La inestabilidad geopolítica en Medio Oriente debe servir para priorizar la transformación energética del país. Mientras el proceso de Título III de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no avanza, crecen aquí dudas en torno al proceder del gobierno en asuntos críticos para la estabilidad del servicio eléctrico.
Es claro que los consumidores recibirán un aumento en la factura de la luz que pudo ser evitado, si se trabajara en equipo y con diligencia.
Entrada la temporada de huracanes, la AEE no ha informado cuándo el país tendrá los generadores de emergencia prometidos para atender la falta de capacidad y producción.El discurso de que el país tiene capacidad de sobra es faltar a la verdad y nos cuestionamos la falta de transparencia, que solo abona a la pérdida de credibilidad. La AEE no tiene asegurado el suministro de combustible tras la expiración del contrato de suplido con New Fortress Energy (NFE). Las expresiones sobre dicho contrato también faltan a la verdad siendo NFE el único operador que sometió una solicitud de propuesta (RFP) para venta de gas, distinto a la explicación pública sobre manos atadas por culpa de pasadas administraciones.
Mientras jugamos con la opinión pública, los operadores del sistema eléctrico, LUMA y Genera PR, esperan por pagos sustanciales para financiar la operación del sistema, según las disposiciones contractuales vigentes.
Aunque la trayectoria de LUMA y Genera PR debe ser fiscalizada, vale cuestionar cómo pueden reclamarse buenos desempeños, si no reciben los recursos monetarios para la administración y mantenimiento de la infraestructura eléctrica pactados contractualmente mediante una Alianza Público Privada (APP). A diferencia de otros contratos, en los que el operador invierte capital para mejoras o administrar el activo, en los pactos negociados con LUMA y Genera PR, el gobierno se comprometió a pagar al operador una compensación por su labor, pero el dinero para gestionar la infraestructura eléctrica -desde poda de árboles hasta compra de combustible- debe ser sufragado mensualmente por la AEE, con recursos que incluyen fondos de FEMA. Hasta abril pasado, adeudaba unos $726 millones a LUMA por deficiencias en cuentas operacionales y al menos otros $337 millones a Genera PR. Este freno de desembolso, además, repercute de forma adversa en cientos de empresas puertorriqueñas que le dan servicio a LUMA y a Genera PR, a las que tampoco se les ha pagado. Es más fácil el discurso de culpar a otros que admitir que el problema empieza en casa. El tiempo dirá si fuimos capaces de hacer lo que corresponde, dejar los egos a un lado y ponernos a trabajar en equipo. A siete años del huracán María seguimos básicamente en las mismas. Esto nos es culpa de nadie más que de nosotros mismos.
Ese rezago requiere de un análisis ponderado. Urge analizar si los eventos actuales comprueban que, desde el principio, como se reseñó en nuestras páginas, los contratos de APP para transformar el sistema eléctrico estuvieron destinados a fracasar o si los escollos actuales responden a que la presente administración no tiene un compromiso genuino con ese modelo de administración.
Ante un escenario tan complejo, es insostenible la paralización de trámites relevantes para avanzar en la transformación energética. Afloran pulseos de poder inconcebibles incluso en la cúpula ejecutiva, donde a estas alturas parecen persistir visiones encontradas sobre las vías necesarias para esta renovación crucial. Los choques se perciben en actitudes y actuaciones de figuras como el zar de Energía, Josué Colón. Este jueves, la gobernadora se expresó categóricamente en contra de la construcción de gasoductos en la isla, una iniciativa que toma años y está sujeta a complejos trámites de permisos ambientales indispensables, entre otros. Las expresiones fueron contrarias a las de Colón días antes. Tal parece que los llamados a ejecutar la política pública del Ejecutivo responden distinto al compromiso pactado en la plataforma del actual gobierno, en el que se destacó el respaldo a las APP para atender el reto energético. El discurso reciente de ciertos funcionarios sugiere como si se pretendiera volver al pasado para que la AEE controle la generación y distribución, a pesar de esa corporación indujo a la quiebra que exacerba precariedades. No debe olvidarse que partidas millonarias de fondos federales están condicionadas a que un ente privado produzca y distribuya la energía.
Mientras, la premura de transformar las unidades existentes parece relegada y el Negociado de Energía, por ejemplo, no ha aprobado los trámites para gasificar las unidades. Además de es ser parte de la política del Departamento de Energía federal, ahorraría cientos de millones de dólares al pueblo de Puerto Rico.
Urge dilucidar visiones sobre gastos esenciales y demostrar sobre la marcha la disposición de una ejecución transparente con clara rendición de cuentas. Es preciso superar escollos relacionados con el pareo de fondos y un manejo riguroso de cuentas que permita cumplir con los pagos a Genera PR y Luma. Vinculado a este asunto, es necesario afinar la eficiencia de COR3, cuyo desempeño fue criticado en la campaña primarista por la gobernadora, pero al presente no se perciben cambios significativos, particularmente en gestiones para contribuir a agilizar desembolsos a contratistas claves.
Es momento de un consenso vital centrado en los compromisos honestos con el modelo de alianzas público privada y con cambios impostergables reconocidos de forma categórica desde cuatrienios pasados, tras el colapso de la AEE.
Los funcionarios a cargo de que los fondos disponibles sean desembolsados y que las APP operen exitosamente, deben demostrar un verdadero compromiso de transformar el sistema energético de Puerto Rico. Lo triste es que estamos donde estamos, no por falta de dinero. Los recursos existen, solo espera para ser utilizado. No hay excusa alguna. En la isla no puede persistir la paralización. Es hora de voluntad y acción férrea. Es imperioso trabajar en equipo para dejar en el pasado los modelos que nos llevaron a la quiebra para propiciar estabilidad en los hogares, en el sector público y privado, así como el regreso a los mercados de inversión que implica retomar con fuerza el progreso y el desarrollo sostenible del país.
