El Tribunal Supremo determinó esta noche que el Departamento de Corrección y Rehabilitación “no tiene impedimento legal para proceder de inmediato con la contratación” de un proveedor de servicios de salud mental para las instituciones juveniles tras emitir una sentencia en la que se estableció que “la contratación de servicios profesionales no requiere celebración de subasta formal, ni informal”.