Ricardo Alegría Pons

Punto de Vista

Por Ricardo Alegría Pons
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La política descafeinada

I.

Una situación colonial es siempre una relación asimétrica entre la metrópoli y la colonia, en la cual la primera rentabiliza con creces su beneficio en relación a su gasto de operación. Si sus gastos resultaran mayores que los beneficios, no sería negocio para la metrópoli mantener su colonia.

Ha sido ampliamente documentado cómo la economía de la isla se afectó a raíz de la invasión norteamericana de 1898, al situar a Puerto Rico dentro de las barreras arancelarias norteamericanas, privar la industria del café de sus principales mercados europeos y la devaluación de la moneda en curso.

Mas recientemente, economistas como Francisco Catalá y Marta Quiñones, entre otros, han demostrado a cabalidad el efecto adverso para Puerto Rico de esa relación asimétrica. Basta tomar en cuenta las enormes ganancias diarias de megatiendas y cadenas de comida rápida inyectadas a la economía norteamericana, y la obligación del uso de la marina mercante de los Estados Unidos por imposición de la Ley Jones. 

Conviene señalar, como cuestión de hecho, que estados como Alaska y Hawaii con representación en el Congreso federal, a pesar de su oposición, no han logrado la revocación de la aplicabilidad de dicha ley de cabotaje. Como tampoco el estado de Luisiana logró oponerse a la prohibición federal a las peleas de gallos en estados y territorios. Esto sencillamente porque la soberanía real descansa en la federación, no en los estados, en rigor provincias o departamentos. 

Esta realidad resulta en problema mayúsculo en un caso como el nuestro, sociedad con idioma, cultura, valores (sí, el ay bendito y la solidaridad) e idiosincrasia diferente.

II.

Nada de extrañar, entonces, que la política puertorriqueña siempre haya girado en torno al problema del estatus, lo cual en el fondo no es otra cosa que de la ausencia de soberanía. 

Para Robert W. Anderson – que le dedicó su tesis doctoral a las particularidades de la política puertorriqueña:

[E]l verdadero caballo de batalla entre los partidos puertorriqueños lo constituye su orientación ‘política’, es decir, sus respectivas posturas oficiales con respecto a la constitución del estado. (R.W. Anderson - Gobierno y Partidos Políticos en Puerto Rico - Ed. Tecnos, 1970, p. 243)

Sin embargo, ocurre algo curioso, hay consenso unánime en que la política puertorriqueña carece de sustancia que le impide trascender de politiquería a política, debido a la ausencia de soberanía; pero como sostiene Anderson, a pesar de que el asunto del estatus “adquirió capital importancia en la oratoria política de Puerto Rico mucho antes de que llegasen los norteamericanos a fines del Siglo XIX, sin embargo, no constituye una cuestión de vida o muerte ni un lema lo suficientemente vigoroso para impedir que los partidos políticos se prestasen a seguir el juego normal de compromisos y componendas”. [Id. p. 244]. 

En efecto, señala Andersoncómo el Partido Unionista, la Alianza Puertorriqueña, el Partido Liberal y el Partido Popular Democrático, adoptaron todos posturas a las cuales se refiere como “cambiantes, eclécticas, relativistas y acomodaticias” respecto al estatus.

En sentido análogo, describe Manuel Maldonado Denis que, a partir de 1898, aquellos liberales autonomistas del siglo XIX, los incipientes partidos Federal y Republicano de Muñoz Rivera y Barbosa respectivamente, “lucharán de ahí en adelante por obtener concesiones y reformas mientras llega – si es que llega – la solución definitiva de nuestra condición política”. (Manuel Maldonado Denis, Puerto Rico una interpretación histórico-social, Ed. Siglo XXI, 1969, p. 82)

A la altura de este nuevo milenio resulta perturbadora la expresión del viejo maestro de que: 

“Cuando Barbosa y Muñoz Rivera comienzan a dar vueltas a la noria en 1899 tal vez no concibieron que en el 1968 nos encontraríamos en igual o parecida situación”. [Id. p. 82]

De allá para acá ha habido infinidad de vueltas, rodeos, con y sin zancadillas, para al final no llegar a ninguna parte. 

III.

El fin ulterior de la política es la toma del poder (la discrepancia reside en qué hacer luego con él). No obstante, todo proceso político supone siempre una función didáctica-educativa. Después de más de 500 años de aculturación política colonial, la soberanía política es un imperativo ineludible. 

No es lo mismo fórmula de estatus que formula descolonizadora. Por eso equipararlas legitimando la anexión, que es en rigor la culminación de la asimilación, confunde y desorienta.

Un jurista tan libre de sospecha de autoritario -Norberto Bobbio - ha expresado: 

“En una sociedad pluralista y democrática, en la que las decisiones colectivas son tomadas por la mayoría (de los ciudadanos y sus representantes), se considera interés colectivo lo que ha sido aprobado por esta; pero se trata de una simple presunción basada más en una convención útil que en argumentos racionales” (N. B. - Teoría General de la Política, Ed. Trotta, 2003, p. 242).

El postergar la apremiante necesidad de soberanía, anteponiendo una vez más como prioridad el atajar los mil y un problemas cotidianos recurrentes, cuya final y definitiva solución requeriría de poder real de decidir, no ilustra, soslaya. Es recurrir una vez más al parche evadiendo el cambio de la goma averiada. Es política sin cafeína. El café descafeinado no trastoca la somnolencia. La cafeína en cambio, espabila y desvela.

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