La presidenta de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), Nydia Cotto Vives, dijo, este viernes, que los fiscales de esa entidad se preparan para recurrir al Tribunal de Apelaciones, para defender su jurisdicción de procesar criminalmente a Aaron Vick y Juan Maldonado De Jesús, en el caso por la venta de pruebas rápidas de COVID-19.

“Desde el momento en que se recibió la decisión, no hubo duda que íbamos a recurrir porque, con todo el respeto que se merece el tribunal, es una decisión errada”, reaccionó Cotto Vives, en entrevista con El Nuevo Día.

El juez superior Jimmy Ed Sepúlveda Lavergne determinó ayer, que el PFEI carece de jurisdicción sobre Vick y Maldonado De Jesús, luego de que la defensa planteara que son ciudadanos privados que no pueden ser procesados si no forman parte de un esquema junto a funcionarios públicos. La defensa de ambos coacusados está representada por los abogados, Leonardo Aldridge y Mayra López Mulero, respectivamente.

Sepúlveda Lavergne desestimó todos los cargos por tentativa de fraude, falsificación, posesión y traspaso de documentos falsificados e intervención indebida en las operaciones gubernamentales, que pesaban contra Vick y Maldonado De Jesús, también exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo.

Cotto Vives añadió que la decisión le sorprendió, sobre todo, cuando la percibe contraria a la orden que había emitido el juez, la semana pasada, para que los fiscales entreguen el sumario fiscal a la defensa. Sepúlveda Lavergne consideró, en su resolución del 29 de agosto, que el documento podía constituir prueba exculpatoria.

En cuanto a los argumentos de falta de jurisdicción, la presidenta de la OPFEI agregó que “las enmiendas de 2012, son súper claras en cuanto a que una vez el FEI asume jurisdicción, la asume a todos los fines legales”.

En 2012, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico enmendó la Ley de la OPFEI, creada en 1988, para que pudieran tener jurisdicción sobre empleados, exempleados o individuos que “hayan participado, conspirado, provocado o de algún otro modo, sean autores o coautores en la conducta delictiva imputada a los funcionarios bajo la jurisdicción”.

Los fiscales especiales independientes tienen jurisdicción sobre un grupo de funcionarios de alto perfil, como el propio gobernador, los jefes y subjefes de agencia, alcaldes, legisladores, jueces, fiscales y procuradores.

La Ley 3 de 2012 enmendó el estatuto para permitir que los FEI puedan investigar a cualquier autor o coautor en la presunta conducta delictiva de estos funcionarios públicos, cuando se trata de delitos contra la función pública o el erario.

Las acusaciones contra Maldonado y Vick guardan relación con la fallida venta de $38 millones en pruebas rápidas de COVID-19 al gobierno de Puerto Rico durante los primeros días de la pandemia.

Los FEI centraron la investigación en las actuaciones de la ex subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez; la ex jefa de personal de Salud y enlace entre el Task force médico, Mabel Cabeza; el ex comisionado de Manejo de Emergencias, José Burgos; y a Maldonado De Jesús, por su rol como abogado de Apex General Contractors.

El fiscal Ramón Mendoza había explicado, anteriormente, que no encontraron evidencia para acusar a ningún funcionario público.

Aunque el Panel sobre el FEI pidió centrar los esfuerzos investigativos en esas cuatro personas, ello no implicaba que tuvieran que renunciar a evaluar la conducta de otros aludidos en la controversia pública, como la propia exgobernadora, Wanda Vázquez Garced, y dos miembros del Grupo Asesor Médico, que ella convocó.

De hecho, la exgobernadora Vázquez Garced fue entrevistada “detalladamente” junto a sus abogados, Edgar Vega Pabón y Heriberto Sepúlveda Santiago.

El Nuevo Día publicó anteriormente que el juez Sepúlveda Lavergne es el hijo del exjuez Sepúlveda Santiago, quien acompañó a Vázquez Garced a la entrevista de los FEI.