El juez presidente del Tribunal federal en Puerto Rico, Raúl M. Arias Marxuach, sentenció a Elvin Jhohanie Molina Rosado a 25 años de prisión por un caso de explotación sexual de una menor de edad.

En la vista de sentencia, Arias Marxuach, además, ordenó a Molina Rosado a 15 años en libertad bajo probatoria, indicó la Fiscalía federal mediante comunicado.

Molina Rosado, de 36 años y vecino de Corozal, fue acusado el 26 de enero de 2024 por el delito, pero se declaró culpable el 14 de febrero.

Según los documentos judiciales, Molina Rosado, entre febrero de 2020 y abril de 2022, contrató, utilizó y coaccionó a una menor de entre 12 y 14 años para que participara en actos sexuales explícitos con el fin de producir imágenes. Las imágenes fueron grabadas en teléfonos móviles.

En abril de 2022, el Grupo de Trabajo contra Delitos contra Menores de Puerto Rico de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) recibió información del Negociado de la Policía de que el acusado abusó sexualmente de una menor y tomó imágenes explícitas de la víctima. La investigación condujo al arresto y enjuiciamiento de Molina Rosado.

“Este caso demuestra la determinación del Departamento de Justicia de perseguir a quienes explotan y victimizan a nuestros niños”, afirmó William Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal.

“Agradezco a nuestro dedicado equipo de fiscales, coordinadores de víctimas y testigos, personal de apoyo y a nuestros comprometidos socios en la aplicación de la ley por sus incansables esfuerzos para combatir la explotación infantil y llevar a los autores ante la justicia”, agregó Muldrow.

Mientras, la agente especial a cargo (SAIC) Rebecca González Ramos, jefa de HSI en Puerto Rico, afirmó que “los adultos tienen la responsabilidad fundamental de proteger a nuestros niños, y no de explotarlos ni hacerles daño. Este caso constituye un incumplimiento de ese deber, y la sentencia refleja la seriedad con la que investigamos y perseguimos estos delitos”.

“La explotación de un niño es abominable. Homeland Security Investigations se mantiene firme en su misión de proteger a nuestros niños. Las personas involucradas en estos actos abominables deben saber que las encontraremos, sin importar dónde se escondan, si explotan a un menor. Los 25 años de prisión y los 15 años de libertad supervisada garantizan que este delincuente no pueda volver a dañar a ningún niño”, puntualizó González Ramos.

La Fiscalía federal confirmó que el HSI investigó este caso en colaboración con la Policía estatal.

La fiscal adjunta de los Estados Unidos, Jenifer Y. Hernández Vega, jefa de la División de Explotación Infantil e Inmigración, llevó el caso ante el Tribunal federal en Puerto Rico.