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Esterilización y adopción para proteger a los animales

El problema rampante de abandono de animales en Puerto Rico es reflejo de una insensibilidad social que también maltrata a niños y a adultos mayores. Igualmente retrata el fracaso del gobierno de empeñarse en legislar sin aplicar la misma diligencia en hacer cumplir las leyes.

Estimados conservadores basados en un censo realizado en Humacao en 2019 apuntan a que en la isla había entonces por lo menos 25,000 perros y gatos en las calles, sin contar otras especies como caballos y gallinas. Entidades que se ocupan de rescatar y proveer bienestar a los animales han observado que estas poblaciones abandonadas a su suerte se han duplicado en los pasados meses.

Las leyes y reglamentaciones establecen las responsabilidades de los ciudadanos y de los gobiernos -central y municipales- para resolver el problema sin sacrificar a los animales. La política pública vigente reconoce la responsabilidad de proteger a los animales como seres vivientes, y encomienda medidas para salvaguardar su integridad emocional y sicológica.

La Ley de la Oficina Estatal de Control Animal Adscrita al Departamento de Salud (Ley 36 de 1984) ordenó crear entidades de refugios regionales que operen también como centros de adopción y clínicas de esterilización para controlar la proliferación de la población animal. El estatuto se ha convertido en letra muerta. Urge revivir su intención con cambios a la política pública que la hagan ejecutable y propicien soluciones efectivas.

Una orden ejecutiva del año pasado (OE 2021-033) creó el Grupo Asesor para la Protección y Seguridad de los Animales con tres objetivos principales: establecer un registro, ampliar los esfuerzos de esterilización y promover públicamente la salud y la protección de los animales por medio de una campaña educativa. Aún se desconocen los frutos del trabajo del grupo asesor.

Se sabe al menos que hay planes de lanzar una campaña informativa este mes. Además, la legislatura tiene ante su consideración el proyecto del Senado 661 para apoyar los esfuerzos de concienciación sobre las responsabilidades que conlleva tener una mascota, promover las iniciativas de esterilización, hacer compulsorio vacunar a los animales contra la rabia y crear un registro de mascotas a base de microchips. Los municipios podrían hacer mucho más, pero este asunto crucial para el bienestar animal ha quedado en el limbo de las insuficiencias fiscales.

Ciertamente, las iniciativas de protección animal también requieren la participación ciudadana, del sector veterinario y de las organizaciones sin fines de lucro que procuran mejores condiciones de vida para miles de perros, gatos y otras especies. Se trata, pues, de una responsabilidad compartida. La persona que abandona a un animal comete un delito grave de cuarto grado que acarrea encarcelamiento de entre seis meses a tres años. Quienes cometen crímenes contra un animal deben enfrentar todo el peso de la ley.

Nos urge, como sociedad, reconocer el valor de la vida de los animales y la responsabilidad que tenemos de alimentarlos, vacunarlos, esterilizarlos y proveerles otros cuidados. Con más voluntarios y esfuerzos de sensibilización desde las edades tempranas, podemos aliviar la sobrecarga de los albergues y santuarios que a diario salvan las vidas de cientos de seres que fueron mascotas de familias antes de sufrir el abandono y los maltratos que este acarrea.

Está en nuestras manos demostrar que somos una sociedad compasiva que rechaza la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Propaguemos el mensaje de que las mascotas no son objetos, una moda o una propiedad que se disfruta para luego ser desechada. Los animales son seres que, como nosotros, sienten, sufren estrés, ansiedad y depresión. Y son también capaces de ayudarnos a sanar esas mismas emociones con su compañía y sus afectos incondicionales.

Hay cientos de animales domésticos en albergues esperando por la oportunidad especial de llevar alegría y bienestar a un hogar por medio de la adopción. Hagámoslo posible.

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