El Negociado de la Policía reportó en el 2020 5,517 incidentes de violencia doméstica hacia mujeres en Puerto Rico.
El Negociado de la Policía reportó en el 2020 5,517 incidentes de violencia doméstica hacia mujeres en Puerto Rico. (Agencia EFE)

La renuencia de muchas víctimas de violencia de género a pisar un tribunal no es inusual, por lo que urge una reflexión por parte del sistema de justicia para lograr el fin común de proteger a las afectadas en estos procesos, que pueden ser complejos y extenuantes, coincidieron ayer voces expertas.

Para la psicóloga social Mercedes Rodríguez López, lo primordial, a la hora de asistir a una víctima que busque ayuda, es mostrar comprensión, empatía y apoyo, en lugar de obligarla contra su voluntad a sumergirse en un sistema que, en opinión de esta experta, está “lleno de prejuicios”.

“Las víctimas necesitan sentir una seguridad emocional cuando les toca declarar, cuando tienen que comparecer ante un sistema que no las quiere muchas veces, que no les cree muchas veces, que ir como testigos es ir a exponer su vida, a quedar expuestas, a someterse a unos procedimientos que no necesariamente se han hecho pensando en las víctimas”, expresó la psicóloga social.

Rodríguez López, quien ha laborado de cerca con víctimas de violencia de género por más de 40 años, planteó que las declaraciones que hizo en corte Andrea Ojeda Cruz, expareja del exboxeador Juan Manuel “Juanma” López, son un espejo de lo que otras víctimas sienten hacia el proceso judicial.

Ojeda Cruz le dijo a la jueza del caso, Ana Cruz Vélez, que no quiere testificar contra el expúgil, que fue acusado de violencia de género anteriormente, en el 2015. La jueza dio hasta el 15 de febrero a las partes para decidir cómo procederán.

Aunque señaló que el que una mujer decida no proseguir con un caso contra su agresor no quiere decir que el crimen no ocurrió, la psicóloga social resaltó que “la empatía no es seguir con el caso como un caso que no tiene frenos”. “Las víctimas, cuando hacen una denuncia, lo que quieren es que cese la violencia”, explicó.

El gobernador Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia por la violencia de género el 24 de enero de 2021.
El gobernador Pedro Pierluisi declaró un estado de emergencia por la violencia de género el 24 de enero de 2021. (Ramón "Tonito" Zayas)

Son muchas las razones por las que una víctima podría decidir interrumpir un caso, entre ellas, notar la complejidad de los procesos y la manera en que el pleito complica su vida personal, pero también posibles manipulaciones del agresor e incluso, de familiares o amigos.

Por otro lado, la presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Vilmarie Rivera Sierra, resaltó que las víctimas se enfrentan a un ambiente frío en los tribunales, mientras atraviesan por un estado traumático que aporta a que se impacte la manera en que asimilan los procesos.

“Hemos dicho, en reiteradas ocasiones, que el sistema judicial, a veces, lo que hace es revictimizar a la víctima porque hace que se canse de continuar los procesos ya iniciados”, indicó. “Nosotros hemos tenido historias de participantes que han estado un año, año y medio, en procesos”.

Rivera Sierra también llamó la atención a que cada víctima es diferente y que el trato de las autoridades debe acoplarse a las complejidades de cada caso.

“Una exhortación es que el trato tiene que ser adecuado al tipo de víctima que se recibe, con un cuidado sensible y, sobre todo, orientarla. Más allá de obligarla, es orientarla sobre sus derechos. Al fin y al cabo, es la vida de la víctima, y es ella quien mejor conoce lo que le conviene”, planteó.

Falta de empatía

Un informe preliminar preparado por el Grupo de Trabajo en Casos de Feminicidio de la Administración de Tribunales hace constar algunas de las instancias en que víctimas de violencia de género acudieron ante la justicia para escapar de sus agresores y, en cambio, fueron recibidas con indiferencia, regaños e inacción.

En uno de los casos evaluados en el informe -y que culminaron en feminicidios, como el de Andrea Ruiz Costas- se menciona a un juez que regañó a la víctima en lugar de mostrar preocupación por su seguridad.

En otro, una jueza descartó gran parte del testimonio de la peticionaria en una vista de protección ex parte -o con una sola parte promovente- por ser “prueba de referencia”. Y, “aunque citó el caso para vista, le advirtió que debía traer prueba para sostener su testimonio”.

Además, el informe -preparado en julio- encontró que, de los 81 feminicidios evaluados entre 2020 y 2021, solo en siete se identificó que hubo intervención judicial, por lo que, “en términos proporcionales, se podría concluir que es posible que el 91.3% de los casos de violencia de género que culminaron con un feminicidio, no pasaron por un proceso judicial”.

Según el Observatorio de Equidad de Género, el año pasado cerró con un total de 53 feminicidios, 46 intentos de feminicidios y 21 mujeres y niñas desaparecidas en Puerto Rico.

El Negociado de la Policía reportó en el 2020 -los datos más recientes en línea- 5,517 incidentes de violencia doméstica hacia mujeres, a los que se suman otros 1,023 casos de violencia en los que las víctimas eran hombres. Del total, se produjeron 53 convicciones.

“Este es el mismo sistema que dejó ir al agresor de Andrea Ruiz Costas, este es el mismo sistema que no quiere abrirse a la transparencia para ser evaluado, para ser juzgado, para ser mejorado, para superar los sesgos que tiene de discrimen, los prejuicios”, esbozó la psicóloga Rodríguez López.

Andrea Ruiz Costas fue asesinada por su expareja en abril de 2021.
Andrea Ruiz Costas fue asesinada por su expareja en abril de 2021. (Teresa Canino Rivera)

Cambios a favor de las víctimas

La fiscal Laura Hernández, directora de la División de Coordinación de las Unidades Especializadas del Departamento de Justicia, afirmó a este diario que las situaciones de arrepentimiento de víctimas no se dan solo en la isla, y que es una dinámica entre una víctima y su agresor que se ha estudiado.

“Nosotros estamos llamados a investigar un caso tomando en consideración que es bien probable que, en la próxima vista, la víctima no va a estar disponible y que va a ser un testigo hostil”, explicó. “Esto es algo que se da con mucha frecuencia, la diferencia es que el caso de ‘Juanma’ tiene la presencia de los medios de comunicación. Ustedes están viendo lo que ocurre muy frecuentemente en los tribunales en Puerto Rico, en los Estados (Unidos) y en países de Latinoamérica”.

Hernández destacó que son numerosos los cambios que ha implementado Justicia para asistir mejor a las víctimas, como la reciente inauguración de nueve unidades especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores, con 48 fiscales especiales.

A preguntas sobre qué gestiones han hecho para imponer cambios en el sistema desde el punto de vista de los derechos de las víctimas, la fiscal resaltó que en varios aspectos haría falta buscar cambios desde el nivel legislativo.

Como ejemplo, sostuvo que en el proceso de “circuito cerrado” en la isla obliga a la víctima a ir a sala a identificar a su agresor, algo que no ocurre en otras. Asimismo, planteó que no debería ser necesario que la perjudicada se vea obligada a testificar en cada faceta del proceso judicial.

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Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.

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