Difícilmente puede señalarse una tarea más urgente para un gobierno que la educación de las futuras generaciones de la sociedad a la que sirve. Junto a la salud y la seguridad pública, más una economía que brinde las mayores oportunidades a la mayor cantidad de personas, la educación pública, es, o debería ser, la prioridad suprema de cualquier gobierno.

En Puerto Rico, lamentablemente, no ha sido así por generaciones. A las prácticas corruptas y de extrema politización que han aquejado por demasiado tiempo al Departamento de Educación, se suman también graves deficiencias administrativas que, recordemos, le tienen bajo sindicatura federal desde hace ya más de un lustro.

Hace unos días, estos problemas tuvieron consecuencias bastante drásticas: niños y niñas no pudieron llegar a sus escuelas a educarse, como lo merece cada criatura. Una deuda millonaria con los transportistas escolares, de la que el gremio que los agrupa viene advirtiendo hace tiempo, impidió continuar laborando a una de las principales empresas, dejando a cientos de niños sin posibilidades de traslado a sus respectivas escuelas.

Esto no es aceptable bajo ninguna circunstancia. El Departamento de Educación tiene el deber ineludible e impostergable de identificar cualquier problema que le esté impidiendo cumplir con estos contratistas y evitar que más alumnos se queden sin recibir su educación simplemente por no poder llegar a sus planteles.

El Departamento de Educación, que es la agencia más grande, y con más fondos, del gobierno de Puerto Rico, debería tener recursos de sobra para encontrar la raíz de este problema y resolverlo sin más contratiempos.

Lamentablemente, ese no ha sido el caso, ni ahora, ni por mucho tiempo.

En esta ocasión, detuvo sus operaciones la empresa Tatito’s Transport Services, que brinda servicios a escuelas en sectores de Carolina, Trujillo Alto y San Juan. Su dueño, Reynaldo Molina, dijo a este medio que el Departamento de Educación le debe $700,000, sin lo cual se quedó sin fondos para el combustible de sus vehículos. Molina y otros representantes de transportistas advirtieron que, de continuar los problemas con los pagos, más compañías se verán impedidas de continuar ofreciendo servicios en los próximos días.

Algunos informes apuntan como responsable de estos problemas al sistema “Enterprise Resource Planning”, conocido como ERP, que el gobierno, en medio de enormes dificultades, ha implantado para manejar pagos a suplidores. El Departamento de Educación no es la única agencia atravesando estos problemas, pero sí una en la que estos problemas tienen impactos más directos e inmediatos en poblaciones necesitadas.

Este medio ha reportado, por ejemplo, los problemas que han enfrentado con la plataforma ERP los contratistas que dan servicios a los estudiantes de educación especial, algunos de los cuales, igual que los transportistas, no han podido seguir atendiendo a niños para quienes cualquier interrupción en sus procesos educativos puede tener efectos sumamente adversos.

No creemos que sea necesarios recordarles a los funcionarios a cargo de esto que en Puerto Rico la educación pública gratuita y no sectaria es un derecho constitucional, pero lo haremos: cada vez que un niño, por la incompetencia o la dejadez de un funcionario, pierde clases, se le está afectando un derecho constitucional.

Sin más excusas, ni demoras, entonces, pongan el esfuerzo que sea necesario para que nunca más un alumno del sistema público de enseñanza sufra la interrupción de sus estudios porque no se le pagó a tiempo al que, por determinación del gobierno, tiene la encomienda de recogerlo en su vecindad y trasladarlo a tiempo a su escuela.