Eudaldo Báez Galib

Tribuna invitada

Por Eudaldo Báez Galib
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Los municipios y la Constitución de Puerto Rico

El debate sobre la reestructuración de los municipios se ha mudado de si deben ser consolidados, a independizados; lo que abre una controversia constitucional. Hay esa intención enmendándose la Constitución para incluir en ella la autonomía municipal.

El resultado sería eliminar la autoridad que ostentan Cámara y Senado sobre los municipios, así como la facultad de un gobernador para favorecer o vetar leyes relacionadas. Actualmente las municipalidades tienen acceso a esa autonomía mediante ley, la cual puede ser enmendada o derogada. Si la autonomía es parte de la Constitución, no se puede.

Pero antes que tome fuerza el inevitable debate, es imprescindible plantear que el estado legal de la relación entre Puerto Rico y EE.UU. apunta a que no es viable esa enmienda.

Nuestra Constitución establece (Sec. 3, Art. VII) que ella solo se puede enmendar, entre otras condiciones, si la propuesta es compatible con la Ley de Relaciones Federales. Y esa Ley dispone, específicamente, que Cámara y Senado son responsable legislativamente de los municipios (Art. 37). Para liberarse de esa responsabilidad tienen que ser relevados por el Congreso.

Valga señalar que no es invento del suscribiente. Ocurrió en la propia Convención Constituyente, subrayado en un intercambio entre Celestino Iriarte y Luis Muñoz Marín. Los Constituyentes tenían pleno conocimiento del tema; tan así, que se intentó incluir la autonomía municipal como un esquema constitucional. Sin embargo, los debates transcritos evidencian que ese no era el deseo de la mayoría de los miembros.

Es claro que de haber la Convención incluido esa autonomía municipal en el proyecto de constitución, el Congreso la habría tenido ante sí, y de autorizarla, habría derogado ese Artículo 37, eliminando así la asignación de autoridad legislativa directa sobre los municipios a Cámara y Senado.

¿Propuesta electoralista o de mejor gobernanza? Si la intención es genuina, el primer paso sería solicitar del Congreso que enmiende o derogue ese artículo. Pero, cautela, si es para un mero enamoramiento electoral ¡no revolvamos yaguas viejas! Recordemos, con angustia cívica, cómo el electorado votó a favor la unicameralidad y rechazó aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo. Dos mandatos burlados que marcaron cicatrices en nuestra historia política y se afectó seriamente nuestra democracia.

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