La jueza de distrito federal Silvia L. Carreño Coll denegó una moción conjunta de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, del banquero Julio Herrera Velutini y del exagente Mark Rossini, para someter sus alegatos de culpabilidad mediante videoconferencia, por lo que tendrán que comparecer al Tribunal federal en Hato Rey en una fecha por determinar.

En la orden de cuatro páginas emitida este martes, Carreño Coll denegó la petición de los acusados para hacer sus alegatos mediante videoconferencia y les dio hasta el 15 de julio para presentar una moción conjunta en la que establecerán su disponibilidad para celebrar las respectivas audiencias.

“Aunque están ahora acusados de un delito menor, sigue siendo un delito que lacera la integridad de nuestro proceso electoral democrático. El delito imputado representa un ataque a un principio fundamental de nuestra sociedad democrática: elecciones libres y justas. En consecuencia, el Tribunal no ejercerá su discreción para permitir que las audiencias de lectura de cargos y alegatos sean celebradas por videoconferencias”, resaltó Carreño Coll.

La jueza de distrito comenzó el escrito citando el caso Donald Trump v. United States (2024), donde se estableció que “cuando el Gobierno Federal considera que alguien ha infringido una ley penal y decide ejercer su discreción procesal para buscar un castigo por dicha violación, persuade a un gran jurado de que existe causa probable para acusarlo”.

Según Carreño Coll, eso fue lo que hizo la Fiscalía federal cuando formuló cargos, en el 2022, contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por cargos de conspiración, soborno y fraude electrónico.

“El expediente judicial muestra que, durante casi tres años (sin contar los años que las autoridades investigativas dedicaron a indagar sobre las alegaciones contenidas en la acusación formal), el Gobierno procesó con diligencia su caso contra dichos acusados”, sostuvo en la orden.

En ese sentido, añadió que el récord demuestra una práctica procesal extensa, y las minutas de las vistas reflejan las disputas relacionadas con el voluminoso descubrimiento de prueba que se le entregó a los abogados de defensa.

“El expediente también confirma las disputas colaterales sobre descubrimiento de prueba que surgieron entre varios acusados y terceros. De manera aún más fundamental, el expediente demuestra que el Tribunal denegó varias mociones de desestimación que cuestionaban la suficiencia de la acusación formal”, sostuvo.

Sin embargo, Carreño Coll mencionó que, “en un giro de los acontecimientos”, los acusados anunciaron que alcanzaron un acuerdo con el Gobierno, “se presume, siguiendo directrices emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos”.

“Conforme a ese acuerdo, informaron que la Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico ya no litigaría los cargos contenidos en la acusación formal”, añadió la togada en la orden.

Tras el acuerdo, los acusados pasaron de enfrentar los cargos antes mencionados a declararse culpables por una violación a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA).

“De manera sorprendente, la pena por violar la Sección 30121 de la Ley FECA es una mera palmadita en la mano en comparación con las sentencias que hubiesen enfrentado de haber sido encontrados culpables mediante el pliego original. Pero, la decisión del Gobierno de cambiar el rumbo en el último momento está permitida porque, en última instancia, es el Gobierno quien decide cómo va a ejercer su discreción procesal”, enfatizó Carreño Coll.

“Puesto que este tribunal no violará los principios de separación de poderes, y porque ostenta el máximo respeto por la Constitución y el estado de derecho, no le queda otra opción que respetar la decisión del Gobierno”, subrayó Carreño Coll.

No obstante, indicó que, en cuanto al “cabo suelto” de la vista de alegación, Carreño Coll indicó que será presencial , pues “aunque ahora se declararán culpables por un delito menos grave, sigue siendo una ofensa que lacera la integridad de nuestro proceso electoral democrático. El cargo representa un ataque contra un principio fundamental de nuestra sociedad democrática: elecciones justas y libres”.

En agosto de 2022, un gran jurado emitió una acusación de siete cargos contra Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos.

En resumen, todos los acusados enfrentaban cargos por conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos. Sin embargo, Herrera Velutini también enfrentaba cargos que se relacionan con un esquema de soborno distinto.

De concretarse la alegación de culpabilidad, estos siete cargos imputados se reducirían a uno solo por violentar la ley federal que prohíbe donaciones de extranjeros en procesos eleccionarios. De hecho, las autoridades federales emitieron el pasado 30 de junio el nuevo cargo que se le imputa a cada uno de los acusados en este notorio caso.

Presuntamente, Vázquez Garced; Herrera Velutini, propietario de Bancrédito; Rossini, consultor profesional; y otras personas no acusadas formalmente participaron en un esquema de soborno mediante el cual la exgobernadora presuntamente reemplazó al jefe de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, por una persona elegida por Herrera Velutini a cambio de contribuciones políticas y servicios de consultoría, según el documento judicial.

Este cambio de personal supuestamente ocurrió luego de investigaciones de la OCIF sobre posibles violaciones regulatorias por parte de Bancrédito.

Tras ser arrestados, los tres acusados habían hecho previamente alegación de no culpabilidad.

De hecho, el 4 de agosto de 2022, al salir del tribunal, Vázquez Garced declaró a la prensa que se estaba cometiendo “una gran injusticia”. “Reitero ante mi pueblo y ante todos ustedes que soy inocente”, dijo.

“Han cometido una gran justicia y mis abogados trabajarán con eso... No puedo hablar sobre los hechos”, agregó la exmandataria, quien argumentó que no vio la conferencia de prensa de las autoridades federales, celebrada ese día más temprano.

Al igual que hizo hace meses, cuando se comentaba que sería arrestada, Vázquez Garced se reafirmó en su inocencia. “No he cometido delito alguno, ninguna irregularidad. A mi pueblo siempre le he hablado de frente, y ahora me toca defenderme de lo que han hecho. Pero les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo en esta radicación de cargos”, afirmó.

En cambio, se declararon culpables –por separado y cooperan con las autoridades– John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, y Frances Díaz, quien trabajó como ejecutiva en Bancrédito. Blakeman y Díaz son pareja.