Al iniciar esta semana la cuarta sesión legislativa del cuatrienio, los senadores y representantes tienen una nueva oportunidad de demostrarle al país que atenderán con prioridad asuntos medulares para el bienestar de Puerto Rico.
Los graves problemas que agobian a nuestra gente no pueden relegarse más. Sin embargo, la sesión que recién comienza puede ser determinante para propiciar cambios que contribuyan a revertir condiciones insostenibles en las operaciones de los servicios de agua potable y de energía eléctrica, así como para impulsar de manera definitiva las reformas que faciliten la recuperación económica y social de Puerto Rico.
Nuestra población está sufriendo de forma creciente. Julio fue el mes más seco en San Juan en más de 120 años, y el embalse Carraízo cayó a un nivel crítico que obligó poner en vigor, desde el pasado 7 de agosto, un plan de interrupciones programadas de 48 horas para siete municipios, lo que afecta al menos a 180,000 abonados. Esta crisis no pudo haber ocurrido en un peor momento. Al inicio del año escolar, se descubre con retraso que más de la mitad de las escuelas públicas en las zonas de racionamiento carecen de cisternas, y el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico tuvo que declarar un estado de emergencia, aplazar el inicio de clases presenciales y crear turnos alternos en modalidad virtual.
Esperamos que la Cámara de Representantes cumpla su compromiso de considerar y aprobar la legislación sobre el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, que ha quedado pospuesto durante demasiado tiempo, pese a su importancia. El plan, con 155 cursos de acción y 796 estrategias desarrolladas por el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), es un documento bien estructurado que identifica con precisión los embalses que requieren atención prioritaria y recomienda una meta sensata: reducir la pérdida de agua en el sistema de distribución del 60% actual al 17%. Vale la pena puntualizar sobre la relevancia de este plan más allá del agua: también atiende el manejo adecuado de la erosión costera, el reciclaje y una mejor gestión de los desperdicios sólidos, y la protección de la zona del karso, estrechamente ligada al cuidado de las escasas fuentes de agua.
La reforma contributiva y la reforma de permisos son otros dos ejemplos de la necesidad de ponderar las recomendaciones de todos los sectores antes de legislar. La refriega política causa tanto daño como esa agua que se escurre de las tuberías y, en vez de llegar a los hogares, termina en cualquier parte. El país no necesita más medidas nacidas de la premura, sino una legislación de consenso, producto de un trámite legislativo que permita recuperar la confianza ciudadana, minada por dinámicas nefastas y politiqueras. Esa premura, sin los ciclos adecuados de vistas públicas, ha provocado en el pasado medidas defectuosas, con efectos adversos en diversos sectores productivos de la población. Legislar bien no es legislar rápido; es legislar con el rigor que cada medida amerita.
¿Habrá más argumentos que las urgencias de la hora presente para que nuestra clase política reciba un golpe de realidad? Esta apertura pondrá a prueba la capacidad de la Asamblea Legislativa para mantener una dinámica saludable con la Rama Ejecutiva, de modo que los proyectos que el país necesita puedan convertirse en ley. Resulta perentorio poner fin a las pugnas internas contraproducentes, en medio de circunstancias que exigen exactamente lo contrario: desprendimiento y máxima responsabilidad en el desempeño de los cargos que el pueblo les encomendó con su voto.
Puerto Rico no puede permitirse otro año de estancamiento legislativo. La sesión que comienza es la oportunidad de demostrar que se ha entendido la magnitud de las carencias de la población y las repercusiones del freno nocivo en actividades económicas comerciales e industriales cruciales. Es momento de demostrar el compromiso y la voluntad de encaminar definitivamente transformaciones positivas que el país clama y merece.
