Terminó la encuesta. Ya. Tranquilos. Esperemos con calma por la próxima. Como dije en una columna anterior, en Washington se están tomando en este instante decisiones cruciales sobre los fondos del Medicaid para los territorios. El que tiene la sartén por el mango parece ser el congresista republicano Charles Grassley, de Iowa (figúrense: Iowa), que anda pidiendo información sobre el uso que se le ha dado a esos fondos en Puerto Rico.

El congresista quiere “auditorías forenses anuales” sobre el manejo de las asignaciones, y, si no se cumpliera con esa condición, bajaría hasta el mínimo la aportación federal para los servicios de salud en la Isla. Así son las cosas, y ése es el año que nos espera.

El corresponsal de El Nuevo Día en Washington dice que, de convertirse en ley el borrador de Grassley, “el pago promedio de Medicaid deberá cumplir con los requisitos que establezca el Secretario de Salud de los Estados Unidos”, o de lo contrario Puerto Rico enfrentará un 20% de reducción en la aportación federal. Eso quiere decir que habría que andar más derechitos que una vela, para evitar que una altísima parte de la población se vea afectada, limitada en su acceso a cuidados, estudios y medicinas.

La cosa es tan seria, tan inquietante en todos los sentidos, que no me explico cómo los partidos políticos y los movimientos emergentes, andan alardeando de todo lo que van a hacer en el campo de la salud —proyectos fantasiosos, cogidos con alfileres porque no tienen con qué costearlos— y no exponen una estrategia verdaderamente realista para cumplir con la disciplina que impondrá el Congreso. En eso tienen que poner su cacumen, y a eso deben dedicar todas y cada una de sus neuronas, pero no dejarlo para más tarde, sino desde ahora mismo.

Estados Unidos ha decidido que las asignaciones para la salud se liberen siguiendo un estricto panel de controles, y que la Isla le rinda cuentas al Congreso. Para ello deberá ponerse en marcha un sistema de contabilidad especial (apunten esa), que verifique cómo se manejan los programas, a la vez que le ofrezca suficiente información a la Oficina de Contraloría General, la famosa GAO, para que ésta emita informes periódicos sobre las subastas y otorgamientos de contratos.

Nada que prometa ningún candidato a la gobernación, ningún comisionado residente, ningún legislador, puede transgredir tales medidas. Todo lo que le digan al país, que atente contra esos límites congresionales, será un rotundo embuste.

El Congreso tiene la facultad de estirar o recortar los fondos (lo estamos viendo, me parece). Y da la casualidad de que Puerto Rico, que a duras penas se desliza por el oscuro desfiladero de su crisis fiscal, no cuenta con fondos independientes o propios para dar asistencia digna a cientos de miles de médico-indigentes. Así que hay que tragar con las auditorías y las revisiones que, de haberse aplicado hace tiempo, nos hubieran ahorrado la vergüenza de las corruptelas, o la manita suelta de personajes como el Velázquez Piñol y otros de su calaña. De ahora en adelante, será más difícil organizar chanchullos con los fondos para los planes de salud, aunque no imposible. Ese andamiaje requerido por el Congreso para mantener a todos a raya, precisará la colaboración rotunda del gobierno local. De la administración presente y de la que finalmente ocupe su lugar en 2021.

Estamos a ley de nada para que ocurra un remezón muy serio, como por ejemplo este del Medicaid, y en las reacciones a La Encuesta yo he visto un poco de banalidad en los candidatos. Es como si no supieran que el concepto político tradicional se fue a pique, y eso va a repercutir en las campañas y resultados electorales. Teniendo en cuenta que todavía falta un año para los comicios, me parece que, poco a poco, la ruta se hará más escarpada para todo aquél que intente ofrecer milagros sin explicar cómo ha de financiarlos. En el pasado, la gente y los mismos políticos apostaban a que el dinero iba a aparecer. Eso duró hasta la campaña de Ricardo Rosselló. Cuatro años más tarde, nos han quitado la venda de los ojos. Atados como estamos al plomo de una bancarrota, los candidatos a puestos electivos no pueden fanfarronear impunemente de todo lo que van a resolver, y todo lo que harán por complacer.

El elector — en especial ese que no aprueba ni desaprueba, que me da muchísima gracia—, tiene que convencerse de que hay que echar a andar medios de producción distintos, levantar un proyecto económico que no dependa en tan alto grado del consumo.

Total, que concluyó el sondeo y prometí no poner ni una palabra de eso. Solo me faltó escribir una cosita sobre el nivel de apoyo a la Junta de Control Fiscal, cuyos resultados indican que cayó en picada. Da igual que ese nivel de apoyo fuera chupado por un agujero negro o lanzado a la Fosa de Puerto Rico. El año que viene, la caída en picada va a atravesar la gráfica y la mesa del grafista. La Junta dejará de ser sondeable por desaprobación absoluta. Pero qué más da si es una herramienta del Congreso, y lo único que podría hacerse es preguntar si el elector aprueba o desaprueba al Congreso.

Esperaré ansiosa por ese resultado.