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La soga vuelve a partir por lo más fino. En el caso del pago de la deuda del gobierno central, los pensionados van a sentirlo en sus bolsillos. El acuerdo negociado por la Junta de Supervisión Fiscal con los acreedores en el caso que preside la jueza federal Laura Taylor Swain obligaría al gobierno a reducir en 8.5% las pensiones superiores a $1,500 mensuales. Si no se logra el consentimiento gubernamental, entonces la Junta amenaza con aplicar una rebaja de 10% a todas las pensiones mayores de $1,000 al mes.
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