San José, California— Haciendo hincapié en la importancia de la Primera Enmienda, un juez federal de California afirma que el Gobierno de Estados Unidos está silenciando de forma inconstitucional a los críticos de la guerra de Israel en Gaza y a otras personas, como parte de la campaña de la Administración Trump para deportar a los no ciudadanos que, según afirma, alteraron el orden en los campus universitarios al expresar sus opiniones.

El juez Noël Wise, en una sentencia dictada el viernes, dio la razón a “The Stanford Daily”, el periódico estudiantil de la Universidad de Stanford, que había señalado que algunos estudiantes internacionales tenían miedo de expresarse abiertamente debido a la amenaza de deportación.

“La libertad de expresión es una quimera si solo somos ‘libres’ para expresar opiniones favorables sobre el Gobierno y sus dirigentes”, escribió el juez.

La decisión se basa en gran medida en las conclusiones a las que llegó hace casi un año un juez de distrito de Estados Unidos en Boston, quien dictaminó que la Administración Trump violó la Constitución al someter a personas que no son ciudadanas a un proceso de deportación únicamente por apoyar a los palestinos y criticar a Israel.

Wise escribió que las libertades de expresión y de prensa son “fundamentales para una democracia duradera en Estados Unidos”. La jueza alegó vicios relacionados con la libertad de expresión y la falta de precisión que violan la Primera y la Quinta Enmienda al anular partes de las disposiciones que aplica el Gobierno federal en materia de deportaciones.

Wise se refirió a las represalias llevadas a cabo en marzo de 2025 por las autoridades de inmigración estadounidenses contra personas que se habían pronunciado en apoyo de los palestinos y en contra de las acciones de Israel —que, según un número cada vez mayor de expertos, incluidos los designados por un órgano de la ONU, equivalen a un genocidio—. El juez también mencionó las represalias contra personas que criticaron a Charlie Kirk tras el asesinato del cofundador de Turning Point USA el pasado mes de septiembre.

“Mañana, o quizá incluso hoy, los objetivos podrían ser cualquier persona en Estados Unidos que ejerza su libertad de expresión simplemente para expresar opiniones que no sean del agrado del Gobierno”, afirmó el juez de San José.

“Esta espiral descendente es contraria a nuestra Constitución, que reconoce nuestro derecho a expresarnos libremente”, añadió. “Aquí se puede odiar el contenido del discurso de una persona y, al mismo tiempo, amar al país que valora la libertad que permite ese discurso. La defensa ferviente de nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión es una demostración provocadora de la enorme valentía de nuestro país”.

El Ministerio de Justicia no respondió el sábado a un mensaje en el que se le pedía que se pronunciara sobre la decisión.

George Porteous, redactor jefe de The Stanford Daily, respondió a la sentencia con el siguiente mensaje en X: “Los periodistas de nuestra redacción no deberían tener que temer que escribir una noticia les suponga ser deportados. La victoria de hoy significa que no tendrán que hacerlo”.

Conor Fitzpatrick, abogado de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión —que presentó la demanda—, elogió la sentencia.

“En Estados Unidos, la libertad de expresión no es exclusiva de quienes dicen cosas con las que el Gobierno está de acuerdo”, afirmó Fitzpatrick en un comunicado.

En su resolución, Wise afirmó que estaba claro que las tácticas del Gobierno habían tenido repercusiones en los campus universitarios.

“El Gobierno ha lanzado un mensaje intimidatorio en relación con la libertad de expresión: si te pronuncias en contra de Israel o en apoyo de los palestinos, te revocaremos el visado y te deportaremos. Compórtate. Los estudiantes extranjeros escucharon la advertencia y la tuvieron en cuenta. Y, como dice el refrán, el silencio es ensordecedor”, escribió el juez.

Según “The Stanford Daily”, los no ciudadanos que residen legalmente en el periódico han dimitido, han retenido artículos, se han negado a aceptar encargos, han solicitado que se retiraran artículos y han pedido permanecer en el anonimato por temor a sufrir consecuencias negativas en materia de inmigración, señaló Wise.

Afirmó que los no ciudadanos tienen los mismos derechos que los ciudadanos en virtud de la Primera Enmienda y, sin embargo, se veían obligados a adivinar cuál era la política exterior de Estados Unidos en cada momento y sobre cualquier tema.

“Se trata de una norma incomprensible”, afirmó. “Aunque el Tribunal entiende que al Gobierno se le ha concedido una amplia discrecionalidad en materia de política exterior e inmigración, dicha discrecionalidad debe garantizar, no obstante, que los ciudadanos de a pie puedan comprender lo que la ley permite y lo que prohíbe’.