficial electo y pidió a Swain que prohibiera a la JSF abusar de poder al exigir la derogación de leyes o la aprobación de otras por vía del proceso de certificación del plan fiscal y el presupuesto.

La controversia, en realidad, surgió una vez no se concretó un acuerdo entre las partes y que buscaba -entre otras cosas- dejar intacto el presupuesto de la Legislatura a cambio de que esa rama de gobierno derogara la Ley 80 por Despido Injustificado.

El pasado 25 de julio, Swain escuchó los argumentos de Rosselló Nevares y aquellos de la JSF en una audiencia general e indicó que se reservaría el fallo ante el impacto que tendría su decisión en las operaciones del gobierno para emitirlo en una fecha posterior, lo que aconteció hoy.

Reaccionan Rosselló y la Junta

El gobernador, en unas declaraciones escritas emitidas desde Colombia, donde se encuentra en una visita oficial, afirmó que analizarán una posible apelación del dictamen de la jueza.

“Hoy el Tribunal federal interpretó la Ley Federal Promesa y reconoció la autoridad de la JSF de imponer un presupuesto y un Plan Fiscal sobre lo aprobado por los representantes electos del Pueblo puertorriqueño. Esta acción demuestra, una vez más, las limitaciones de nuestro estatus colonial. Puerto Rico necesita terminar con esta relación indigna que permite al Congreso discriminarnos y tomar acciones sobre nosotros sin nuestro consentimiento ni participación”, dijo el mandatario.

El ejecutivo indicó que la determinación pone en riesgo el pago del bono de navidad de los empleados públicos, puesto que en el presupuesto certificado no se dispuso de un monto paraeste desembolso.

Por su parte, José Carrión, presidente de la Junta, indicó en un comunicado de prensa que “no debe haber duda de que el presupuesto del Año Fiscal 2019 certificado por la Junta de Supervisión es el único y debe cumplirse con el mismo. Hacemos un llamado a que todas las partes trabajemos nuevamente por el bien de Puerto Rico, de manera que se le ponga fin a décadas de mala administración y se le de paso a la reconstrucción de nuestra Isla”.

Añadió que “en los próximos días y semanas, la Junta espera que el Gobierno demuestre progreso sustancial en cuanto a la implantación de reformas para mejorar la eficiencia y transparencia del sector público, y en lograr que la economía de Puerto Rico sea más atractiva para negocios e inversionistas. A la vez, continuaremos adelantando Planes de Ajuste con los acreedores para lograr restructuraciones de la deuda y el regreso a los mercados de capital”.

En su determinación, la jueza Swain refiere a la magistrada Judith Dein algunas de las controversias que no fueron desestimadas en su decisión.