La vista de sentencia de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced fue pospuesta hasta el próximo 29 de enero, luego que la jueza federal Silvia Carreño Coll accediera este martes a una moción de la defensa, en medio de objeciones en torno al lenguaje del informe presentencia.

Con su determinación, Carreño Coll alineó las fechas de sentencia de los tres coacusados en el caso: Vázquez Garced, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) Mark Rossini.

“Vázquez Garced entró en su acuerdo de culpabilidad a la luz de un acuerdo de culpabilidad conjunto con los otros dos coacusados. Por lo tanto, el Tribunal considera que sentenciar el mismo día a todos los acusados involucrados promueve la economía judicial, honra el espíritu del acuerdo de culpabilidad y agiliza asuntos que puedan ser comunes a todas las partes, como la conducta relevante y el rol de la ofensa de cada acusado. No obstante, se notifica a las partes que, en ausencia de circunstancias extraordinarias, no se otorgarán extensiones adicionales”, indicó la jueza, en una entrada al expediente del caso.

La vista, a celebrarse en el Tribunal Federal en San Juan, comenzará a las 10:00 a.m.

Los coacusados estaban prestos a conocer su sentencia el 8 de enero, pero la defensa de Herrera Velutini había logrado una posposición alegando razones de salud de uno de los abogados. Rossini, por su parte, también había solicitado el aplazamiento.

Previamente, la jueza ya había autorizado un cambio de fecha, respecto a la citación original, para el pasado 10 de diciembre.

En una moción presentada el lunes, los abogados de Vázquez Garced alegaron que todavía no ha concluido el proceso para resolver las objeciones que presentaron ante la Oficina de Probatoria sobre el lenguaje contenido en el informe presentencia.

En octubre, la defensa planteó que tenía objeciones con parte del contenido en el informe, ya que mencionaba hechos que están contenidos en el pliego acusatorio original, de siete cargos criminales, que va a quedar descartado por el acuerdo alcanzado con la Fiscalía federal.

La defensa de la exmandataria indicó que, después de varias gestiones, un informe enmendado fue presentado el 5 de diciembre.

“Sin embargo, el proceso informal de resolución no ha concluido”, sostiene la moción, indicando que, el 23 de diciembre, hubo una reunión para “discutir lenguaje adicional propuesto para la sección de la conducta relevante y está esperando la decisión” de la oficial probatorio sobre “si emitir un segundo informe presentencia enmendado o atender las sugerencias de la defensa en un anejo”.

El caso surgió en agosto de 2022, cuando un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

Las autoridades federales sostuvieron que los tres, junto con otras personas no acusadas, participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora, presuntamente, reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini. El banquero venezolano, en cambio, supuestamente accedió a realizar contribuciones políticas a la campaña primarista de la entonces gobernadora y a financiar servicios de consultoría.

Tras alcanzar un acuerdo con la plana mayor del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cargos originales fueron archivados y los tres hicieron alegación de culpa por un delito menos grave de violación a la Ley federal de Campañas Electorales (FECA, en inglés).

En la moción de esta semana, los abogados de Vázquez Garced plantearon que los representantes legales de Herrera Velutini y Rossini informaron que el Ministerio Público también “ha solicitado la inclusión de las alegaciones descartadas de soborno y conspiración de la acusación original como conducta relevante en cada uno de sus informes presentencia”.

“Esto plantea una importante cuestión jurídica común a los tres acusados: si las alegaciones de un escrito de acusación que el gobierno decidió desestimar pueden constituir adecuadamente una conducta relevante al dictar sentencia por un delito completamente distinto del que se declararon culpables. Los acusados ​​se declararon culpables de una infracción relacionada con el financiamiento de campañas (aceptar la promesa de una contribución extranjera), mientras que el gobierno ahora pretende que el Tribunal considere al dictar sentencia las mismas alegaciones de soborno que abandonó”, apuntó la defensa de Vázquez Garced.

“La fecha (…) de sentencia del 8 de enero de 2026 no deja tiempo suficiente para completar el proceso de resolución informal, en particular dado que la reunión más reciente con el oficial de libertad condicional ocurrió el 23 de diciembre de 2025, en medio del período de vacaciones, lo que dejó tiempo insuficiente antes de la sentencia para resolver los asuntos pendientes”, añadió.

Más temprano este martes, la Fiscalía federal presentó su oposición a que la vista de sentencia fuera pospuesta.

“No hay nada en el expediente que justifique que no se hayan planteado modificaciones adicionales al informe presentencia antes de la reunión del 23 de diciembre de 2025 con el oficial de probatoria”, argumentó la Fiscalía. “Las demás razones citadas por el acusado no se basan en ningún precedente legal y no constituyen causas válidas para un aplazamiento”.

En una nueva moción radicada esta semana, Rossini señaló que la defensa presentó sus objeciones al informe ante la Oficina de Probatoria del Tribunal Federal.

“A la fecha, la defensa no ha recibido una respuesta de la Oficina de Probatoria atendiendo las objeciones”, sostuvo.

“Una posición, entonces, es necesaria para permitir a las partes cumplir con las reglas locales, completar el proceso de consulta y asegurar un expediente certero y completo antes de la sentencia”, afirmó.

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Manuel Guillama Capella colaboró en esta historia.