José G. Caraballo

Tribuna Invitada

Por José G. Caraballo
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Las limitaciones de los boricuas a la hora de conseguir abastos

Usted probablemente no pudo conseguir todos los bienes de primera necesidad que procuró en esta época de huracanes.

Las razones principales para que los comercios quedaran rápidamente sin inventario fueron varios: algunos consumidores acaparando el poco abastecimiento, las limitaciones que imponen las leyes de cabotaje, el impuesto municipal al inventario y la poca manufactura o agricultura local (según sea el caso) de los bienes solicitados.

Los consumidores acaparadores son pocos casos pues no todos tienen un nivel de ingreso que permita el consumo conspicuo y los mismos comerciantes racionaron estos bienes.

Las leyes de cabotaje, sin ambargo, representan un escollo para abastecer nuestra cadena de consumo. Estas disposiciones federales de hace casi 100 años obligan a que toda la mercancía que se trafique con Estados Unidos (nuestro principal socio comercial) tenga que transportarse en la marina mercante más cara del mundo y una de las más pequeñas.

Dada la situación en Houston, tras el paso de Irma por el Caribe, fueron muchos los embarques atrasados en los puertos de Florida y New Jersey.

Si los comerciantes locales pudiesen contratar otras marinas, hubiese sido más fácil traer los embarques atrasados y, lo mejor de todo, a un costo menor. Así, mucha de la mercancía que usted necesitaba comprar está en el puerto de Jacksonville esperando por esta marina costosa e ineficiente.

Por eso, es imprescindible que todas las coaliciones locales y de la diáspora apoyen el proyecto del senador John McCain para eliminar estas leyes de cabotaje. No solo bajaría el costo de vida sino que se abastecería mejor la cadena de consumo.

Otra barrera en la isla lo causa el impuesto al inventario del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Este impuesto debería ser candidato a eliminarse en la venidera reforma contributiva porque exige un impuesto de cinco a ocho por ciento (dependiendo del municipio) sobre la mercancía que está sin venderse, sin haber siquiera generado un centavo en ganancia.

Este impuesto pudiese sustituirse con un impuesto adicional a las ganancias de capital (que en Irlanda es mucho mayor) o con economías al consolidar las estructuras administrativas de los municipios.

No puede ser que la política pública sea disuadir a los comerciantes a tener niveles de abastecimiento superiores para estas crisis.

Peor aún, el que los alcaldes puedan otorgar exenciones discrecionales de este impuesto a algunas megatiendas extranjeras (a pesar de que se llevan nuestras riquezas) profundiza la distorsión de este impuesto porque causa una competencia desleal en perjuicio de los empresarios locales que deberíamos estimular.

A propósito de los empresarios locales: mucho se ha hablado de sustituir importaciones, pero poco se ha hecho. Se estima que los bienes importados componen cerca del 75 por ciento de nuestras canastas de consumo.

En la medida que los productores nuestros suelten la timidez y los consumidores prefieran los bienes locales sobre los extranjeros, podremos bajar ese porcentaje al menos a la mitad.

Eso ayudaría a mejorar la economía y a que en eventos extraordinarios como este no nos quedemos rápidamente sin abastos.

Tanto a nivel federal (las leyes de cabotaje) como a nivel estatal (impuesto al inventario) e individual (comprando productos locales en comercios locales) podemos acabar con esta situación que amenaza innecesariamente nuestra seguridad y limita nuestro potencial económico.

Ojalá que para el próximo huracán podamos bajar el porcentaje de personas que se quedaron sin productos de primera necesidad antes de que llegara María.

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