El Tribunal Federal en San Juan negó libertad bajo fianza a una maestra de religión que está acusada por explotación sexual de dos menores de edad, en Bayamón.

El magistrado federal Marshal Morgan escuchó a las partes en una extensa vista de fianza, la semana pasada, pero se reservó el fallo y luego resolvió que Lizamarie Rivera García se mantenga detenida en prisión hasta que enfrente juicio.

Asimismo, determinó que “existe una presunción refutable de que ninguna condición o combinación de condiciones garantizará razonablemente la comparecencia de la acusada según lo requerido y la seguridad de la comunidad, porque existe causa probable para creer que el acusado cometió uno o más” de los delitos alegados.

Aunque considera que la defensa “ha presentado suficiente evidencia para refutar la presunción”, Morgan determinó que otros factores requieren mantener la detención, aludiendo a que “el peso de la prueba contra la acusada es fuerte” y que se expone a “un periodo de cárcel extenso si resulta culpable”.

Recordó, también, que un gran jurado emitió un pliego acusatorio de cinco cargos por “tráfico sexual de dos hermanos menores, uno de 15 años y el otro de 17 años”.

De acuerdo con la Oficina de Investigaciones Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), que investigó el caso, los hechos ocurrieron entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.

Señaló que también enfrenta cargos por incitación y coerción de un menor a incurrir en actividad sexual, así como transportarlo para la misma actividad ilegal, y transferencia de material obsceno a un menor.

“Según en la presentación del Ministerio Público, la acusada, una maestra de escuela de 42 años, era la maestra de estudio bíblico de uno de los hermanos y maestra sustituta del otro. Conoció a los hermanos cuando el mayor cursaba undécimo grado y el menor noveno”, relató la resolución de Morgan.

Agregó que, “presuntamente, la acusada se comunicó con los hermanos a través de redes sociales, indicándoles que quería ir a su casa para tener relaciones sexuales. También les envió videos de ella en poses sexualmente explícitas y con diferentes niveles de desnudez”.

Señaló que la acusada vivía en un municipio distinto al de los menores, por lo que alega que “recorrió aproximadamente 63 kilómetros” un trayecto de unos “45 y 55 minutos en auto”.

“Sin embargo, ella estaba dispuesta a viajar esa distancia para reunirse con ellos. El Ministerio Público también alegó que la acusada pagó a uno de los hermanos más de $1,000 y al otro más de $2,000 a cambio de tener relaciones sexuales con ella. También les compró hasta seis pares de tenis como regalo”, abundó.

Morgan apuntó que durante la vista, la defensa de la acusada argumentó que sí “se pueden establecer condiciones razonables para garantizar la seguridad de la comunidad y su comparecencia en futuros procedimientos (judiciales)”.

“Más específicamente, señala la total ausencia de antecedentes penales y el hecho de que nunca se han presentado denuncias en su contra como docente”, añadió. “También afirma que el dinero pagado a los hermanos formaba parte de un fondo que ella administraba y que se destinaría a financiar becas, matrículas y otras necesidades de estudiantes de bajos recursos”.

La defensa también planteó durante la audiencia que tiene testigos para declarar que otros menores recibieron fondos para tales fines educativos. A preguntas del magistrado, no obstante, la defensa indicó que no los llamaría para el propósito de la fianza, sino otras etapas del caso.

La orden de Morgan resaltó que, a su vez, la Fiscalía federal respondió “argumentando que el dinero utilizado para pagar a los hermanos provino de la cuenta bancaria de la acusada y se pagó directamente a los menores”.

“Independientemente de la procedencia del dinero, el Tribunal considera que, con base en la oferta (de prueba) del Ministerio Público, la acusada ha demostrado una inexplicable falta de juicio y una total falta de control de sus impulsos, de modo que el Tribunal considera que el Ministerio Público ha demostrado con pruebas claras y convincentes que ninguna condición o combinación de condiciones puedan garantizar razonablemente la seguridad de la comunidad”, apuntó el magistrado.

Apuntó que, “con respecto al riesgo de fuga, la acusada alega que su último contacto con los hermanos fue en mayo-junio de 2024, y que sabía que estaba siendo investigada desde marzo de 2025, y aun así no ha huido de la jurisdicción. No obstante, el Tribunal señala que la información contenida en el informe de servicios previos al juicio de la acusada sigue sin verificarse”.

“Lo más importante es que ahora se le imputan cargos por tráfico sexual de menores, coacción, incitación y transporte de un menor con fines de participación en actividades sexuales delictivas, todos los cuales conllevan una pena mínima obligatoria de prisión de diez años, que puede llegar a ser hasta cadena perpetua”, afirmó.