Irene Garzón Fernández
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El puente ¿atirantado o politizado?

Nadie debe dudar, a inicios del año preelectoral, que el escándalo del puente atirantado de Naranjito será tema de discusión hasta la campaña de 2024. Está por verse cuán trascendental o inconsecuente será ese debate.

Las revelaciones surgidas de la investigación periodística de El Nuevo Día sobre la construcción e inauguración del puente se van a estudiar —y difícilmente a procesar judicialmente— a lo largo de este año, como puede deducirse de recientes declaraciones y acciones del Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor.

No parece haber duda, tan temprano como estamos en la pesquisa oficial, de que el puente se terminó a toda prisa en 2008 para que pudiera inaugurarse antes de las elecciones de noviembre. Asimismo, y lo que resulta aterrador, todo indica que se hicieron correcciones y terminaciones usando cartón, posiblemente la base de los problemas de seguridad que han acompañado al puente desde el comienzo.

El gobernador Aníbal Acevedo Vilá saluda al público el 24 de octubre de 2008 durante la inauguración del puente atirantado en Naranjito.
Archivo El Nuevo Día / Dennis M. Rivera PIchardo
El gobernador Aníbal Acevedo Vilá saluda al público el 24 de octubre de 2008 durante la inauguración del puente atirantado en Naranjito. Archivo El Nuevo Día / Dennis M. Rivera PIchardo (Dennis M. Rivera Pichardo)

Lo que corresponde ahora es fijar responsabilidades, pero desde ya se sabe que hay posibles delitos que prescribieron a lo largo de los casi 15 años transcurridos desde entonces.

La administración de gobierno en 2008 estaba en manos del Partido Popular Democrático y el gobernador era Aníbal Acevedo Vilá, a la sazón asediado por una investigación federal de corrupción que terminó en un juicio muy mediático en 2009 del que el político salió absuelto.

Pero, en 2008 y a pesar de la pesquisa federal, Acevedo Vilá se postuló a la reelección y protagonizó junto a su rival principal, el penepé Luis Fortuño, una dura campaña que al final perdió. Días antes de las elecciones, el entonces gobernador inauguró el puente.

Ahora sabemos que los constructores tuvieron que terminar y entregar el puente a toda prisa, aún a costa de la seguridad de la estructura. Al gobierno actual, del Partido Nuevo Progresista, le entusiasma poner el ojo en este aspecto porque coloca el foco sobre Acevedo Vilá y la dirección de entonces en la Autoridad de Carreteras.

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Sin embargo, la responsabilidad completa no puede residir ahí. A la administración de Fortuño, que entró en enero de 2009, tocaba hacer que se revisaran las fallas provocadas por la prisa en inaugurar. ¿Por qué no se hizo?

Los constructores no desaparecieron con la administración popular de Acevedo Vilá. Siguieron haciendo proyectos para el gobierno. De hecho, para el de Fortuño y los que siguieron. ¿Qué pasó? ¿No dijeron nada de lo que había ocurrido? Y, además, ¿la nueva dirección de Carreteras no les preguntó?

Todo indica que hubo una responsabilidad compartida en este asunto. Lo más grave es que el tiempo transcurrido podría dar al traste con una gran parte, o tal vez la totalidad, de posibles acusaciones criminales y/o administrativas, incluso también civiles.

Las investigaciones de Justicia y de la Contraloría ya nos dirán lo que se puede esperar. De lo que podemos estar seguros es de que el proceso investigativo tomará meses, quizás llevándolo hasta el año electoral.

Acabamos de entrar en el año previo al de los comicios de 2024 y el puente, sin duda, estará en la agenda de la campaña. Habrá acusaciones y contraacusaciones políticas a tutiplén; culpables de lado y lado en la calle.

Al final, desgraciadamente, la justicia no le cobrará a ninguno de los responsables del escándalo por sus acciones u omisiones. El puente quedará como otro monumento a la politiquería.

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