Las irregularidades detectadas mediante un análisis realizado por la Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día, en torno a asignaciones legislativas de fondos millonarios a entidades privadas, son tan escandalosas y ofensivas que requieren la adjudicación de responsabilidades sobre los procederes cuestionables. Asimismo, debe derogarse una ley firmada a última hora en el cuatrienio pasado que viabiliza ese tipo de transacciones.