La agresión a una adulta mayor en un hogar de cuidado prolongado que estaba bajo la lupa del Departamento de la Familia en Las Piedras acentúa los descomunales desafíos que tiene la institucionalidad en nuestro país para regular y fiscalizar un sector que atiende al sector poblacional más creciente de nuestra sociedad, que también es de los más vulnerables.
En Puerto Rico operan alrededor de 1,000 centros de cuidado prolongado, los cuales funcionan bajo un reglamento, muy estricto, cuyo cumplimiento se supone supervise el Departamento de la Familia, que, además, tiene bajo su tutela directa alrededor de 5,700 adultos mayores que ubica en estas instituciones.
El Departamento de la Familia -que se concibió a sí mismo principalmente como un proyector de niños, pero tiene hoy a cargo más adultos que menores- lleva tiempo abrumado por este enorme problema, que es consecuencia, además, del acelerado envejecimiento de la población -el promedio de edad aquí subió de 32 a 44 años en dos décadas-, producto de la baja natalidad y la emigración masiva.
Ante un país cada vez más viejo, la fiscalización de los centros de cuido no es un tema marginal ni menor, sino que tiene que estar en el centro de las discusiones y de las prioridades.
Estas instituciones son reguladas por una ley aprobada en 1977. El estatuto faculta al Departamento de la Familia a expedir licencias de operación, inspeccionar y supervisar los centros, exigirles planes correctivos y, en casos de fallas persistentes, multar o incluso ordenar cierres. La ley obliga a la dependencia gubernamental a llevar a cabo mínimo cuatro inspecciones anuales de cada centro. Fuentes cercanas a la operación de estas instituciones dicen que no en todas las regiones se suele cumplir con este importante requisito.
La denuncia de agresión a la mujer en Las Piedras, suceso que trajo este tema al debate público, ocurrió en el hogar Casa Dorada. La víctima se recupera y el presunto victimario, un hombre de 41 años, ya es procesado a nivel penal. El individuo fue acusado en el Centro Judicial de Humacao por tentativa de asesinato y maltrato a personas de edad avanzada.
Quedan, sin embargo, preguntas muy serias sin contestar. El Departamento de la Familia reconoció que tenía a este hogar bajo la mirilla y que incluso retiró de allí a la mayoría de adultos mayores bajo su custodia. Sin embargo, no ordenó el cierre de la institución hasta la agresión a la octogenaria. Tampoco le revocó la licencia y ni siquiera emitió una multa. Lo ocurrido amerita más explicaciones de las que se han ofrecido hasta ahora.
Los centros de cuidado prolongado son nidos de personas vulnerables, con incontables ancianos y ancianas que presentan problemas de movilidad, comunicación y hasta de memoria. Pueden ser, y han sido, presas fáciles de inescrupulosos. ¿Para qué sirve un Estado, si no es para proteger a sus ciudadanos más necesitados?
No son aceptables excusas ante lo ocurrido. El Departamento de la Familia está obligado a cumplir su responsabilidad en esta área y el Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizarle los recursos que necesita para asegurarse de que nuestros adultos mayores están siendo atendidos con dignidad y diligencia.
El pasado año, este diario reportó que adultos mayores bajo la tutela del Departamento de la Familia no eran reclamados al morir en centros de cuido prolongado. La secretaria Suzanne Roig prometió investigar. Si investigó, o si la investigación arrojó algún resultado, todavía no lo ha informado.
Estamos aquí ante otra manifestación de las muchas dificultades como sociedad que iremos enfrentando como consecuencia del envejecimiento de la población. No se ve hasta ahora en la administración indicios de que se haya comprendido la naturaleza más profunda de este problema. Asignar sin demora los recursos necesarios para la fiscalización efectiva del millar de centros de cuido que opera en Puerto Rico sería una buena manera de demostrar que al fin se entendió la magnitud del desafío ante el que estamos.
