Puerto Rico no tiene tiempo ni espacio para tolerar una pésima situación política, económica y social que claramente puede ser resuelta con prontitud por una sola persona: la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón. No se trata de una crisis, sino de dos que se alimentan mutuamente y que comparten un denominador común: múltiples señales de alarma que todos oyen, pero que, hasta el momento, rebotan en los muros de La Fortaleza.

Por un lado, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) volvió a fallar. La planta de filtración Sergio Cuevas, principal fuente de abastecimiento de San Juan, Guaynabo y pueblos cercanos, produce hoy 30 millones de galones diarios menos que antes de 2021. La situación es producto de rezago en mantenimiento e inversiones en mejoras que ninguna administración quiso enfrentar. El Superacueducto registró tres roturas sucesivas en cuestión de días, dejando sin agua a más de 100,000 familias y sin respuestas claras a un país que las exige. Hoteles, restaurantes y negocios que sostienen la economía del turismo han operado en condiciones de emergencia. Los más vulnerables —niños, ancianos, pacientes— pagan el precio más alto. Tras comparecer ante el Senado, el presidente de la AAA no pudo ofrecer una fecha concreta para resolver la precaria situación.

La mediocridad hoy prevalece en la administración de las principales fuentes energéticas del país: agua y luz. Se asignaron $14,000 millones para el mejoramiento de la red eléctrica y $7,000 millones para la revitalización del sistema de agua potable, pero solo una pequeña fracción de esos fondos han sido usados. Mientras, genera inquietud y abona a la desconfianza denuncias en medio de procesos importantes para mayor generación, como la impugnación presentada por Javelin Global Commodities en su alegato de incumplimiento de parámetros estipulados por el Negociado de Energía al pactar con Power Expectations.

El otro foco de este delicado momento es la agotadora crisis en el liderato del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), institución llamada a ser el motor de la recuperación económica del país. Allí se ventilan acusaciones de que sus procesos de incentivos contributivos, más de $74 millones en contratos, beneficiaron a intereses privados. El escándalo político que rodea al secretario de la gobernación, Francisco Domenech, ha escalado hasta un punto que ya no admite dilación en resolverlo. Las denuncias del exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, merecen una investigación rigurosa e independiente. Que el propio Domenech haya respondido con querellas contra su acusador no despeja las dudas; las profundiza. La contraofensiva legal puede ser legítima, pero no sustituye la transparencia que el pueblo exige y que el cargo demanda.

La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales, Karen Mojica, lo expresó con asertividad: Puerto Rico tiene un reto muy grande al momento de presentarse ante el mundo, porque los inversionistas ya no saben dónde estamos. Sin agua confiable. Sin luz estable. Con polémicas que cuestionan la legalidad de actuaciones gubernamentales. Ese es el mensaje que se proyecta hacia afuera.

La propuesta investigación senatorial, mientras, debería servir para detectar cualquier dinámica de inversionismo político que pueda implicar el uso de fondos públicos federales y locales para premiar a entidades vinculadas a Politank o a colaboradores incondicionales, así como castigar a empresas no identificadas como colaboradoras o leales a la administración de turno. La iniciativa debería traducirse en frenar dinámicas intolerables y contraproducentes para el país, como paso firme para abonar a la transparencia y a promover las mejores prácticas de eficiencia y buena gobernanza.

El llamado de atención de los industriales resulta certero. Ya estamos en la mira de Washington. La comparecencia de la gobernadora ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, el pasado miércoles, donde el republicano Mike Lee la interrogó sobre el escándalo del DDEC y el uso de fondos federales es un llamado de atención fuerte. Es una señal de que la preocupación por la dirección de este gobierno ha traspasado las fronteras de la isla.

La gobernadora tiene herramientas a su alcance. Tiene la autoridad para actuar. Puede exigir rendición de cuentas en la AAA y en cada agencia que ha fallado. Puede sustituir y reemplazar a los funcionarios en falta con sospecha de ilegalidades, mientras se pruebe lo contrario. Esa es la forma de restablecer la confianza en su administración. Puede liderar con transparencia y mano firme para girar el timón de un país con rumbo incierto.

Hacemos un llamado a gobernar con prudencia extrema por el bienestar del pueblo. Puerto Rico no puede darse el lujo de respuestas tardías, que protegen lo que debería cuestionarse y que deja a la gente sin agua, desamparadas, mientras se dilapida la energía en cismas políticos, en lugar de procurar soluciones para resolver las deficiencias de servicios esenciales y reencender el motor de iniciativas clave para la recuperación del país. La Fortaleza debe abrir sus puertas para escuchar el clamor de la gente. La gobernadora tiene la facultad para corregir el rumbo y alejarse de la ruta del abismo.