Esta semana se cumplen 10 años desde que el presidente Barack Obama firmó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como Promesa. Imposible olvidar el origen ruinoso que gatilló su puesta en vigencia. Amparado en una ley especial de quiebra para los territorios, aquel endoso, el 30 de junio de 2016, puso de manifiesto un cuadro urgente y dramático: la isla había acumulado una deuda en el orden de los $74,000 millones —el mayor caso de quiebra en la historia del mercado municipal de bonos de Estados Unidos— tras 16 años consecutivos de presupuestos engañosamente “balanceados”.
Para ordenar ese desastre, al que se sumaba una deuda actuarial de $55,000 millones vinculado a las pensiones de empleados públicos, el Congreso federal creó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Desde entonces, cinco gobernadores han ejercido el poder bajo esa tutela. Sin embargo, desde mediados de la década de los setenta el desapego por una estricta disciplina fiscal incrementó una pesada deuda extraconstitucional que suele no mencionarse al resumir el cuadro aciago del país. En 10 largos años de operaciones de la JSF, la pregunta esencial sigue en pie: ¿Hemos aprendido la lección?
La respuesta depende del criterio que se utilice. Si esta se evalúa por la tarea que le asignó el Congreso —restablecer la disciplina fiscal y reestructurar una deuda insostenible— el balance parece mayormente positivo, comenzando por la paralización de los cobros de los acreedores y la reestructuración de la deuda del gobierno central. Si se evalúa por su impacto en el crecimiento económico y la calidad de vida, los resultados son significativamente más ambiguos, según economistas prominentes consultados por El Nuevo Día.
Sin duda, existen avances. Puerto Rico redujo de forma significativa sus obligaciones financieras, se salvaron los sistemas de pensiones que estaban insolventes y el gobierno sigue emplazado a preparar presupuestos balanceados, según la norma predominante en Estados Unidos. Ese objetivo queda en entredicho porque el último estado auditado presupuestario corresponde a 2022. No es meramente promulgar que las asignaciones a las agencias permiten un cómputo ajustado que implica un presupuesto balanceado. La gestión supone validación debidamente auditada. La Ley Promesa estipula ese ejercicio reiterado como condición para que el gobierno pueda retomar el manejo pleno de sus finanzas.
Ese objetivo, además, debe propiciar que Puerto Rico pueda regresar a los mercados de inversión de forma robusta, con calificaciones aceptables de bonos, que faciliten atraer la inversión y así afianzar nuevamente pilares de desarrollo sostenible y recuperación plena.
Los retos son enormes porque el país sigue enfrentando disminución poblacional, baja participación laboral, pobreza persistente e infraestructura frágil. Los agravantes recientes son dramáticos. El área metropolitana vive estos días un agobiante corte del suministro de agua potable por averías en el Superacueducto. Mientras, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ha experimentado semanas de acefalía institucional. Como hemos reseñado en estas páginas, todo se vincula al pésimo resultado de décadas de dejadez, burocracia y desprecio por el bien común de los puertorriqueños. Y, además, la inexcusable normalización de un devenir ominoso: fondos públicos dilapidados.
Mientras la JSF aboga de forma reiterada por disciplina fiscal, se aprecia poca voluntad política para giros que permitan encaminar, por ejemplo, una reforma contributiva responsable y viable para el país, así como iniciativas que permitan despojarnos de la marcada dependencia de fondos federales, que han representado un salvavidas tras los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia del COVID-19. Se trata de asignaciones no recurrentes que, tristemente, no se han utilizado de forma diligente para adelantar la renovación de infraestructura crítica.
El director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, recién ha señalado los inaceptables “trucos contables” ejecutados por los gobiernos que nos llevaron a la quiebra. Esas dinámicas incluyeron por años dejar facturas sin pagar para aparentar liquidez y trasladar compromisos hacia años futuros. La Junta pulsea a favor de disciplina fiscal, pero la corrupción gubernamental, abonada por inversionismo político desenfrenado y otras prácticas de desapego a fundamentos de la sana administración pública frenan ese objetivo medular para Puerto Rico.
Como condición para cesar las operaciones de la Junta, la Ley Promesa estipula presupuestos balanceados consecutivos confeccionados bajo el estándar de contabilidad de acumulación modificada —el modified accrual— que obliga al gobierno a reconocer sus deudas cuando vencen y no cuando decide pagarlas. La adopción de ese modelo, que comenzaría a aplicarse al presupuesto del año fiscal 2027, será un avance real. Mientras, queda pendiente la reestructuración de la deuda de la AEE, que implica intensas deliberaciones judiciales en un laberinto de contradicciones estructurales, mientras un sector de los bonistas reclama el pago de $8,500 millones. De un acuerdo en este pleito depende en parte la vital reconstrucción y modernización del sistema eléctrico del país.
A corto plazo, al cumplirse esta retadora década, el nuevo presupuesto en discusión debe ser la demostración de que Puerto Rico comienza a internalizar las lecciones de planificación financiera responsable, transparencia en el manejo de los fondos públicos y compromiso de un liderato político que entienda que gobernar con rigor no es una opción: es la única forma de no repetir los errores que nos dejaron en un estado calamitoso y trajeron al país hasta este capítulo abierto y económicamente inconcluso. La supervisión federal ha sido necesaria. Ojalá que no sea para siempre.
