Esta semana, el gobierno de Nueva Zelandia presentará el primer presupuesto en el mundo occidental centrado en el bienestar de su gente. Entre sus prioridades: reducir la pobreza infantil y atajar la violencia familiar; facilitar la transición a una economía sostenible y con menos emisiones; y apoyar la salud mental, en particular de los más jóvenes. El Gabinete tendrá que diseñar políticas medibles alrededor de una meta: que las personas tengan las competencias que necesitan para disfrutar de una vida con propósito, balance y con sentido para ellos.

Nueva Zelandia da guías. Su primera ministra, Jacinda Ardern, despunta como referente de un nuevo liderazgo. Además de impulsar el presupuesto de bienestar, Ardern, de 38 años, sabe que el cambio climático es la mayor amenaza global. Este mes, presentó legislación para eliminar la emisión de gases de efecto invernadero, excepto el metano, en 30 años. También, con sensibilidad y firmeza, ha hecho frente al germen de la intolerancia, otra gran amenaza que, propagada en forma de nacionalismo supremacista blanco, movió a un fanático a asesinar a medio centenar de congregantes en dos mezquitas de la usualmente pacífica nación.

No podemos abstraernos de nuestra realidad fiscal y política, pero Nueva Zelandia enfrenta los mismos retos globales que enfrentamos nosotros.

El reenfoque presupuestario de Nueva Zelandia responde al desbalance entre crecimiento económico (proyectado en 2.5% este año y 2.9% en 2020) y una creciente cantidad de ciudadanos relegados por un sistema basado en los indicadores clásicos. Hay más suicidios, más personas que requieren asistencia alimentaria y hay más gente sin techo. Menos son dueños de sus viviendas y los salarios permanecen estancados.

Tras Nueva Zelandia vienen otros países y ciudades (de todo tipo y tamaño) que alinearán sus presupuestos con las Metas Globales, marcando así la ruta hacia el futuro. Son países visionarios, atrevidos y valientes —casi todos desconocidos para nosotros— que se han atrevido a romper con un modelo económico que no avanza el bienestar del país y no lo armoniza con el desarrollo económico. Son economías sociales a seguir y deben constituirse como nuestro marco de referencia.

Y estas economías son las que frenan los éxodos de profesionales, proveen educación de calidad mundial, apuntalan la red de seguridad social, generan nuevos tipos de empleos y capital local. Viabilizan la supervivencia de sus sociedades.

Las coordenadas del desarrollo macroeconómico están dadas y las conocen bien el sector empresarial y el gobierno.Pero, las coordenadas del desarrollo social permanecen olvidadas. Y eso es muy peligroso, sin desarrollo social, no hay desarrollo económico.

Al igual que en otras partes del mundo, la población de Puerto Rico envejece y se empobrece. Sectores productivos de nuestra sociedad emigran. La violencia se manifiesta contra los niños,ancianos y mujeres. Y también se demuestra contra nuestro entorno natural.

Una científica coautora del estudio sobre la pérdida de biodiversidad mencionado en mi columna pasada, insta a redimensionar las decisiones económicas, de comercio o infraestructura, para considerar el impacto al ecosistema, similar a como deberían tomarse en cuenta las implicaciones sobre salud y derechos humanos.

Tres voces callaron para siempre en Puerto Rico en las tres últimas décadas. Tardaron millones de años en evolucionar. Nuestros bisabuelos quizás las oyeron, pero yo de seguro nunca y mucho menos nuestros hijos. Por años, el profesor Rafael Joglar, con quien converso en mi video-podcast de hoy, advirtió del riesgo de extinción de especies nativas, como el coquí. La pérdida de biodiversidad no es solo animal o vegetal, es también humana.

Algún vacío habrá dejado la ausencia de esas voces en nuestras almas, como lo dejan en nuestras vidas y al país las voces que callan ante la indiferencia y la desigualdad.