Edgardo Rodríguez Juliá

Puertorro Blues

Por Edgardo Rodríguez Juliá
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Edgardo Rodríguez Juliá: “No hay caso”

El compás de espera posiblemente dure toda una generación, veinticinco años; entonces estaremos aptos, quizás, para liquidar el colonialismo. Mi amigo puertorriqueño me corrige desde Francia, donde ha vivido por más de treinta años: “No hay caso. Eso durará indefinidamente. Puerto Rico se convertirá en un sitio de inversión turística y “playground” para inversionistas ricos, algo así como les ha ocurrido a algunas excolonias francesas en el Norte de África”. Es una profecía algo endurecida en su implacable lógica: incapaces de enfrentar el siglo XXI a causa de nuestro pésimo sistema educativo, sin los recursos ni el capital para un nuevo modelo de desarrollo, nos quedan las bellezas naturales y el turismo como salida al desempleo y la tentación de mudarnos a Kissimmee. Será como aplicar el modelo de desarrollo de Vieques a la Isla Grande: “gentrificación” por todos lados y pocos propietarios puertorriqueños a la vista. ¿No fue Pedro Rosselló quien vaticinó que nuestro mejor porvenir sería el turismo?

Juan Antonio Corretjer llamaba a Pedro Albizu Campos, con gran tino, “el profeta de la desesperación”. Ya a principios de los años cincuenta es posible que Albizu Campos viera nuestra integración definitiva, mediante el ELA, al sistema político, social y económico estadounidense. Eran los años en que Luis Muñoz Marín y el Partido Popular reclamaban ser los protagonistas de una esperanza para el país: mayor gobierno propio, la creación de una clase media, la industrialización, la movilidad social promovida, sobre todo, por la Universidad de Puerto Rico y una educación superior. Hoy en día, en todo caso, el ELA y la figura de Muñoz Marín serían una profecía de la desesperanza. Muy a pesar de él y de su obra política —la más importante desde el obispo Arizmendi, al bate lo que es del vate— estamos sumidos en un insoluble tranque histórico. Si es cierto que el futuro es de los jóvenes y a nosotros los viejos nos correspondería callar, también está claro que mi generación ha sido la última en reconocer el conflicto del país con cierto grado de gravedad: los funcionarios y políticos jóvenes fluctúan entre los oficios de una perenne auditoría—a causa de la crisis fiscal y la corrupción que ya nos ha vuelto notorios— y una inevitable cercanía a los procesos políticos continentales. Solo en los deportes conservamos cierta autonomía, la certeza de ser un país aparte.

Muñoz Marín apostó siempre a una lejanía, cierta distancia respetuosa, entre la Casa Blanca y La Fortaleza. Veamos cómo esa distancia ha desaparecido: las notables garatas, dimes y diretes entre el presidente Trump y el renunciado gobernador Rosselló testimoniaron una intimidad política impensable setenta años atrás. Es una integración que supone, justo, unas condiciones materiales de total dependencia y la cercanía del “media” estadounidense, con el achicamiento global a causa de las “redes sociales”. Cada vez ese “media” norteamericano destaca más nuestra presencia en la políticanorteamericana, y no como protagonistas de gestas de libertad, o igualdad política, sino como gestores de paridad en fondos federales y ayudas, destinados a todos los renglones de la vida colectiva, desde vivienda y salud—el gobierno federal financia el cien por ciento del plan de salud del gobierno—hasta educación, pasando por la vulnerable seguridad pública y la alimentación adulta e infantil, las ayudas del PAN y WIC. La dependencia arropa toda nuestra vida material: la vivienda para guarecernos, formar familia, procrear, la escuela para educar y la salud para el bien morir. Si en los sesenta y setenta el independentismo hablaba de “substitución de importaciones”, hoy tendríamos que hablar de “substitución de dependencias”. Ello así a pesar de defender las peleas de gallos como reivindicación patriótica y el reclamo de potestad sobre yacimientos arqueológicos.

Demás está decir que las funciones de la Junta de Supervisión Fiscal han coartado, vuelto inoperantes, los reclamos del ELA como estatus autonómico. Efectuada la quiebra, queda ese síndico que interviene en nuestra política sin un mandato de los electores, vulnerando así nuestras instituciones democráticas.

El tranque histórico es una serpiente de muchas cabezas, pero cuya manifestación más visible es nuestra ya ancestral contradicción entre nacionalidad y dependencia. Cada vez que reclamamos ser un país aparte, con instituciones políticas y civiles puertorriqueñas, ahí está la dependencia de los fondos federales para desmentirnos. Siempre que pensamos en Puerto Rico como una entidad geográfica con una trayectoria histórica, ahí está la creciente emigración para cuestionarnos. Cuando pensamos en posibilidades de desarrollo económico, sabemos que el capital —ahora como a principios de los años cincuenta— será norteamericano, o simplemente no estará disponible. El Estado Libre Asociado ha sido incapaz de abrirnos una ventana al mundo que no esté coartada por la relación colonial. A veces nos entran las musarañas de pensarnos país, en los setenta soñamos con el llamado “Superpuerto”, en los noventa cacareamos el grandioso Puerto de Ponce. Seguimos siendo isleños que sueñan con un mundo, cada vez más pequeño, aunque también más ajeno.

La independencia no es opción para los puertorriqueños. No la queremos. Nunca la hemos querido. Además, somos una nacionalidad irremediablemente dividida. Si los de acá no la quieren, es improbable que la independencia sea un ideal para muchos puertorriqueños de la llamada diáspora. De buenas a primeras, tendrían parte de la familia viviendo en un país extranjero. Eso podría tener solución política, hasta diplomática. Posiblemente los puertorriqueños no deseamos corrernos el riesgo. La entrada y salida a tan vasto mercado de trabajo es algo que apreciamos, cada vez más, en momentos en que buena parte de Centroamérica audiciona para entrar al Norte. Como los jóvenes del malogrado Brexit, los jóvenes puertorriqueños, los más aventureros, siempre preferirían cincuenta estados en vez de uno para conseguir empleo, o “beneficios”.

Pero la posibilidad de la estadidad a mediano plazo es todavía más irreal que la propia independencia. Los Estados Unidos vive un momento de paranoide xenofobia. De pronto nos convertiríamos, ante los ojos del norteamericano continental promedio, en tres millones de “inmigrantes ilegales” que hablan español, como los hondureños y salvadoreños, y no ciudadanos americanos de segunda con aspiraciones de igualdad. Nuestra situación económica de dependencia nos convierte en seres caricaturescos: ¿A quién se le puede ocurrir lograr ingreso a un club de ricos con la manita extendida?

Carmen Yulín Cruz habla de una doble ciudadanía, que suena bien. Prefiere no hablar de cómo su sobreranía pretendida creará una mayor independencia económica, o ese desarrollo que vivimos de los años cuarenta a los ochenta.

Si la tan cacareada “diáspora” votara en un plebiscito, nos encontraríamos con el siguiente “conundrum”, o dilema insoluble: Si votan por la estadidad, ya la tienen. Votarían por una independencia que no vivirían. O por una colonia, o “territorio”, del cual se emanciparon. Estoy de acuerdo con mi amigo, el boricua francés: “No hay caso”.

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