En un reportaje publicado el pasado 9 de noviembre, presentamos una perturbadora revelación que debe convocar a toda nuestra sociedad a encaminar, con la urgencia que la situación merece, una solución: no hay en nuestro país el tipo de tratamiento intensivo, multidisciplinario y a largo plazo que necesitan los pacientes de las condiciones mentales más severas.

Esta carencia a la que condenamos a uno de los sectores más vulnerables de cualquier sociedad, por supuesto que es inaceptable. Se trata, a fin de cuentas, de personas que, por causa de enfermedades mentales que no pidieron, pueden llegar a perder el dominio hasta de sus propios pensamientos y acciones y convertirse en un riesgo para ellos mismos, para sus familias o incluso para sus comunidades. Son personas que, a menudo, ni siquiera pueden reconocer que tienen una enfermedad y que necesitan ayuda.

La doctora Karen Martínez, directora del Departamento de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, dijo a El Nuevo Día que los de las condiciones psicóticas severas —como la esquizofrenia— necesitan un tratamiento multidisciplinario con componentes psiquiátricos, psicológicos, sociales y de rehabilitación, de larga duración. Los tratamientos disponibles en Puerto Rico, en cambio, son básicamente del tipo ambulatorio, a base sobre todo de medicamentos y hospitalizaciones breves —a menudo involuntarias— cuando el paciente entra en crisis.

No proveerles el tratamiento les agrava condiciones que ya de por sí pueden ser harto peligrosas.

La ausencia de tratamiento condena a los pacientes, y a sus familias, a auténticos infiernos. Los obliga a vivir de corte en corte procurando ingresos involuntarios a corto plazo; no pocos terminan presos por actos cometidos a consecuencia de sus condiciones, y no es infrecuente que se agredan a sí mismos o a sus familiares. En el panorama, trágicamente, está el peor de los desenlaces posibles: el año pasado, este diario documentó más de diez casos de pacientes mentales sin el tratamiento adecuado que asesinaron a familiares durante la última década.

El doctor Alberto Varela, un veterano psiquiatra, describió la situación de estos pacientes en una frase muy dura, pero dolorosamente verdadera: los tratan, dijo, “como si fuesen basura humana”.

Puede verse, entonces, que no estamos ante un problema menor que el país pueda confiar en que se irá solo, ni que alguien más podrá resolver por nosotros. Más de 50,000 solicitudes de ingresos involuntarios en las cortes desde el 2019 hasta el año pasado —de las cuales el 95% fueron concedidas— dan una idea bastante clara de la gravedad de esta situación.

Reconocemos que este es un problema de múltiples dimensiones con el que a ningún país se le hace fácil lidiar. En Puerto Rico, de partida, tenemos dos problemas que, mirados superficialmente, pueden parecer barreras muy difíciles de superar para enfrentar un desafío de esta magnitud: primero, está el reto presupuestario y, segundo, la escasez de médicos con la que llevamos ya años batallando.

No obstante, las dificultades no han sido nunca razón para dejar de hacer lo que es justo, lo que se tiene que hacer, lo que es impostergable. Invitamos al gobierno a convocar a todos los sectores médicos, económicos, académicos, del seguro, todo, en fin, el que pueda aportar, a encontrarle una solución a esta carencia tan fundamental, que habla mal de nosotros como país.