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Cita crucial en las urnas para limpiar la legislatura

La necesidad de distribuir adecuadamente los recursos públicos, sobre todo en la presente precariedad fiscal, obliga a una urgente reforma administrativa en la Asamblea Legislativa que contenga un plan de compensación y retribución cónsono con los méritos del personal empleado o contratado, y las tareas asignadas.

Sumar prudencia al manejo presupuestario evitará derroches como el gasto de más de $1.1 millones anuales en salarios de apenas 10 empleados del Senado, la mayoría allegados del presidente Thomas Rivera Schatz u otros políticos. Con esa suma que privilegia a unos pocos, se podría sufragar, por ejemplo, el salario básico de 40 policías, cuya labor es pertinente para la paz social.

Establecer escalas de honorarios legislativos uniformes, como las existentes en otras ramas, evitaría el derroche en compensaciones que son fruto del favoritismo. Abriría la puerta a la justicia salarial en la gestión legislativa.

La transparencia en la distribución presupuestaria legislativa es un imperativo. Hacer públicas las finanzas de la Asamblea Legislativa evitaría onerosos litigios en los tribunales que el pueblo termina pagando.

Indigna la renuencia a divulgar, por ejemplo, la nómina de la Superintendencia del Capitolio, la cual incluye a la esposa del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez. Esa actitud desdeñosa golpea el corazón de miles de trabajadores del sector privado que perdieron el empleo por los efectos del COVID-19 en la economía, mientras los empleados legislativos recibían durante meses sus salarios sin necesariamente laborar.

La rendición de cuentas es custodio de la sana administración pública y repele las fincas personales financiadas con haberes del pueblo. Las cuentas claras aportarían a la recuperación del respeto a la institución legislativa. La reforma legislativa requiere normas precisas sobre el principio del mérito para evitar el empleo o la contratación a base de amiguismos, vínculos familiares o inversionismo político. La Casa de las leyes tiene que dejar de ser refugio monetario de políticos derrotados, criadero de empleados fantasmas y fuente de ingresos de lujo para un puñado de allegados.

Provoca alerta que haya empleados legislativos con sueldos más altos que el de legisladores, secretarios de gabinete, el presidente del Tribunal Supremo y hasta el gobernador. Carmen Feliciano Marquez, directora ejecutiva de la oficina del Senado en Washington, devenga $13,730 mensuales. En cambio, por ley, la mayoría de los secretarios de gabinete tiene un sueldo de $5,416 mensuales, la gobernadora de $5,833 y la presidenta del Supremo de $10,416. La última revisión de las escalas salariales judiciales se hizo hace 17 años.

Que las tareas de los empleados legislativos sobre remunerados no requieran conocimientos especiales desmoraliza. Que hasta legisladores desconozcan las funciones de oficinas legislativas es peligrosamente desconcertante. Que repartan a borbotones el presupuesto, ignorando las penurias de tantos puertorriqueños sin recursos, ultraja la dignidad del pueblo.

Estos hechos insólitos desenmascaran el verdadero rostro de este liderato legislativo que no ha correspondido la confianza de los electores con prudencia y modelaje en el manejo de las finanzas de un país cuya deuda tiene en jaque hasta el futuro de los jubilados del sistema público.

El liderato de la Cámara y del Senado carece de sabiduría gerencial. Es preciso que ambas cámaras corrijan, enmendando sus reglamentos, las remuneraciones excesivas. Les corresponde aplicar el lente de objetividad, libre de intereses partidistas o personales, a la distribución del presupuesto. Su deber es administrar a tono con la realidad fiscal, el principio del mérito y el respeto de todos los trabajadores. Mientras, es tarea de las entidades fiscalizadoras investigar el uso del caudal legislativo y asegurar que cualquier desviación reciba el mayor rigor.

La solución para este manejo abusivo de fondos públicos está en la responsabilidad ciudadana. Mañana los electores podrán limpiar la Casa de las Leyes de los legisladores desfachatados que quiebran la esperanza puertorriqueña. El voto ha de servir esta vez como un filtro eficaz para escoger a quienes suman sangre nueva para renovar la legislatura e impedir que pasen por el cedazo los malos elementos que insultan la confianza depositada por el pueblo.

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