Mientras el debate en el país se concentra en el Código Civil —que es importante, no lo niego— y en la aplicación retroactiva de los veredictos por unanimidad —una Caja de Pandora que puede abrirse más temprano que tarde—, en la sala de la jueza Laura Taylor Swain se dirimen asuntos de vida o muerte para Puerto Rico.

La semana pasada, la jueza que lleva el proceso de quiebra bajo la Ley Promesa se reservó el fallo sobre el reclamo de varias aseguradoras municipales (me refiero a las que aseguran los bonos que emiten gobiernos estatales o municipales), que han exigido por enésima vez que se levante la suspensión automática de litigios, o que, por el contrario, protejan sus derechos como garantizadores de los bonos de la Autoridad de Carreteras, la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura y la Autoridad del Distrito de Convenciones. O sea, casi como desplumarnos en vida.

Puedo explicarlo de otra forma: más que de la evolución del coronavirus, más que del nuevo Código Civil, más que de los veredictos unánimes, nuestra vida entera ahora mismo pende de un hilito cuya fortaleza, o fragilidad, se procesa en la mente de una sola mujer: la jueza Laura Taylor Swain.

Es ella quien habrá de decidir si nos caen encima las demandas, como una marea de pirañas, o si les permite a las aseguradoras ser indemnizadas por las buenas, y tomar dinero del fisco por concepto de las deudas que garantizaron. Llevan cuatro años pagando a sus asegurados sin recibir ni un centavo de los deudores.

Una tercera opción, por la que también podría inclinarse la jueza, es la que sostiene la Junta de Control Fiscal, que dice que la Ley Promesa “tiene el campo ocupado” y va por encima de todo lo que haya acordado Puerto Rico a la hora de emitir la deuda. Óiganlo bien: por encima de las leyes de Puerto Rico. Por lo tanto, solo la Junta puede reevaluar las acreencias y “modificar razonablemente las obligaciones”.

Durante más de cinco horas, en una conferencia telefónica en la que participaron 48 personas, entre abogados, oficiales de la corte y periodistas (estos últimos en calidad de oyentes), los representantes de las aseguradoras mantuvieron un pulso con los abogados de la Junta para que la jueza tome finalmente una decisión de la que dependerá que el país sobreviva, o que, por el contrario, salgamos de una pesadilla (la del COVID) solo para entrar en otra: la de la bancarrota cruda.

¿Qué esperaban los que perdieron tiempo y dinero acudiendo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para que declarara inconstitucionales los nombramientos de la Junta Fiscal, y las acciones que habían tomado hasta el presente? Le ahorraron la gestión a los representantes de los bonistas. Eso hicieron.

El Supremo votó por unanimidad que la Junta Fiscal es absolutamente constitucional y que su autoridad es inapelable. ¿Ustedes oyeron a los candidatos decir qué van a hacer con esa realidad? Claro que no.

Están en la luna.

No se han dado cuenta de que los magistrados que componen el Supremo federal tienen una responsabilidad primaria con la esencia y la estabilidad de esa potencia mundial de la que Puerto Rico es solo una jurisdicción. En la balanza de lo que es la razón y la integridad jurídica, en los seres humanos pesan también las convicciones, el sentido intrínseco del deber y la visión de futuro. ¿Alguien le había contado a este pueblo las consecuencias, a corto plazo, de anular las decisiones y acuerdos de la Junta Fiscal, y sus intervenciones, como por ejemplo en estas vistas que se celebran con las aseguradoras municipales?

Qué va. Los políticos están ocupados desafiándose para pelear a puños en la Cámara, o yendo a los programas del mediodía, o montándole cara a la Comay. En eso se les va la vida.

Pero hay otra cuestión de fondo, de historia, de sentido común: ¿hay algo más colonial y engañoso que recurrir al tribunal más importante del imperio, y esperar que prevalezca el desafío a las instancias más sagradas de ese mismo imperio, como son el Congreso y la Casa Blanca, independientemente de quién sea el inquilino? No seamos ingenuos, o acaso ambivalentes, que es más penoso que ser ingenuos.

Hay una cosa que se llama metrópoli, y otra que se llama colonia. La independencia puede declararse unilateralmente. La estadidad es consensuada: si el otro no quiere, no hay nada que decirse. Esto que vivimos es la dimensión desconocida. En ella braceamos en círculo hasta ver qué pasa.

Hoy mismo, y pendientes de los labios de la jueza Swain, nos estamos agarrando a un clavo ardiendo. Esas aseguradoras municipales que han ido a suplicar que les permitan demandarnos, o que en su defecto las dejen nombrar síndicos que les aseguren un dinero por todo lo que ya han soltado a sus asegurados, no van a tener compasión, ni pensarán en los comedores escolares, ni en los techos azules, ni en la fantochada de las primarias, ni en el juramento de campaña de los afiebrados, que nunca le han hablado claro a este país, y que hacen demagogia con aquello de que “a la Junta, ni un vaso de agua”. Los acreedores contentos con que no le den agua. Es más, por ellos que le den cianuro. Si están peleando con la Junta en corte.

Como colofón, el país es más dependiente que nunca de las remesas federales. El crimen es que evadan la discusión de todo esto. Que metan la cabeza bajo tierra como el avestruz. El horizonte político local es pura granja de avestruces.