El representante por acumulación por el Partido Popular Democrático (PPD) Ramón Torres Cruz radicó el jueves un recurso especial de revisión judicial ante el Tribunal de Primera Instancia de Carolina para que le ordene a la Policía entregarle información relacionada con el uso de escoltas a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

En el documento judicial, Torres Cruz establece que el pasado 30 de septiembre le solicitó a la Uniformada una copia del informe en el cual se tomó la determinación de mantener agentes asignados a dar escolta a la ex primera ejecutiva, quien en agosto se declaró culpable en un caso criminal ventilado en el Tribunal Federal en San Juan.

El legislador sostuvo que también habría solicitado detalles sobre la cantidad de agentes, supervisores, vehículos, sueldos, horas extras y gastos relacionados con dicha asignación.

De acuerdo con Torres, el superintendente de la Policía, Joseph González, denegó el requerimiento alegando, entre otras cosas, que la petición debía canalizarse conforme al reglamento interno de la Cámara de Representantes.

El representante argumentó que ese planteamiento carece de fundamento jurídico y contradice la política pública de transparencia.

“La Ley 141-2019, denominada Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, reconoce el derecho de toda persona, sin distinción, a tener acceso a esos datos. Negar una solicitud de información porque proviene de un legislador es un acto discriminatorio y contrario a Derecho”, expresó en declaraciones escritas Torres Cruz.

El legislador agregó que la referida ley “fue creada precisamente para democratizar el acceso a la información y erradicar los privilegios del pasado”.

“La transparencia no puede ser selectiva. El pueblo tiene derecho a saber cómo se utilizan los recursos públicos, y todos debemos responder ante ese principio. Nuestra función pública debe estar guiada por la rendición de cuentas y el acceso a la verdad”, subrayó.

En septiembre pasado, el superintendente de la Policía anunció que, tras un análisis de los estatutos vigentes, no podía retirarle la escolta a la exgobernadora.

González indicó en conferencia de presnsa que, “según el marco jurídico vigente, la escolta de los gobernadores son derechos adquiridos”, validado por una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, tras una demanda de los exgobernadores Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló.

“La legislación actual no establece la perdida de dicho derecho por convicción en foro federal y estatal”, sostuvo González.

“La única manera de retirar este beneficio sería mediante la aprobación de una ley expresa que así lo disponga aplicable únicamente de forma prospectiva”, agregó.

Vázquez Garced hizo alegación de culpabilidad en el Tribunal Federal en San Juan por un cargo criminal de aceptar una promesa de contribución de campaña electoral de parte de un extranjero.

Los hechos que admitió alegan que el banquero venezolano Julio Herrera Velutini le aportaría a su aspiración política en las primarias de 2020, razón por la cual la Fiscalía federal recomendó un año de cárcel.