Ricardo Vázquez. (Ramon "Tonito" Zayas / Staff)

El juez superior Anthony Cuevas le ordenó hoy al directivo de la empresa 313 LLC, Ricardo Vázquez Hernández, que conteste las tres preguntas que exigen los investigadores de la Cámara de Representantes sobre las afiliaciones que tiene con otras compañías y el contrato que tuvo con el Departamento de Salud para proveer pruebas rápidas de COVID-19.

Vázquez Hernández tendrá tres días para informar a qué otras compañías Vázquez Hernández ha sido miembro, los negocios que ha tenido con otras siete empresas específicas y la cantidad de dinero que pagó su empresa por las pruebas rápidas de COVID-19 que le revendieron al Departamento de Salud. Estas tres interrogantes, según argumentaron los abogados del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, han sido esquivadas por el empresario.

“Se le advierte al Sr. Vázquez que, a tenor con lo dispuesto en el artículo 34ª(2) del Código Político del 1902, el incumplimiento o desobediencia a la Orden aquí dictada será castigada por este Tribunal como un desacato civil”, sostiene el juez en la orden.

Este es el segundo enfrentamiento judicial entre la Cámara de Representantes y la firma 313 LLC. A mediados de junio, la empresa fue ordenada a comparecer ante el cuerpo legislativo que investiga las transacciones asociadas al COVID-19, algunas de las cuales beneficiaron a personas con lazos políticos con el gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP).

La empresa 313 LLC le vendió al gobierno $3.6 millones en pruebas serológicas. 313 LLC fue fundada en el 2018 por personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista (PNP) como una compañía dedicada principalmente a la tecnología y la informática. Pero el pasado 18 de marzo, con el COVID-19 comenzando a arreciar en Puerto Rico, cambió sus propósitos corporativos al área de productos médicos y menos de una semana después había hecho ventas por $3.6 millones a Salud.

Vázquez Hernández y su socio Juan Suárez Lemus son donantes del PNP y de algunos de sus candidatos.