Nilsa Pietri Castellón

Punto de vista

Por Nilsa Pietri Castellón
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El robo de $2.6 millones… y aquí no ha pasado nada

Pero, pero, ¿cómo es posible que, a estas alturas, personal encargado de fondos públicos en una agencia de gobierno caiga en un “pescaíto” cibernético que podría resultar en un desfalco de $2.6 millones?

Pues pasó. Más bien, se repitió el fraude de 2017 contra el Departamento de Hacienda, esta vez en la Compañía de Fomento Industrial (Pridco) y, posiblemente, también en la Administración de Sistemas de Retiro.

En 2017, Hacienda perdió $30 millones diarios por un período no especificado de tiempo al caer víctima de un esquema de fraude similar al revelado ahora en Pridco, que está bajo investigación de las autoridades federales.

Se trata de algo grave, muy grave. Los funcionarios y empleados gubernamentales, sobre todo aquellos que manejan dinero público, tienen que estar a prueba de trampas.

Cualquiera de nosotros, simples mortales, solemos ser más suspicaces cuando recibimos esos correos electrónicos que nos instruyen a enviar nuestros datos para comprar algo, o para recibir un servicio, o más comúnmente para atender una situación bancaria.

En Pridco no. Allí reciben un correo fraudulento cambiando la ruta acostumbrada para el envío de remesas y le hacen caso sin verificar la procedencia ni la identidad del remitente. Sin dudarlo, transfieren $2.6 millones a una cuenta distinta a la usual y ya está: el fraude se ha consumado.

Parece, según se puede interpretar leyendo la historia de portada de este diario, que la reacción gubernamental ha sido bastante tibia.

Primeramente, el país se enteró de lo ocurrido a través de una querella policiaca interpuesta por el director de finanzas de Pridco en la que denunciaba el robo de más de $2.6 millones mediante un cambiazo cibernético.

Confrontado el gobierno, La Fortaleza confirma que, además, podría haber ocurrido algo similar en Retiro y, ya puestos, sabe Dios en cuantas agencias más. 

¡Así quiebra cualquiera! Es más, con una buena defensa, los exgobernadores bajo cuyas administraciones se cuajó la crisis fiscal de Puerto Rico podrían cantarse inocentes y alegar que les sustrajeron miles de millones de las cuentas del gobierno.

Está muy bien que se investigue y que se fijen responsabilidades, pero de entrada hay que tomar provisiones que tal parece no se han tomado hasta ahora, como alejar preventivamente de tareas financieras a los empleados y/o funcionarios embaucados.

En cuanto al secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, que también dirige Pridco, corresponde que renuncie o se le destituya por la responsabilidad vicaria que tiene en el asunto.

Es una vergüenza que un país quebrado como el nuestro tenga que aguantar, encima de la corrupción, que también le robe cualquier “hacker” agazapado en las redes.


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