El exsecretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta, fue sentenciado esta mañana a seis meses de prisión como parte del acuerdo de culpabilidad con la fiscalía federal para evitar ir a juicio por cargos de corrupción.

Además, el exfuncionario estará confinado en su residencia durante 12 meses bajo la supervisión de un oficial una vez cumpla con los seis meses en la cárcel. También utilizará un monitor electrónico en todo momento.

El juez Pedro A. Delgado Hernández, del Tribunal Federal en el distrito de San Juan, leyó el veredicto durante la vista que contó con la presencia de Orta, quien estuvo acompañado por sus abogados Francisco Rebollo y José A. Fusté.

Rebollo presentó tres objeciones al Reporte Presentencia (PSR, por sus siglas en inglés), sin embargo, fueron denegadas por el juez Delgado Hernández. Asimismo, argumentó durante un alocución para la consideración del juez antes de pronunciar el castigo que su cliente no se benefició ilegalmente de fondos públicos, que los servicios fueron prestaron y el gobierno de Puerto Rico no perdió dinero.

“Orta ha sufrido suficiente. Era un joven respetado con una prometedora carrera, pero todo se desvaneció desde el momento que los cargos que le imputaron fueron radicados”, imploró Rebollo.

En junio de 2017, Orta fue arrestado junto con otras seis personas por 50 cargos criminales por conspiración, soborno, robo de fondos federales, fraude electrónico, fraude postal, robo de identidad agravada y lavado de dinero.

Orta era el único del grupo que había determinado ir a juicio por jurado. Tres semanas de que iniciara el proceso en el 2019, le informó al juez Delgado que aceptaba un acuerdo de culpabilidad. El pliego acusatorio detalla que de una suma de $3.9 millones asignados para unos programas para el beneficio de niños y adolescentes, $799,940 fueron utilizados para unos fines distintos. Orta se exponía a sentencia máxima de 10 años si era declarado culpable.

“Durante este tiempo he mantenido silencio por respeto al tribunal y al proceso. Es difícil digerir cómo ha afectado a mi familia. Han sido largos meses en el desempleo sumado a la reciente pérdida de mi padre de quien aprendí la importancia de respetar los procesos. Expreso mi más profundo arrepentimiento por no tomar un rol más activo en los procesos administrativos dentro del DRD”, manifestó Orta en una declaración escrita.

A las siete personas se les había imputado un esquema de enriquecimiento ilícito que ascendió a unos $9.9 millones que consistió en la obtención fraudulenta de fondos federales administrados por el Departamento de Educación y el Departamento de Vivienda Federal, con propuestas gestionadas a través de Recreación y Deportes.

Orta estuvo al mando del DRD bajo la incumbencia del entonces gobernador Alejandro García Padilla.