Una década después de nuestra quiebra gubernamental, a raíz de la engorrosa acumulación de una deuda en el orden de los $74,000 millones, persiste una brecha importante entre la proyección de un Puerto Rico abierto para hacer negocios y la realidad de operar empresas en la isla.

Al margen de trámites judiciales dirigidos a una reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), achicar esa brecha implica, entre otros giros, lograr una reforma contributiva cabal y cambios en el sistema de permisos del gobierno, señalados como escollos relevantes que frenan la recuperación económica del país.

Si bien Puerto Rico goza de la mayor tasa de empleo de la que se tenga memoria, de niveles de emprendimiento no vistos y una infraestructura de primer orden en telecomunicaciones, los ciudadanos, y sobre todo el empresariado local, existen otros serios desafíos que urge atender y son parte de noticias con proyección mundial constante.

Al respecto, la pobre gestión del servicio de agua potable, que se agudiza con la grave sequía que afecta al país, y la incapacidad de haber concedido un contrato de generación de energía temporal siguiendo un proceso de licitación certero, suenan hoy con fuerza en medios internacionales.

Por ello, es preciso encaminar gestiones concretas para impulsar los cambios institucionales que, verdaderamente, conviertan la isla un lugar afable a la inversión y a la innovación. Adelantar ese objetivo crucial tiene que estar enmarcado en el marco regulatorio de la política de desarrollo económico que el ordenamiento legal impone, un aspecto en entredicho con los cuestionables trámites de contrataciones recientes vinculadas a la necesidad de mejoramiento de la red energética.

Sobre la reforma contributiva, economistas, así como grupos comerciales e industriales señalan su necesidad imperiosa como parte de transformaciones que están bajo el pleno dominio del liderato local. Se trata de asuntos donde la cuestión del estatus político u otros factores no están al centro de la toma de decisiones. Lo mismo aplica para la configuración de un nuevo ordenamiento en materia de permisos y uso de suelos.

No puede hablarse de un Puerto Rico disponible para hacer negocios cuando su su gente y su clase empresarial ha hecho de la crisis su modo de vida u operación constante, donde la población debe procurarse servicios alternos de electricidad y agua.

El país ha perdido tiempo valioso como resultado de dinámicas empañadas por el inversionismo político y acuerdos desatinados que laceran la imagen del país. Es urgente un giro radical. Es necesario sostener una estrategia permanente de crecimiento y desarrollo económico amparada en la transparencia y la rendición de cuentas.

En medio de los desaires y de la falta de ejecución, importantes grupos del sector privado local, así como prestigiosos académicos, líderes del tercer sector y otros componentes de nuestra sociedad están ávidos de aportar al bienestar colectivo. Pero, es preciso un compromiso gubernamental genuino para implementar cursos de acción producto del consenso y fortalecer el liderazgo de entidades que hoy son ineficientes.

Cuando se analiza el desempeño y proyección de otras economías de la región, la isla se queda sin tiempo para consolidar la recuperación y estabilidad de sus sistemas energético y de agua potable. Esa es la primera señal de confianza que se necesita para nuevos inversionistas y para quienes han invertido aquí por décadas, para el capital local que pudo destinar sus recursos a otros mercados o economías con menos escollos que los vividos en la isla.

Sin dilación, la legislatura y el ejecutivo deben retomar las reformas propuestas a comienzos del cuatrienio. No obstante, será crucial garantizar legislaciones bien ponderadas, sin excluir recomendaciones expertas de sectores que aspiran a giros positivos, como resultado de nuevos ordenamientos.

La reciente presencia de la gobernadora y parte de su equipo en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde la mandataria tuvo la oportunidad de dar el campanazo que marca el inicio de una nueva jornada bursátil, representó un suceso singular. Pero un campanazo de optimismo fuerte debe resonar en forma de un liderazgo ágil, ávido de impulsar estrategias para que Puerto Rico regrese de forma robusta a los mercados de capital y se agilice la recuperación económica y social que el país necesita.