La prueba en el caso federal que enfrentan los hermanos del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez y sus respectivas corporaciones por un alegado esquema de fraude y lavado de dinero, es “voluminosa” y consta de “miles de documentos”.

Así quedó al descubierto este viernes tras una vista de estatus celebrada en la sala 4, del Tribunal federal, en Hato Rey, ante la jueza federal Camille L. Vélez Rive, donde las partes brindaron mayores detalles sobre el proceso de descubrimiento de prueba en el caso.

De acuerdo a lo discutido en la vista, la Fiscalía federal entregó a la defensa un primer paquete de pruebas y se dispone a entregar un segundo en el caso contra los hermanos Edgardo y Ricardo Navarro Suárez, quienes fueron arrestados el pasado 3 de abril.

En la audiencia los hermanos Navarro Suárez, quienes se declararon no culpables por los cargos y se encuentran libre bajo fianza, no estuvieron presentes, pero fueron representados por sus abogados. Al momento, no hay fecha para el juicio federal.

Por un lado, el licenciado Edgar Vega Pabón, quien representa a Edgardo y sus corporaciones JCA Development, Inc., JCA Packaging Group, Inc. y JCA Industrial Supply Corp., dijo que “todavía no se ha entregado gran parte de la evidencia”.

Agregó, no obstante, que han comenzado a evaluar la prueba que han recibido y que continuarán “con los procedimientos, como siempre digo, dentro del derecho a la presunción de inocencia”.

“La juez(a) señaló otro estatus conference para dentro de 60 días para tener oportunidad a examinar miles de documentos porque este tipo de casos siempre envuelven miles de documentos que no necesariamente están relacionados con tu cliente, pero que la Fiscalía está obligada a entregar y muchas veces tiene que ver con otros casos que se han proceso aquí también (en el Tribunal federal) sobre lo mismo”, mencionó.

Cuestionado sobre si están evaluando hacer alegación de culpabilidad o si han recibido alguna oferta por parte de la Fiscalía federal, el licenciado Jason González Delgado, quien representa a Ricardo y a RVIP Group Corp, respondió: “Ni siquiera tenemos la evidencia. No sabemos de qué lo están acusando y, obviamente, mi cliente se va a defender con todo lo que tiene porque entendemos que esto es un error realmente”.

A preguntas de El Nuevo Día sobre si una vez tenga copia de la evidencia evaluarán iniciar negociaciones con la Fiscalía federal, respondió: “O prepararnos para juicio. Depende de qué es lo que hay”.

Siguiendo esa línea, Vega Pabón añadió, por su parte, que este caso involucra “muchos documentos”, “una serie de préstamos, muchos de los cuales se están pagando puntualmente”.

“Eso de las negociaciones es algo que un abogado debe considerar luego de evaluar la evidencia y evaluar el peso de la prueba en su contra. No es algo que uno debe estar considerando antes de ver la evidencia. Yo no funciono así”, mencionó Vega Pabón.

Al momento, especificó, se han recibido miles de documentos de préstamos que el Oriental Bank realizó garantizados por el gobierno federal “y estamos en el proceso de evaluarlos. Es bien voluminoso”.

Mientras, el fiscal federal Daniel Joseph Olinghouse dijo en sala que “hemos entregado o puesto a disposición un primer paquete de pruebas... Estaremos poniendo información adicional a disposición pronto”.

Como parte del descubrimiento de prueba, mencionó, que se solicitó discos duros a los acusados para entregar el primer paquete. Al momento, dijo, han recibido discos duros de Ricardo Navarro Suárez.

“No hemos recibido el disco duro del acusado número uno (Edgardo Navarro) ni de las empresas con las que está asociado. Así que, una vez que recibamos eso, podremos cargar esa información y entregar ese primer paquete, y luego habrá un segundo paquete, diría yo, dentro de los próximos 30 días”, comentó el fiscal.

No obstante, adelantó que el segundo paquete de pruebas contendrá evidencias “más sustanciales, como documentos financieros, registros y ese tipo de cosas”.

Así las cosas, la jueza federal fijó una nueva conferencia de estatus para el próximo 15 de julio a las 9:00 a.m. “El plazo del juicio rápido se suspende hasta entonces para permitir a las partes participar en el proceso de descubrimiento”, determinó Vélez Rive.

Un gran jurado emitió el 27 de marzo un pliego acusatorio contra los hermanos Navarro Suárez, sus cuatro empresas y un contador público por perpetrar un esquema de fraude y lavado de dinero mediante el cual se habrían apropiado de más de $2.2 millones en fondos federales de préstamos bajo la Ley CARES.

Según la Fiscalía federal, los hechos habrían ocurrido entre mayo de 2020 y noviembre de 2021, cuando los hermanos Navarro Suárez y el contador público Ramón Valentín Montalvo emitieron 26 solicitudes de préstamos bajo los programas Paycheck Protecting Program (PPP) y Economic Injury Disaster Loan (EIDL), de la Administración federal Pequeños Negocios (SBA, en inglés) y a una institución financiera.

Estos fondos estaban destinados para, entre otras cosas, el pago de nómina y deudas fijas en medio de la emergencia causada por la pandemia de COVID-19.

En el pliego también figuran la empresa RVIP Group Corp., de la cual Ricardo es propietario, y las empresas JCA Development Inc., JCA Packaging Group y JCA Industrial Supply Corp., a nombre de Edgardo., informó Stephen Muldrow, jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, en una conferencia de prensa.

Los acusados -que enfrentan 12 cargos- habrían ofrecido y prometido $69,500 en sobornos a un empleado de una institución bancaria para influenciarlo y recompensarlo en el desembolso de los fondos. En el pliego, se especificó que el alcance del empleado era tal que tenía acceso a los sistemas internos de la institución para así procesar los préstamos y autorizar los desembolsos.

De igual forma, los acusados supuestamente reclutaron a otras personas para obtener los préstamos bajo los programas PPP y EDIL.