Eduardo Villanueva

Punto de vista

Por Eduardo Villanueva
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El Plebinsulto

Viene una consulta al pueblo el día de las elecciones, para que el pueblo pretenda decidir si quiere ser estado federado o no. Hay que analizar varios aspectos de ese evento que el gobierno federal objeta y pretende modificar. Algunas premisas  nos ayudarán a ubicarnos en relación al sí o al no, si participamos. Si vamos a objetar la consulta, las circunstancias en que se celebra, objetamos que la ley pretenda criminalizar el ejercicio del boicot o la abstinencia predicada. La libertad de asociación y la libertad de expresión, protegidas tanto por la Constitución de nuestra nación, que es Puerto Rico, como la Constitución federal, permiten atacar cualquier intento de castigar penalmente la oposición pública a la ley.

El gobierno federal, a través del Departamento de Justicia, ha anticipado al congresista Serrano que la consulta que pretenda tener el aval federal y recibir los $2.5 millones para educar al pueblo sobre las alternativas, tiene que incluir la opción territorial. El gobierno de Estados Unidos no admite que tiene colonias, pero pretende ejercer su poder económico y militar para obligar a que un pueblo con personalidad nacional, en sentido sociológico, consienta al status de territorio no incorporado, que es el eufemismo para no llamarlo colonia. El imperio presiona para que se adopte la colonia por consentimiento. En una consulta anterior, la mayoría de nuestro pueblo fue convocada al boicot electoral y lo refrendó  votando solo el 23 % y absteniéndose el 77%. La legislatura actual pretende suprimir el derecho a rechazar el coloniaje por consentimiento, imponiendo una sola opción que es la estadidad, siendo esta la culminación del coloniaje. 

Los estadistas puertorriqueños no entienden el concepto de lo que es la federación norteamericana. Por la unión y el surgimiento del federalismo para construir una nación homogénea en soberanía, que luego se convirtió en un poderoso imperio militar que aún subsiste, Estados Unidos peleó una Guerra civil. Las nuevas repúblicas que se independizaron de Inglaterra, en una asamblea constituyente, cedieron la mayor parte de sus poderes soberanos y se quedaron, para fines de gobierno interno, con lo que llamaron poderes residuales.

Eso es lo que actualmente es el gobierno de Estados Unidos; un imperio que tiene cincuenta estados federados, un territorio incorporado, Washington D.C. y varios territorios no incorporados, sujetos a los poderes plenarios del Congreso. Eso han ratificado los distintos informes de Casa Blanca sobre el status de Puerto Rico y los casos de Franklin (la quiebra criolla) y Pueblo vs Sánchez, en el cual se ratifica que hay una sola soberanía plena, que es la que ejerce el Congreso federal. Hay un choque de derechos y de poderes planteado en este momento histórico: por un lado, el derecho internacional, que en Resoluciones de la ONU y en diversos tratados sobre derechos humanos ha establecido que el coloniaje es un crimen contra la humanidad. Por otro lado, el derecho de Estados Unidos a autodeterminarse, arguyendo que es jurídicamente válido seguir teniendo territorios no incorporados. 

Puerto Rico votó en un referéndum con amplia participación contra el status territorial; 54% a 46%. El gobierno federal pretende, en el ejercicio de su poder imperial, revocar esa voluntad mayoritaria contra el territorio. Pretenden que se restituya el consentimiento perdido a favor del territorio, según lo invocaban desde 1952 y a través de la Resolución 748 de la ONU. El regreso a la legitimación del territorio sería un “plebinsulto” y habría que rechazarlo plenamente. A la consulta: estadidad sí o no, debemos votar no. Si incluyen el territorio de nuevo, el deber impuesto a los que defienden la autodeterminación es el boicot en la calle y en los tribunales. 

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